Aplicación práctica del Certificado Sucesorio Europeo

Aplicación práctica del Certificado Sucesorio Europeo

Aplicación práctica del Certificado Sucesorio Europeo

Introducción

Tras varios años de aplicación del Reglamento (UE) 650/2012, en materia de sucesiones, que regula entre otros aspectos el Certificado Sucesorio Europeo, ya se han dictado varias sentencias por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la resolución de los distintos casoos se ha ido sentando la doctrina en la aplicación del Reglamento. Sacamos dos conclusiones que se constituyen como principios básicos sobre las que gira el criterio del Tribunal en la aplicación del Certificado Sucesorio:

  1. La unidad de toda la sucesión con independencia de la naturaleza de los bienes que la integran y del lugar donde se encuentren.
  2. La eficacia general y absoluta del Certificado Sucesorio Europeo
 

También te puede interesar:  Reglamentos europeos sobre Régimen Matrimonial y sobre Efectos Patrimoniales del Matrimonio

 

Caso Kubica

El supuesto gira entorno a que si procede rehusar un legado de eficacia directa en Alemania (Estado en el que no se admiten este tipo de disposiciones) cuando es ordenado en un testamento otorgado en Polonia al amparo de la ley de este segundo Estado.

Pues bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea niega la posibilidad de rehusarlo ya que la sucesión no se puede fragmentar, es decir, a la sucesión no se le puede aplicar la ley de dos Estados. De modo tal que el Certificado Sucesorio que contiene la facultad de rehusar el legado se deberá inscribir en el registro de la Propiedad alemán, pese a que en la legislación de ese Estado no se contemple tal facultad.

Pero aún así, nos podemos encontrar con un obstáculo: el Reglamento deja a la legislación de cada Estado lo relativo a la inscripción de los derechos, lo que incluye los requisitos legales para tal inscripción. En virtud de ello podría Alemania negar la inscripción en primer término. Pero hemos de preguntarnos, ¿cuál es el verdadero alcance de esta cesión a la legislación de cada Estado? El Tribunal apunta a que los requisitos exigidos por la legislación del Estado competente no puede dejar vacío de contenido la eficacia general y absoluta del Certificado Sucesorio Europeo. Por tanto, el alcance se circunscribe única y exclusivamente a requisitos formales tales como la descripción de la finca, la referencia catastral, etc.

(Para un inscripción eficaz, siempre incluimos en el Certificado Sucesorio Europeo aquellos datos -requisitos formales- que se van a exigir en el Estado donde tal documento tiene que desplegar su eficacia. Así evitamos el tener que completarlo posteriormente, con la consiguiente pérdida de tiempo que podría afectar al derecho del cliente.)  

 

Caso Mahnkopf

Interesante sentencia que resuelve un caso en el que, junto con la sucesión, concurren los derechos dimanantes de la extinción del régimen económico matrimonial.

Se plantea en este caso si el ámbito de aplicación del Reglamento comprende también las disposiciones que regulan las cuestiones en materia de régimen económico matrimonial que surgen tras el fallecimiento de uno de los cónyuges. En el supuesto, la viuda adquiría parte del patrimonio del fallecido por la sucesión, y otra parte como integrante de la sociedad patrimonial del matrimonio.

Tramitándose el Certificado Sucesorio en Alemania, la autoridad  de ese Estado solo incluyó lo que le correspondía estrictamente como heredera con motivo del hecho sucesorio. Dejó la parte que le correspondía por su condición de viuda a la extinción de la sociedad matrimonial fuera. La justificación, estrictamente, podría parecer lógica, pues el Reglamento solo se aplica al hecho sucesorio y no a las relativas al  régimen económico matrimonial.

Pero el Tribunal de Justicia Europeo resuelve el caso basándose en los principios inspiradores del Certificado Sucesorio Europeo, recordemos: unidad de legislación aplicable al hecho sucesorio y eficacia absoluta del Certificado. Entonces, la solución se fundamenta en entender que las cuestiones patrimoniales del matrimonio realmente nacen del propio hecho sucesorio (del fallecimiento) de modo que ha de tratarse todo conjuntamente (todas las consecuencias del fallecimiento). 

Entenderlo de otro modo, daría como resultado un Certificado Sucesorio incompleto.

