Derechos del titular frente a las compañías energéticas

Derechos del titular frente a las compañías energéticas

Derechos del titular frente a las compañías energéticas

Cuando firmamos un contrato de servicios con las compañías energéticas, de manera automática asumimos una serie de responsabilidades frente a estas empresas, siendo la más evidente el pago en correspondencia por el consumo energético realizado. No obstante, además de las responsabilidades que nos obligan con respecto a las compañías de electricidad, también adquirimos una serie de derechos que vale la pena recordar.

Estos derechos, los cuales tienen que estar registrados de manera obligatoria en los contratos físicos, nos aparan ante todas las compañías del mercado: desde Holaluz hasta Endesa, incluyendo clausulas específicas que nos dan una serie de prerrogativas al momento de bajar la potencia contratada con Iberdrola o cualquier otra empresa del mercado.
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Derechos que tenemos cuando gestionamos los contratos a través de la atención al cliente

Los derechos del titular del contrato energético son inalienables e intransferibles. Por tanto, es indiferente si el contrato se ha ratificado de forma presencial o a través de los servicios de atención al cliente de Holaluz.

En cualquiera de los casos, el titular tiene derecho a escoger libremente la tarifa que desea contratar, sin más restricción que su propia voluntad, el presupuesto disponible y la capacidad operativa de su vivienda para soportar la potencia eléctrica que se desee adquirir.

 

Derechos que amparan a los propietarios al escoger la potencia contratada

Siempre y cuando la vivienda cuente con las instalaciones eléctricas necesarias para soportar la cantidad de potencia que el usuario desea contratar, el mismo tendrá toda libertad para escoger la cantidad de potencia en el suministro que desea para su hogar.

En todo caso, la única restricción que tendrá el titular del contrato será la imposibilidad de escoger la empresa distribuidora que dará de alta el servicio, puesto que las empresas distribuidoras son asignadas territorialmente por el Estado español.

En su defensa, sabrá que tendrá garantías para que el precio del servicio no pueda ser modificado, puesto que se trata de un servicio regulado.
Puedes conocer más sobre los derechos de los consumidores a través de este enlace.

 

Otros derechos que amparan al titular del contrato energético

La lista de derechos que amparan a los titulares de los contratos energéticos frente a las empresas energéticas es amplia. Sin embargo, en la siguiente lista hemos resumido las principales prerrogativas que tienen los titulares frente a las compañías de electricidad. Veamos:

  1. Todos los usuarios tienen el derecho de exigir la rectificación en la factura energética en caso de que el coste final no se corresponda con lo arrojado por el medidor de consumo de la casa. Si el error es persistente, los usuarios pueden exigir una indemnización a las compañías de electricidad.
  2. La ley estable claramente un período de tiempo específico para realizar cada operación. Por tanto, si la empresa de energía tarda más tiempo del debido en dar de alta la luz o en cambiar al titular del contrato, el usuario afectado puede exigir una indemnización a la compañía energética.
  3. En caso de que el contrato no tenga ninguna cláusula de permanencia, el usuario puede cambiar libremente la tarifa contratada cuantas veces crea necesario sin mayor impedimento que su propia voluntad.

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Gestión de contratos energéticos después de un divorcio

Gestión de contratos energéticos después de un divorcio

Gestión de contratos energéticos después de un divorcio

Después del desagradable tránsito burocrático del divorcio, todavía queda pendiente la gestión de contratos energéticos en el hogar. Y para aliviarte estas diligencias, hemos creado una guía de acción especialmente para ti donde te explicaremos cómo cambiar el titular de la luz.
Ahora, más allá de las diligencias que todavía faltan por realizar después del divorcio, la invitación es a asumir todos estos trámites no como un trágico final, sino más bien como la oportunidad de un nuevo comienzo, haciendo más fácil y rápidos todos los procesos en compañía de un equipo abogados profesionales altamente capacitados.

 

Cambio de titular de los contratos energéticos: todo lo que necesitas saber

Después de un divorcio, existen al menos tres situaciones por las cuales será necesario e incluso obligatorio realizar el cambiar el titular de la luz con Iberdrola, Holaluz o Endesa, entre otras. Veamos cuáles son a continuación:

  1. Eres el titular y te has ido de la casa. En este caso es mejor que quien se queda, sea el titular.
  2. No eras el titular y el titular se ha ido de la casa.
  3. Sin importar quién era el titular, ambos cónyuges se han mudado del antiguo hogar.