 

Caso Oberle

Lo planteado de interés en este caso es lo siguiente: Si la autoridad de un Estado puede expedir un documento sucesorio nacional de ese Estado (no el Certificado Sucesorio Europeo) limitando su contenido a los bienes de la herencia situados en ese Estado, cuando el causante (fallecido) es nacional de otro Estado y ha fallecido en ese otro Estado. Lo que se pretendió en ese documento, que solo contenía los bienes radicados en un Estado, era facilitar la inscripción de los inmuebles situados en ese mismo Estado, sin tener que depender de un documento expedido en el Estado de residencia y fallecimiento, con las consiguientes dificultades prácticas que ello conlleva.

Aquí estamos ante una situación de competencia muy interesante de considerar. El Reglamento determina la competencia exclusiva del Estado de residencia habitual del causante en el momento de su fallecimiento para resolver la totalidad de la sucesión. Esta competencia no solo es aplicable al Certificado Sucesorio Europeo, sino también a cualquier otro documento similar de ámbito nacional de los Estados miembros.

En la práctica, esto supone que, por ejemplo en el caso de España, los Notarios quedan impedidos para otorgar Declaraciones de Herederos si el fallecimiento no tenía su residencia habitual en España al momento del fallecimiento. Esta consecuencia nace del hecho de que el Notario español ejerce una función jurisdiccional al otorgar la Declaración de Heredero. 

Pero no impide al Notario español autorizar otro tipo de documentos cuando actúa ejerciendo su función de fedatario público de libre elección por los interesados. Por ejemplo, en una escritura de herencia en la que concurren todos los herederos quienes libremente deciden circunscribir las operaciones particionales a los bienes radicados en España.

Exclusión del excónyuge en la administración de bienes que heredarán los hijos

Exclusión del excónyuge en la administración de bienes que heredarán los hijos

Exclusión del excónyuge en la administración de bienes que heredarán los hijos

Introducción

Cuando un menor de edad hereda los bienes de su padre o de su madre, el otro (la madre o el padre) se encargará de su administración. Es frecuente el caso en que los padres de ese menor estén separados o divorciados y que quien fallece no quiere que el otro administre sus bienes dejados a los hijos. 

Mediante la exclusión del excónyuge en la administración de bienes que heredarán los hijos podemos evitar esa situación no deseada. En el testamento se puede incluir una cláusula especial sobre nombramiento de administrador y creación de un régimen especial de administración.

 

Artículo 164.1 del Código Civil

Los padres administrarán los bienes de los hijos […] excepto los adquiridos por título gratuito cuando el disponente lo hubiere ordenado de manera expresa. Se cumplirá estrictamente la voluntad de éste sobre la administración de estos bienes y destino de sus frutos.

Artículo 227 del Código Civil

El que disponga de bienes a título gratuito en favor de un menor o incapacitado, podrá establecer las reglas de administración de los mismos y designar la persona o personas que hayan de ejercitarla. Las funciones no conferidas al administrador corresponden al tutor.

 

La administración testamentaria

Cualquier persona puede ser nombrada administradora. Es recomendable que sea alguien muy allegado al menor de edad y de entera confianza del testador (por ejemplo un hermano de este).

Esta administración no ha de extinguirse al cumplir la mayoría de edad (18 años) el heredero. De modo expreso, en el testamento, puede indicarse un plazo o condición para la extinción (por ejemplo, al cumplir los 22 años). Es conveniente prolongar la administración, ya que con 18 años no se tiene la suficiente madurez para la administración de bienes de notorio valor. Además, a esa edad se estará muy influenciado aún por el padre (o madre) sobreviviente, del que posiblemente aún no se tenga independencia económica.

El contenido de la administración debe quedar bien reflejado en el propio testamento para que llegado el caso no existan dudas y sea una figura dinámica y eficaz. Por tanto, recomendamos la exclusión de autorización judicial (aunque legalmente estará limitada tal exclusión para algunos actos), comprender tanto la administración ordinaria como extraordinaria, e incluso actos de disposición. Entre estos actos dispositivos podemos nombrar no solo la enajenación, sino la hipoteca, permuta o incluso la donación (menos recomendable este último).

No obstante esta administración no supone dejar sin contenido el derecho de la patria potestad del padre o madre del menor. Así, le seguirá correspondiendo, entre otras facultades, la aceptación de la herencia (esta u otra) o de la donación (aun cuando conllevara su exclusión de la posterior administración), o la representación procesal ante Tribunales (incluso a efectos de notificaciones), etc.

 

Utilidad de la administración testamentaria

Como hemos dicho al principio, esta administración es útil cuando el matrimonio no tenía buena relación y no hay confianza en lo que el progenitor que sobrevive pudiera hacer con el patrimonio del fallecido (ahora del hijo común). O incluso, sin necesidad de existir mala relación, no se considera adecuado al que sobrevive para la administración de bienes.

También es frecuente establecer esta administración especial en un testamento que dará lugar a la herencia o legados de abuelo a nieto (no olvidemos el derecho de representación de este último cuando haya fallecido su padre o madre antes que el abuelo del menor). En el testamento del abuelo puede excluirse que su yerno o nuera sea quien administre los bienes dejados al nieto.

Un caso muy habitual y en el que es necesaria establecer esta administración es el de herencia de una empresa familiar. Pongamos un ejemplo: Una persona es propietaria de participaciones sociales de una empresa junto con sus hermanos y padres. Al fallecer, tales participaciones serán heredadas por su hijo y serían administradas por el padre o madre que ha sobrevivido. Sin duda que esta nueva situación puede suponer consecuencias negativas para la empresa familiar, al introducirse en ella a una persona ajena a la familia, con quien posiblemente no exista buena relación personal. El negocio puede peligrar. Por tanto se hace necesaria esta administración especial para servir al interés de la familia. El testador, al instituirla, podrá detallar el modo de llevarla a cabo de modo que su voluntad específica le sobrevivirá a su fallecimiento.

Otro caso necesario para establecer la administración se da cuando se deja en herencia algún bien inmueble (una vivienda o un local comercial, por ejemplo). Al administrador le corresponderá la decisión del uso de tal bien, o su arrendamiento y condiciones del mismo (y por tanto, el destino de la renta obtenida). También adoptará las obligaciones a contraer para su mantenimiento, reparación, rehabilitación o ampliación (acudiendo de ser necesario a la financiación externa y aseguramiento mediante hipoteca).

 

Conclusión

La importancia de otorgar testamento va más allá del ámbito patrimonial, pues tiene incidencia en el aspecto personal y familiar. Es el instrumento adecuado para constituir figuras de protección de los hijos menores de edad, e incluso mayores cuando aún no tienen la debida madurez para administrar su patrimonio.

Finalmente hemos de recordar una vez más un hecho inevitable: cualquier persona puede fallecer en cualquier momento, por lo que siempre recomendamos otorgar un testamento. El contenido del documento ha de ser redactado pensando en las circunstancias concretas de quien lo va a otorgar, de su familia y de su patrimonio. El testamento ha de reflejar exactamente su voluntad. Un buen testamento para un caso puede ser malo para otro, por tanto, antes de otorgarlo, tome debido asesoramiento por un abogado especializado.

Print Friendly, PDF & Email

Boletín Tolle et Lege

Accede a todos los boletines jurídicos de nuestro blog

Abogacía Preventiva

Para conocer más sobre la Abogacía Preventiva y de los beneficios que le ofrece ...

La comprobación de valores y la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2018

La comprobación de valores y la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2018

La comprobación de valores y la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2018

Los valores de los bienes declarados en las autoliquidaciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones pueden ser comprobados por la Administración Tributaria (en estos casos de las Comunidades Autónomas).

Tales impuestos son los que gravan, entre otros hechos, las compraventas, herencias y donaciones. La ley establece que la base imponible de ellos será el “valor real de los bienes”.

Son muchos los casos en que se realiza esa comprobación del valor. Por ejemplo, en una escritura pública de compraventa se establece un precio de 100.000 € y la administración determina que el valor real del bien es de 137.528 €. El sujeto pasivo (quien compra) deberá en tal caso tributar, además de lo ya pagado, por la diferencia entre ambas cantidades.

Entonces, ¿cuál es el valor real? La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2018 dice que es “un concepto jurídico indeterminado de imprecisos perfiles, puesto que no se ampara en definición legal alguna y permite, sea cual fuere el medio de comprobación o determinación que en cada caso se utilice, un cierto margen legítimo”.

Hasta le fecha tal valor real es calculado por las administraciones tributarias de las comunidades autónomas mediante la aplicación de un coeficiente multiplicador sobre el valor catastral del bien (en los bienes inmuebles) de modo frío y objetivo. Para los bienes rústicos emplea un sistema similar aplicando un coeficiente sobre la superficie de la finca según sea el cultivo o destino de la misma y otras circunstancias, también de modo frío y objetivo.