En este sentido, sin importar cuál sea la situación en la que te encuentres, la buena noticia es que el cambio de titular en Iberdrola, Repsol, Naturgy o cualquier comercializadora no tiene ningún coste y es una operación que se puede realizar a través de la atención telefónica de estas compañías.

 

Cambiar la potencia contratada: una forma de ahorrar cuando no hay gastos compartidos

De manera general, el divorcio implica dos cuestiones fundamentales: que ya no existirán gastos compartidos y que el número de habitantes en el lugar será menor. En este caso, ambos elementos tributan fuertemente a la necesidad modificar o cambiar la potencia contratada con Endesa, Holaluz, Iberdrola o cualquier que sea tu compañía.
Eso sí, recuerda que antes de poder cambiar la potencia contratada, primero tendrás que haber realizado el cambio de titular de los contratos energéticos. Si quieres más información sobre subir o bajar la contratada, puedes seguir el siguiente enlace: http://pueblosocial.es/cambiar-potencia-contratada/endesa/.

 

Consejos oportunos para la gestión de contratos energéticos después de un divorcio

Hasta aquí, hemos explicado cómo realizar el cambio de titular y cómo modificar la potencia contratada en tu hogar después del divorcio. Sin embargo, para que puedas ejecutar estos y otros trámites de la manera más eficaz, hemos elaborado una lista de recomendaciones que deberías considerar:

  1. Apóyate siempre en un equipo de abogados expertos que te puedan asesorar y acompañar en la adquisición de nuevos contratos.
  2. Asegúrate de cambiar lo antes posible la titularidad de los anteriores contratos. Más si durante el divorcio, siendo el titular, eres tú quien se ha ido de la casa. Esto con el fin de recibir cobros o facturas de la anterior vivienda.
  3. Ten presente que la mayoría de los trámites energéticos son fáciles de realizar. No obstante, el tiempo en que los mismos sean efectivamente ejecutados por las empresas operadoras puede ser más extenso de lo que imaginas. Así que toma todas las previsiones al respecto.

Para terminar, te dejamos el enlace de un comparador de ofertas energéticas.

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Abogacía Preventiva

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Cláusula abusiva de vencimiento anticipado de un préstamo

Cláusula abusiva de vencimiento anticipado de un préstamo

Cláusula abusiva de vencimiento anticipado de un préstamo

La cláusula de vencimiento anticipado incluida en un contrato de préstamo, con o sin garantía hipotecaria, permite al prestamista (a quien presta el dinero) resolver el contrato cuando el prestatario (quien recibe el dinero con la obligación de devolverlo) incumpla con alguna de sus obligaciones. Una de aquellas obligaciones es el pago, por lo que en caso de impago de una o varias cuotas facultará a la entidad prestamista resolver el contrato y exigir la devolución de la totalidad del capital restante.

Pues estas cláusulas pueden ser declaradas abusivas.

 

Requisitos para apreciar el carácter abusivo de una cláusula contractual

En primer lugar, interesa exponer los requisitos objetivos que cualquier cláusula contractual ha de reunir para que pueda considerarse como abusiva. Son los siguientes:

 

Contrato entre profesional y consumidor

Ha de formar parte de un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor. Es un grado de protección para el consumidor ya que se haya en posición de inferioridad respecto al profesional con el que contrata. Por lo tanto, se excluyen aquellos contratos que no están destinados a satisfacer una necesidad personal sino claramente empresarial de quien recibe el dinero.

 

Desequilibrio entre las partes

La cláusula debe causar un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones del contrato en contra de las exigencias de la buena fe. No olvidemos, por ejemplo, que en los préstamos hipotecarios es notorio que el consumidor confía en la apariencia de neutralidad de las concretas personas de las que se vale el empresario (los empleados del banco) para ofertar el producto.

  

Falta de negociación individual

La estipulación no ha de haber sido negociada individualmente. Efectivamente, las cláusulas contractuales prerredactadas (sean condiciones generales –sometidas a la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación– o particulares –no sujetas a dicha norma–) deben tenerse por impuestas cuando no han sido negociadas individualmente. 