Es obvio que mediante ese sistema la administración no calcula un valor real del bien, sino simplemente obtiene un valor mediante una operación aritmética fácil. No obstante, aunque sus resultados no colman la exigencia de hallar el valor real, es un sistema legal al estar recogido en la Ley General Tributaria: estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal (esto es, el catastro).

La mencionada sentencia del Tribunal Supremo viene a frenar la aplicación de tal método para calcular el valor real, puesto que expresa ser un método privilegiado para la administración y por tanto limitativo de los derechos del sujeto pasivo, del ciudadano.

El método de comprobación consistente en la estimación por referencia de valores catastrales, multiplicados por índices o coeficientes no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes inmuebles en aquellos impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real, salvo que tal método se complemente con la realización de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble que se somete a avalúo.

Cuando la administración realiza una comprobación del valor declarado por el contribuyente en una autoliquidación de los impuestos mencionados aplicando este método de coeficientes “ha de expresar motivadamente las razones por las que tal valor declarado no se corresponde con el valor real”. Es decir, no le bastará a esa administración establecer otro valor sin más. Este razonamiento del Tribunal Supremo abre aún más las puertas a que prospere el valor declarado por el sujeto pasivo, pues ha de ser la administración quien demuestre que el comprobado por ella es realmente el valor real.

Ante esta nueva perspectiva, ahora más, recomendamos no aquietarse con el valor comprobado por la administración, que además de que conlleva la elevación de la cuota tributaria (y cuya diferencia devenga intereses) puede ser injusto e ilegal. La impugnación de la comprobación de valores es la vía para equilibrar el derecho recaudatorio (y no confiscatorio) de la administración tributaria.

Print Friendly, PDF & Email

Contacta con nosotros

Para hacer una consulta, pedir información o solicitar un presupuesto, puedes contactar con nosotros por email o teléfono

Abogacía Preventiva

Para conocer más sobre la Abogacía Preventiva y de los beneficios que le ofrece ...

Derecho de transmisión en la sucesión

Derecho de transmisión en la sucesión

Derecho de transmisión en la sucesión

 

Aquella persona que siendo heredero de otra puede fallecer a su vez sin haber aceptado (ni repudiado) aquella herencia. El Código Civil establece que ese derecho que tenía como heredero pasará a sus herederos: es el derecho de transmisión en la sucesión.

Es una cuestión jurídica muy debatida desde siempre si este derecho implica una adquisición directa (de A a C) o un doble traspaso del caudal hereditario (de A a B, y de B a C).

Artículo 1006 del Código Civil

Por muerte del heredero sin aceptar ni repudiar la herencia pasará a los suyos el mismo derecho que él tenía

Es el caso de una persona (B) que ha sido llamada a una herencia (sea por testamento o ab intestato), y por tanto ha sobrevivido a su causante (A), fallece sin haber ejercitado el ius delationis. ¿Cómo adquiere el heredero (C) de esta persona (B)?

La solución que se adopte es muy importante porque afectará a numerosos elementos en la herencia. POr ejemplo, de quién deben producirse los juicios de capacidad para suceder, quiénes deben concurrir a la partición, cómo realizar la liquidación del impuesto sobre sucesiones, etc.

También te puede interesar:  ¿Quiénes heredan cuando no hay testamento? La herencia intestada

Mayoritariamente se ha adoptado la tesis clásica, donde hay dos transmisiones (de A a B, y posteriormente de B a C). Esta tesis ha sido la considerada por el Tribunal Supremo y por la Dirección General del Registro y Notariado hasta fechas recientes. Pero la sentencia nº 539/2013, de 11 de septiembre, dictada por el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, ha girado para adoptar la tesis moderna que asume la adquisición directa. Este giro también ha sido adoptado por la Dirección General de los Tributos.

La tesis moderna implica que “el derecho de transmisión se configure más bien como la transmisión de un derecho” (Galán Díaz). Ello supone que B no adquiere el caudal hereditario de A, sino el ius delationis que es transmitido a C, quien adquiere el caudal hereditario de A. Este modo de transmisión simplifica considerablemente los trámites hereditarios al eliminarse una cascada de sucesiones y transmisiones.

No obstante, la transmisión directa también tiene sus inconvenientes puesto que aceptada por C la herencia de B, hay que valorar su capacidad para suceder respecto de A. El momento en que deba hacerse esta valoración es de gran importancia, pues las circunstancias pueden haber variado a la fecha de fallecimiento de A respecto de la fecha de fallecimiento de B. La jurisprudencia indica que el juicio ha de realizarse al tiempo de aceptarse por C la herencia de B.

También es interesante contemplar la figura del cónyuge viudo de B. Su legítima (su derecho hereditario) no se trata de un simple derecho de crédito frente a la herencia de B y frente a C, sino una cuota que tiene también por objeto el ius delationis.

También te puede interesar:  Impuesto sobre Sucesiones (Andalucía). Planificación fiscal de la herencia

En cuanto a la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones las ventajas también son evidentes al evitar tributar por una sucesión intermedia, si bien la jurisprudencia en esta materia acoge la doble transmisión. José María González Abogados tiene pendiente de resolución varios recursos en esta materia. 

No obstante, este efecto puede quedar sin contenido por las reducciones entre descendientes que se puedan aplicar. En primer lugar, la reducción de la cuota tributaria pagada en una sucesión por los mismos bienes ocurrida en el plazo de diez años. Y en segundo lugar por las reducciones entre descendientes reguladas en la mayoría de las comunidades españolas (por ejemplo, en Andalucía hasta un millón de euros).

Actualización junio 2018: La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en sentencia de 5 de junio, acoge la tesis moderna mantenida por la Sala de lo Civil de modo tal que a los efectos de la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones también se entiende que existe una sola transmisión. Así se acogen nuestros fundamentos y no se devenga el impuesto por el primer fallecimiento.

Print Friendly, PDF & Email

Contacta con nosotros

Para hacer una consulta, pedir información o solicitar un presupuesto, puedes contactar con nosotros por email o teléfono

Abogacía Preventiva

Para conocer más sobre la Abogacía Preventiva y de los beneficios que le ofrece ...

Poder notarial extranjero. El test de equivalencia

Poder notarial extranjero. El test de equivalencia

Poder notarial extranjero. El test de equivalencia

 

La Dirección General de los Registros y del Notariado se ha pronunciado sobre la actuación del notario español en la autorización de escrituras cuando una de las partes comparecientes actúa mediante representante en virtud de un poder notarial otorgado en el extranjero.

Se exige actualmente que el notario español formule en la escritura que autoriza un test de equivalencia del poder extranjero. Este requisito ha traído numerosos problemas dada la distinta naturaleza de las funciones de los notarios de otros Estados (Inglaterra, Gales y de los países nórdicos, entre otros) que responden al sistema sajón y no al latino.

Hemos de partir de la base que, pese a la numerosa regulación de la Unión Europea para facilitar el tráfico jurídico entre los Estados miembros (con la promulgación de distintos reglamentos en materia matrimonial, patrimonial, de sucesiones, etc.), es de competencia exclusiva de cada Estado el sistema de documentación pública y de publicidad registral. Así, un documento público de un Estado ha de someterse formalmente al ordenamiento del otro Estado en el que se pretenda hacer valer.

 

Control del poder extranjero por el notario español

Es el notario español a quien le corresponde la valoración y el juicio de este documento público extranjero. La valoración ha de consistir en:

  • Juicio de suficiencia: Que las facultades representativas otorgadas en el documento son suficientes para el acto jurídico que se otorga en España,
  • Test de equivalencia: Que el documento extranjero es equivalente formalmente al correspondiente documento español, y que la autoridad extranjera tiene funciones equivalentes a la autoridad española.

El test de equivalencia de las funciones de la autoridad extranjera será superado en los casos en que el notario extranjero, en el poder que autoriza, haya dado fe de la identidad del compareciente, haya calificado suficiente su capacidad y legitimación, haya controlado la legalidad y haya asegurado que la voluntad del otorgante se ha expresado en su presencia y ha sido libremente formada y declarada. Esto es, la función del notario extranjero ha de recaer en el control de la libre y adecuada formación del consentimiento de las partes, y dar fe del contenido del documento.

La resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado ha expresado (resolución de 17 de abril de 2017) que aun siendo juicios distintos (el de suficiencia y el de equivalencia), cuando el de suficiencia se realiza de modo expreso necesariamente ha de implicar que el poder es equivalente. No obstante, nuestra recomendación es que en la escritura consten ambos juicios.