El grado de protección al consumidor se plasma en la obligación que se le exije al prestamista que afirme que una cláusula ha sido negociada individualmente de probar tal extremo. Es decir, se presume que las cláusulas son impuestas al cliente.

En tal sentido, el Tribunal Supremo1 especifica que para que la cláusula quede excluida del control de abusividad es preciso que el profesional o empresario explique y justifique las razones excepcionales que le llevaron a negociarla individualmente con ese concreto consumidor. Ha de probar la excepcional negociación de la cláusula contrariamente a la práctica notoriamente habitual en estos sectores de la contratación y acorde a la lógica de la contratación en masa. Dentro de esa prueba han de incluirse las contrapartidas que ese caso concreto el consumidor obtuvo por la inserción de cláusulas que favorecen la posición del profesional o empresario.

 

Naturaleza de la cláusula

La cláusula contractual no ha de referirse al objeto principal del contrato, salvo que no sean claras y comprensibles. Es decir, las estipulaciones referidas a la definición del objeto principal del contrato se someterán a control de la naturaleza abusiva única y exclusivamente si no son claras y comprensibles.

Por lo tanto, las citadas cláusulas no quedan exentas de un doble control de transparencia: 

  1. Control de incorporación o transparencia documental
  2. Control de comprensibilidad real de su importancia en el desarrollo razonable del contrato

La tutela del consumidor prevalece sobre cualesquiera cuestiones relativas a procedimiento o plazos, con la única limitación de salvaguardar los principios de audiencia y contradicción. El juez puede, por iniciativa propia, realizar los controles de inclusión, transparencia y abusividad al margen del procedimiento o fase en que se suscite2.

 

Carácter abusivo de la cláusula relativa al vencimiento o resolución anticipada

Para la determinación del carácter eventualmente abusivo de una cláusula debe estarse a la fecha en el que se ha suscrito el contrato. Han de tenerse en consideración todas las circunstancias concurrentes en dicha fecha y las demás cláusulas del contrato (conjunto de obligaciones asumidas por las partes).

A partir de ahí se podrá constatar si la facultad de declarar el vencimiento o resolución anticipada en los términos que figuran en el contrato se prevé en condiciones exorbitantes o desproporcionadas. En caso afirmativo procederá declarar la nulidad por abusiva de la referida cláusula con independencia del modo en que se haya aplicado por el acreedor (el prestamista) y con independencia del número de cuotas que haya dejado de abonar el consumidor.

Bastará que la cláusula otorgue la posibilidad de que se pudiera llegar a producir una aplicación de ella de un modo abusivo para ser declara nula. No puede confiarse la suerte de la aplicación de una cláusula de ese tipo ni a la decisión eventual ni a la interpretación que en cada momento, según sus intereses o necesidades, pueda la entidad acreedora hacer de ella.

La cláusula relativa al vencimiento o resolución anticipada resultará abusiva si su posible aplicación no está prevista exclusivamente para los casos en los que el incumplimiento del consumidor o prestatario tiene carácter suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo. Tal cláusula entraña un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes en la medida en que impone al consumidor prestatario, o al menos permitiría imponerle, una sanción que resulta absolutamente desproporcionada en relación con la entidad del incumplimiento previsto en la propia estipulación.

Lo anterior no es incompatible con el hecho de que ciertamente el pago constituye la obligación esencial del deudor en el contrato de préstamo. Y tampoco lo es con que el pacto que autoriza al vencimiento o resolución anticipada del contrato a instancia de una de las partes por incumplimiento de la obligación de pago es, en abstracto, admisible dentro del ámbito de autonomía de las partes al contratar. Pero sí puede ser incompatible en un caso concreto a tenor del resto de sus circunstancias. 

 

Consecuencias del carácter abusivo de la cláusula

 Artículo 83.1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios: Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas

La consecuencia implica, además de que el juez ha de dejarla sin aplicación -que no produzca efectos para el consumidor-, que no se puede modificar su contenido. El contrato debe subsistir, en principio, sin otra modificación que la resultante de la supresión de las cláusulas abusivas. Tal subsistencia se producirá siempre y cuando sea jurídicamente posible.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido en diversas sentencias3 que el juez, cuando aprecie el carácter abusivo de una cláusula penal en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, no puede reducir el importe de la pena convencional impuesta al consumidor, sino que ha de excluir plenamente su aplicación.