 

Sistemas notariales

Para comprender mejor la necesidad y justificación del test de equivalencia, exponemos las principales características de los dos principales sistemas notariales occidentales, sin perjuicio de las particularidades existentes en cada Estado:

  • El notario español (sistema latino) desempeña una función pública, da autenticidad a los hechos y actos ocurridos en su presencia: posee fe pública. También tiene la función de recibir e interpretar la voluntad de las partes, dándole forma legal, al redactar el instrumento público.
  • El notario de naturaleza sajona (ingleses, galeses, daneses, suecos, finlandeses, etc.) es básicamente un testigo cualificado limitándose su actuación únicamente a legitimar la firma del otorgante del documento: da fe de que ha identificado a la persona que firma el documento. Pero no orienta ni asesora a las partes sobre la redacción del documento, y no lo revisa ni en cuanto al fondo ni su legalidad. No obstante, cada Estado tiene un estatus particular de sus notarios y funciones.

 

El poder extranjero y el Registro de la Propiedad

Una vez el notario haya declarado suficientes las facultades representativas contenidas en el poder otorgado en el extranjero y haya declarado la equivalencia del documento respecto de los documentos públicos españoles, la calificación registral ha de limitarse tan solo a la existencia en la escritura de la mención del poder y de los juicios de suficiencia y equivalencia.

El registrador ni ha de valorar el poder otorgado en el extranjero, ni puede exigir su transcripción o que se acompañe a la escritura. Solo podrá disentir de la declaración de equivalencia cuando lo considere erróneo el realizado por el notario, motivando adecuadamente el error con referencia expresa a la legislación extranjera aplicable

 

Las escrituras extranjeras y el Registro de la Propiedad

Finalmente conviene recordar que los documentos públicos extranjeros tienen acceso a los Registros de la Propiedad españoles, a los efectos de inscripción, si cumplen con los siguientes requisitos:

  1. Que el documento público extranjero haya sido otorgado ante autoridad competente según la legislación de ese Estado.
  2. Que la autoridad extranjera ante el que se otorgue haya desarrollado en la elaboración del documento funciones equivalentes a las de la autoridad española.
  3. Que el documento extranjero surta los mismos efectos (o los más próximos) en su país de origen que aquellos que se pretenden en España.
  4. Que el acto contenido en el documento no resulte incompatible con el orden público español.
  5. Que cumpla los requisitos establecidos en la legislación que le sea aplicable.

Por tanto, recomendamos el asesoramiento debido para la redacción del poder que se haya de otorgar en el extranjero así como para la redacción de la escritura que se otorgue en España en uso de ese poder. Contando con el debido asesoramiento la escritura española no presentará problema alguno para su inscripción en el Registro de la Propiedad.

Print Friendly, PDF & Email

Contacta con nosotros

Para hacer una consulta, pedir información o solicitar un presupuesto, puedes contactar con nosotros por email o teléfono

Abogacía Preventiva

Para conocer más sobre la Abogacía Preventiva y de los beneficios que le ofrece ...

La utilidad de otorgar testamento

La utilidad de otorgar testamento

La utilidad de otorgar testamento

 

Para muchas personas la idea de otorgar testamento está lejana pues es algo que será útil cuando se vayan a morir (pero no se puede ignorar que cualquier persona se puede morir mañana -u hoy-, no hay que estar enfermo o ser muy mayor para ello). Para otras, no tiene sentido hacerlo pues, por ejemplo, solo tienen un hijo que lo heredará todo por aplicación de la ley (pero hasta en ese caso es útil hacer un testamento).

Las ventajas de hacer un testamento son muchísimas y muy variadas (esto dependiendo de las circunstancias de cada persona), y las desventajas son … ninguna. Nunca hemos tenido un caso en que haya sido más beneficioso que el fallecido no haya otorgado testamento. Y no puede olvidarse que el testamento otorgado puede dejarse sin efecto en cualquier momento por voluntad de quien lo hizo, o modificarlo total o parcialmente si alguna circunstancia concurrente haya podido variar.

Artículo 667 del Código Civil

El acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos se llama testamento.

Por tanto, nuestro consejo, basado en la experiencia, es que todas las personas (con independencia de su edad, patrimonio y demás circunstancias) otorgue un testamento. Pero las cláusulas de ese testamento han de estar pensadas para sus circunstancias concretas, desaconsejando una vez más acudir a contenidos estandarizados.

Caso 1

Una vez fallecida una persona, su herencia no se rige por la mayoría de las voluntades de sus herederos, sino por la unanimidad. Ello significa que todos los interesados (herederos) han de estar de acuerdo en dar una solución concreta a la herencia; caso contrario se deberá acudir a los Tribunales que, como siempre defendemos, debe ser la última opción.