Si el juez tuviera la facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas, dicha facultad contribuiría a eliminar el efecto disuasorio que se ejerce sobre los profesionales. Supondría que se seguiría incluyendo en los contratos cláusulas abusivas que en caso de declararse su nulidad, el contrato podría ser integrado por el juez en lo que fuera necesario, garantizando de este modo el interés de dichos profesionales4.

 No obstante, el juez sí podría «integrar el contrato modificando el contenido de la cláusula abusiva»5 cuando la declaración de la nulidad de la cláusula abusiva le obligase a su vez a anular el contrato en su totalidad, quedando en tales casos expuesto el consumidor a consecuencias que realmente le supusieran una penalización.

 

Notas   [ + ]

Cómo contar los días de un plazo

Cómo contar los días de un plazo

Cómo contar los días de un plazo

¿Cómo contar el plazo para devolver algo que he comprado? O ¿cómo contar el plazo para contestar un requerimiento, o interponer un recurso? … o ¿cómo hacerlo cuando he de notificar la resolución del contrato de arrendamiento?
Estas son preguntas que a menudo nos hacemos cuando llega el momento de computar un plazo; y si no nos las hacemos creyendo saber cómo contar los días o los meses, es posible que nos equivoquemos. El mundo de los plazos es complejo, pues hay varios modos de computarlos, pero en cada caso concreto solo uno es el correcto.

 

Para empezar, hemos de distinguir los distintos tipos de “días” que hay para contar:

  1. Días naturales: Se cuentan todos los días, sean laborales, festivos, domingos, vacaciones, etc.
  2. Días hábiles: Se cuentan todos los días salvo los festivos y los sábados y domingos (que son festivos realmente).
  3. Días hábiles procesales (para el proceso civil y otras jurisdicciones): Se cuentan todos los días salvo los festivos y los sábados y domingos, los del mes de agosto, así como el 24 y 31 de diciembre -por lo que ya no son tantos ‘todos’-.)

Y ahora conviene explicar cuál es el primer día en que se empieza el cómputo, y cuál es el último del cómputo, debiendo distinguir si el plazo se expresa en días o en meses (o años):

  1. Si el plazo se expresa en días, el primero a contar es el día siguiente al que se haya recibido la notificación, o se haya hecho la compra, etc. A partir de ese día inicial se cuentan los días a que se refiere el plazo (considerando los tipos de días que hay que tener en cuenta según ya hemos explicado: naturales o hábiles), finalizando el plazo el último día que hayamos contado.
  2. Si el plazo se expresa en meses o años, el plazo se computa de fecha a fecha. Es decir, el primer día del cómputo comienza en el día en que se haya recibido la notificación, o realizado la compra, etc. y finaliza el mismo día del mes que corresponda según el plazo dado en meses, o el mismo día del mismo mes que corresponda según el plazo dado en años.

Artículo 5 del Código Civil:
Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente; y si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes.
En el computo civil de plazos no se excluyen los días inhábiles.

Pongamos algunos ejemplos:

  • Has comprado unos zapatos el 13 de mayo de 2017, y al llegar a casa resultan no ser tan cómodos como en la tienda te parecieron. Compruebas el ticket de compra y ves que en esa tienda dan un plazo de 15 días para devolverlos. ¿Hasta cuando puedes devolverlos? En primer lugar hemos de tener presente que se trata de un plazo de orden civil, y que por tanto no se excluyen los días inhábiles (salvo que en el ticket se indique lo contrario). Por tanto, el primer día del cómputo es el día siguiente al de la compra: el 14 de mayo, y que has de contar todos los días. Así, el plazo finaliza el 28 de mayo de 2017. Pero ¡el 28 de mayo es domingo! ¿Qué hacer? Si la tienda abre ese domingo, ese es el último día para devolverlo, pues se cuentan todos los días. Si no abre, como no puedes ir a cambiarlo el plazo finaliza el siguiente día que esté la tienda abierta.
  • Ese mismo día has recibido una notificación de Hacienda por la que conceden un plazo de 15 días hábiles para hacer alegaciones. ¿Cuál es el último día en que puedes hacer alegaciones? Consideramos el primer día del plazo es el día hábil siguiente, es decir, el lunes 15 de mayo de 2017. A partir de ahí, contamos 15 días hábiles (excluimos los sábados, domingos y las fiestas), y resulta que el último día es el viernes 2 de junio de 2017.

En el cómputo por meses o años tenemos menos complicaciones:

  • Si ese mismo día 13 de mayo de 2017 (qué día tan ajetreado) has recibido un requerimiento de tu casero para abandonar la vivienda en el plazo de un mes, ¿cuando acaba el plazo? El 13 de junio de 2017.
  • ¿Y si el requerimiento lo recibes el 31 de mayo de 2017? … No, el 31 de junio no, que no existe: sino el último día de ese mes: el 30 de junio (y no al día siguiente -1 de julio- como erróneamente algunos creen).
  • ¿Y si el plazo es de un año? el plazo finaliza 13 de mayo de 2018; y si la recibimos el 31 de mayo, pues ese mismo 31 de mayo pero del año siguiente.

Existe el error generalizado de creer que el plazo de 30 días es equivalente al plazo de un mes. Y computando correctamente dichos plazos vemos que arrojan resultados distintos. No es lo mismo un plazo de un mes y un plazo de 30 días. Pongamos el ejemplo de una notificación recibida el 23 de mayo de 2017:

  • Plazo de un mes: De fecha a fecha, por tanto el plazo finaliza el 23 de junio de 2017.
  • Plazo de 30 días naturales: Se inicia el cómputo el día siguiente 24 de mayo, y contando desde ése los 30 días resulta ser el último del plazo el 22 de junio (¡un día menos!).
  • Y si hemos de considerar el plazo de 30 días hábiles, el resultado es más interesante, ya que no contamos ni sábados, ni domingos ni festivos: 4 de julio de 2017 (ello sin considerar ninguna fiesta local que pudiera haber).

No obstante lo anterior, las cosas pueden no ser tan sencillas, pues existen reglas especiales, por ejemplo:

  • Si el plazo lo concede una administración pública, la exclusión de los días inhábiles implica tanto los días que sean inhábiles en nuestro municipio de residencia como los inhábiles en el municipio donde la administración tenga su sede (sean días inhábiles locales o de ámbito de la comunidad)  (recordemos que existen fiestas de ámbito nacional, de ámbito de las comunidades autónomas y de ámbito local).
  • Si en el plazo se cuentan todos los días (días naturales), o es por meses o por años, pero el último día del plazo resultara ser inhábil, se entiende que el plazo finaliza al día siguiente hábil a aquel.

En cualquier caso, el mejor consejo es no agotar los plazos hasta el último día, vaya a ser que no se haya realizado bien el cómputo.

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10 razones para consultar con un abogado

10 razones para consultar con un abogado

10 razones para consultar con un abogado

Tener un problema legal no debería ser la justificación para acudir a un abogado. La justificación ha de ser solicitar asesoramiento para evitar el problema. Los abogados resolvemos los problemas legales de nuestros clientes, si; pero también los evitamos mediante la consulta y asesoramiento previo. Es lo que en el mundo jurídico se conoce como abogacía preventiva.

Ahora enunciamos diez razones por las que muchas personas no acuden a un abogado, que se convierten realmente en diez razones para consultar con un abogado:

1. Es un contrato sencillo

Pensará que no necesita un abogado para redactar un contrato de arrendamiento o un contrato de entrega de una señal para la compra de una vivienda, pues parece algo muy sencillo. Pero hasta el contrato que pueda parecer más sencillo ha de contener ciertas clausulas que protejan sus derechos. O puede redactarlo incluyendo cláusulas que desconociendo su significado y trascendencia jurídica le reporte posteriormente perjuicios. Solo el abogado tiene una visión de conjunto de la transcendencia jurídica de cualquier paso que usted pueda dar.  

2. Bricolaje

El famoso corta y pega de aquí y de allá. Cree que puede redactar un documento cogiendo ideas de aquí y de allá. Pero el resultado será algo parecido al monstruo de Viktor Frankstein. El bricolaje es muy entretenido, pero es un hobby o pasatiempo. No debe hacer bricolaje con los asuntos jurídicos. Los abogados no lo hacemos.