Pues bien, puede darse el caso que nuestro protagonista de este caso tenga tres hijos que, por cualquier circunstancia (por ejemplo, por influjo de uno de los cónyuges; por ser de padre o madre diferente; por un enfado irreconciliable), no tengan entre sí una relación armoniosa. En el testamento se pueden adjudicar bienes concretos a personas concretas, de modo que la partición ya esté realizada (al menos en la parte más importante) por el testador antes de fallecer. El testador también puede dejar nombrado a un contador-partidor que hará el reparto de los bienes.

Caso 2

La ley protege en cierta medida al cónyuge que queda viudo, pero tal protección en algunos casos puede ser insuficiente. Mediante determinadas cláusulas del testamento la protección puede ser plena, garantizándose al cónyuge viudo la residencia en el domicilio e incluso medios económicos para subsistir.

Caso 3

Sin testamento, la ley otorga los mismos derechos a todos los herederos forzosos (que suelen ser los hijos). Puede darse el caso que nuestro protagonista de este caso tenga un hijo con necesidades especiales, o que uno de ellos no merezca recibir lo mismo que los otros (sin tener que llegar al caso de desheredarlo, que siempre exigirá causa justa).

Mediante el testamento se puede mejorar (es decir, dar más) a un hijo (o varios) respecto de los otros; e incluso se puede reservar una parte del patrimonio del testador para alguien que no sea heredero forzoso (otro familiar, un amigo, una institución benéfica, etc.) a quien agradecer o premiar alguna actitud en vida.

Caso 4

Un matrimonio fallece (por ejemplo, en un accidente de tráfico que no se puede prever ni programar) dejando huérfano a un hijo aún menor de edad. Al niño ha de nombrársele un tutor que será la persona que tomará todas las decisiones que sus padres ya no podrán adoptar y administrará el patrimonio que habrá recibido al fallecer sus padres. La figura del tutor es, como vemos, muy importante.

Mediante el testamento, los padres pueden designar a ese tutor, a la persona que educará y cuidará de su hijo.

Caso 5

Nuestros protagonistas son un matrimonio sin hijos, sin padres y sin testamento. Al fallecer uno de ellos por ley el otro hereda todo su patrimonio. Al fallecer el segundo, heredan los familiares de éste más cercanos (incluyendo el patrimonio heredado de su cónyuge). Es decir, la familia del que fallece en segundo lugar adquiere todo el patrimonio del que fallece en primer lugar; de modo tal que los familiares de éste  no adquirirían nada.

Tal situación, que no parece muy deseable, se evitaría con el otorgamiento de testamentos redactados pensando en las circunstancias personales de este matrimonio.

Caso 6

Mediante el testamento también se puede designar a la persona que heredará nuestros bienes dejados en herencia a otra persona cuando esta fallezca (los herederos de nuestros herederos). Son los fideicomisos, muy interesantes en determinadas situaciones.

Caso 7

Una persona tiene un patrimonio con un valor considerable y un solo hijo. A su fallecimiento, éste heredará todo ese patrimonio y tendrá que pagar una alta cantidad en concepto del Impuesto de Sucesiones.

Siendo el caso que el hijo de esta persona tiene a su vez varios hijos (es decir, nietos del protagonista de este caso), mediante el testamento puede disponer la herencia entre el hijo y los nietos de tal modo que en conjunto no haya que pagar nada por el Impuesto de Sucesiones, pudiendo dejar además el control del patrimonio a su hijo.

Conclusión

Mediante el testamento se puede, cuanto menos, ahorrar a sus hijos tener que hacer una declaración de herederos; evitar problemas en el reparto de sus bienes; mejorar a determinadas personas respecto de otras; ahorrarle a sus herederos el pago de parte o toda la cuota del Impuesto sobre Sucesiones; y, en definitiva, darle el destino que quiera a sus bienes incluso después de fallecer su propio heredero.

Por tanto recomendamos otorgue testamento redactado por un profesional que tenga una visión de conjunto de sus circunstancias.

 

Print Friendly, PDF & Email

Contacta con nosotros

Para hacer una consulta, pedir información o solicitar un presupuesto, puedes contactar con nosotros por email o teléfono

Abogacía Preventiva

Para conocer más sobre la Abogacía Preventiva y de los beneficios que le ofrece ...

compartir