3. Tener un familiar que sabe de estas cosas

¿Quién no tiene un familiar que dice que entiende de cuestiones jurídicas (quizás porque tenga un pequeño negocio o algunos estudios)? Seguramente no sabrá nada, pero la ignorancia es muy osada. Cada persona está cualificada para asesorar sobre su profesión, y para los temas jurídicos las personas cualificadas son los abogados. ¿Y un hijo que estudia derecho?

4. Hay Información en redes sociales

Hoy todo el mundo pertenece a una o varias redes sociales. Y por las redes circulan consejos legales que provienen … ¿de quién? usted no lo sabe. A diario leemos muchas barbaridades, que si usted las atiende podrán crearle un problema jurídico muy serio. Solo debe atender a aquellos consejos que provengan de un abogado, pero considere que cada situación personal es distinta por lo que nunca deberá tomar una decisión sin exponerle su caso concreto  

5. La ley no exige la intervención de abogado

Hay determinados procesos judiciales para los que la ley no exige la intervención de un abogado (por ejemplo una reclamación de poca cuantía o un juicio por delito leve). Pero que no lo exija no es sinónimo de que no sea conveniente que usted vaya de la mano de un abogado (y más cuando posiblemente la parte contraria sí esté asistida por un abogado). Por ejemplo: para reclamar 1.900 euros la ley no exige la intervención de abogado, y para reclamar 2.100 euros, sí; y ambas reclamaciones pueden tener el mismo fundamento jurídico que solo el abogado sabrá invocar.

6. Hay confianza con la otra parte

Usted va a firmar un contrato con alguien con la que tiene suficiente confianza y sabe (cree) que nunca tendrá problemas con ella. Le digo: desengáñese, en el mundo jurídico no puede fiarse de nadie (absolutamente de nadie); por eso necesita tener un contrato perfectamente redactado. Y desconfíe cuando una persona le dice para no acudir a un abogado: “¿es que no te fías de mí?” Pues no se fie, no lo haga.

7. El asesoramiento de un funcionario

Los hay con muy buena voluntad que le pueden dar un consejo, ¿pero ese consejo es acertado? ¿o es el mejor consejo para su caso? Suponemos que el funcionario hace bien su trabajo (no lo dudamos), pero su trabajo no es asesorarle a los administrados (a usted). No tiene preparación para ello y puede ocasionarle más problemas que beneficios. En muchas ocasiones hemos tenido un caso complicado porque inicialmente nuestro cliente actuó siguiendo el consejo de un bienintencionado funcionario.

8. Consultas en foros de internet

Lo más peligroso. Allí todo el mundo opina, la mayoría basándose en su propia experiencia, pero nadie sabe cuál es su caso concreto. Recuerde que no todos los casos son iguales y que usted al exponer el suyo puede olvidar alguna circunstancia importante por lo que la respuesta no sea la adecuada. En ocasiones los abogados dan respuestas en esos foros, pero siempre piden una consulta personalizada para el correcto asesoramiento.

9. Los abogados son caros

No hay nada más incierto como esa afirmación. Es más, los abogados somos muy rentables. Un adecuado asesoramiento o intervención a tiempo es incluso barato, pues ha de considerar el interés económico del, por ejemplo, contrato que va a firmar.

10. Gestores, asesores y otros

Muchas personas creen que para determinados asuntos los gestores son más adecuados, y además son más baratos (véase el nº 9). Lo mismo le podemos decir de esos asesores que nadie sabe lo que son. Pero la experiencia nos dice que saben lo justito y no más (A, B y C), e incluso que si se aventuran a D, E, etc, … le ocasionarán un gran problema.

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Abogacía Preventiva

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Plazo para devolución de una compra

Plazo para devolución de una compra

Plazo para devolución de una compra

Hemos visto anteriormente cómo se computan los plazos, y como ejemplo pusimos la devolución de una compra. Pero ¿cuál es el plazo para devolver una compra? La respuesta es distinta si se trata de una compra presencial (en una tienda físicamente) o a distancia (por teléfono, internet, correo, etc.). Es lo que conocemos como Derecho de Desistimiento, y todo lo relativo a ello se llama Política de Devoluciones.

En las compras presenciales, el Derecho de Desistimiento de compras por parte del comprador solo existe si el vendedor previamente lo regula en su Política de Devoluciones

Artículo 68 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre:
1. El derecho de desistimiento de un contrato es la facultad del consumidor y usuario de dejar sin efecto el contrato celebrado, notificándoselo así a la otra parte contratante en el plazo establecido para el ejercicio de ese derecho, sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase.
Serán nulas de pleno de derecho las cláusulas que impongan al consumidor y usuario una penalización por el ejercicio de su derecho de desistimiento.
2. El consumidor tendrá derecho a desistir del contrato en los supuestos previstos legal o reglamentariamente y cuando así se le reconozca en la oferta, promoción publicidad o en el propio contrato.

Compras realizadas presencialmente en la tienda

Es la compra clásica que realizamos en la tienda físicamente, con trato directo con el vendedor. En estos casos, aunque muchos piensen lo contrario, no existe plazo legal de devolución de los productos, pues el comprador no tiene derecho legal a devolverlos. Lo que ocurre en la práctica es que en todos (o casi todos) los establecimientos se acepta la devolución, sometiéndola a las condiciones que el comerciante establece. Es decir, el derecho de desistimiento solo operará si así lo admite el vendedor, y en plazo que él decida. Por tanto, hemos de aceptar la política de devoluciones del establecimiento, política que tendrá que tener a la vista del público o reseñadas en la factura o ticket de la compra.

En las compras presenciales, el Derecho de Desistimiento de compras por parte del comprador solo existe si el vendedor previamente lo regula en su Política de Devoluciones

En las compras presenciales, el Derecho de Desistimiento de compras por parte del comprador solo existe si el vendedor previamente lo regula en su Política de Devoluciones

La política de devoluciones contendrá, esencialmente, mención sobre las siguientes condiciones:

  • Plazo para la devolución (si es en días y no se indica lo contrario, son días naturales).
  • Requisitos de la devolución (estado del producto, presentación del ticket, etc.), con exclusión de determinados bienes (por ejemplo, los hechos a medida, aquellos que por razones de higiene no se aconseja la devolución, etc.).
  • Modo de devolución del precio pagado: Puede ser la misma forma en que se realizó el pago (metálico, tarjeta, etc.) o bien mediante un vale para canjear en compra posterior. El comerciante no puede devolver menos cantidad que el precio pagado.

Compras a distancia

A diferencia de las compras presenciales, cuando la compra se realiza a distancia (compras por teléfono, compras por internet, etc.) el comprador tiene derecho de desistir de la compra en el plazo de 14 días naturales (o más si lo establece el vendedor) desde que recibió el producto comprado, sin penalización alguna (salvo el coste de la devolución de la mercancía comprada) y sin tener que alegar causa. Este derecho se fundamenta en la protección al comprador, quien no ha podido examinar directa y físicamente el producto comprado.

En las compras realizadas por internet, el comprador tiene derecho a devolver lo comprado en el plazo de al menos catorce días naturales

En las compras realizadas por internet, el comprador tiene derecho a devolver lo comprado en el plazo de 14 días naturales desde que recibió lo comprado

El vendedor deberá informar por escrito al comprador de manera clara, comprensible y precisa, del derecho de desistir del contrato y de los requisitos y consecuencias de su ejercicio, incluidas las modalidades de restitución del bien o servicio recibido. Para realizar la devolución, deberá entregar, además, un documento de desistimiento que exprese el nombre y dirección de la persona a quien debe enviarse el producto a devolver y los datos de identificación del contrato y de los contratantes a que se refiere.

Como hemos dicho, el plazo para la devolución será de al menos 14 días naturales, pero si el vendedor no hubiera cumplido con el deber de información y documentación sobre el derecho de desistimiento expuesto en el párrafo anterior, el plazo para su ejercicio finalizará doce meses después de la fecha de expiración del periodo de desistimiento inicial. En cualquier caso, una vez ejercido el derecho de desistimiento, el vendedor ha de devolver el precio pagado por el comprador íntegramente (sin retenciones ningún tipo) en el plazo de 14 días naturales (transcurrido el plazo, el comprador puede reclamar al vendedor el precio pagado duplicado).

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