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Modificación de la capacidad de obrar. El tutor

3 diciembre 2018

 

Cuando una persona padece una deficiencia o enfermedad persistente, física o síquica, que le impida gobernarse por sí mismas o tomar decisiones importantes en su vida, procede modificar legalmente su capacidad de obrar.

Podemos estar ante casos de personas de cualquier edad, sin excluir a las personas mayores (es decir, también enfermedades sobrevenidas por el paso del tiempo). En España, los niños con discapacidad representan el 1,5% del total, los jóvenes y adultos el 40,5%, y los ancianos el 58%.

Con esta modificación legal de su capacidad se designará la persona que realice en su nombre los actos con trascendencia jurídica. Tales actos pueden ser obtener ayudas económicas, vender una propiedad, o aceptar una herencia. Popularmente se conoce como incapacitación civil.

La capacidad de obrar es la aptitud para el ejercicio de los derechos de los que una persona es titular. Toda persona, por el mero hecho de serlo, tiene capacidad jurídica, es decir, capacidad de ser titular de derechos subjetivos. Pero no toda persona tiene aptitud para ejercitar tales derechos.

En el supuesto de los hijos que presentan este tipo de deficiencias no es necesario realizar nada mientras son menores de edad. Son sus padres los que los representan. No obstante se debe actuar con tiempo para que cuando lleguen a la mayoría de edad la patria potestad se encuentre prorrogada. Si la modificación de la capacidad se realiza siendo ya mayor de edad, la patria potestad se rehabilita. En cualquiera de ambos casos seguirán siendo sus padres quienes los representen.

En el supuesto de personas mayores cuya enfermedad le sobrevenga también habrá que acudir a este proceso de modificación legal de su capacidad. Otra solución, mucho más práctica, es el otorgamiento previo de un poder de representación.

 

Derechos tras la modificación de la capacidad

La modificación no conlleva la pérdida de derechos, sino que son ejercidos con el apoyo de otras personas. Determinados derechos personales también pueden ser conservados por el incapacitado, si así lo estima el juez. Entre ellos, el sufragio, otorgar testamento, contraer matrimonio, por ejemplo.

Si estamos ante un caso antiguo (anterior a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006) cuya sentencia ha excluido el ejercicio de estos derechos personales, ahora podemos revisarla y rehabilitarlos si se dan las circunstancias.

 

Proceso judicial

La modificación de la capacidad de obrar solo se puede obtener mediante sentencia judicial (nunca por resolución administrativa). El proceso requiere la asistencia de un abogado especializado, quien aportará la documentación exigida y fundamentará debidamente la acción.

El juez, si considera que realmente la persona no puede valerse por sí misma, determinará la extensión y límites de la capacidad modificada. También establecerá el régimen de guarda a la que quedará sometida.

Procederá la incapacidad total cuando la persona no pueda cuidar de sí misma ni administras sus bienes. Será parcial si se considera que puede realizar algunos actos por sí sola y adoptar decisiones sobre su persona. En el primer caso se necesitará de un representante (tutor), y en el segundo, de asistente para realizar ciertos actos más importantes o complejos (curador).

Esta modificación de la capacidad, que puede revisarse en cualquier momento, ha de anotarse en el Registro Civil (incluso en el Registro de la Propiedad). Así surtirá efectos frente a terceros y quedará protegido el patrimonio del incapaz.

 

El tutor y el curador

Tutor o curador pueden serlo toda persona física con plena capacidad de obrar y que esté en uso de sus derechos civiles. También lo pueden ser las fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro y creadas para esos fines.

La diferencia entre ambas figuras se encuentra en que el sometido a tutela carece de capacidad y por ello la medida de protección es la representación mediante el tutor. El sometido a curatela sí conserva su capacidad de obrar, pero esta requiere de un complemento mediante el curador.

En la demanda judicial se propondrá a qué institución debe quedar sometida la persona (a tutela o curatela) y qué persona (física o jurídica) que deba ocupar ese cargo, justificando que es la más idónea.

La Ley relaciona, por orden, las personas que han de ocupar este cargo. Pero si por un motivo concreto y fundamentado es conveniente la elección de una persona sin seguir el orden legal, en la demanda judicial deberá justificarse y fundamentarse esa situación excepcional.

 

Obligaciones del tutor

El tutor, al ser nombrado judicialmente y aceptar su cargo, responde ante la autoridad judicial, quien supervisa y controla su actuación.

Entre sus obligaciones, además de representar, administrar sus bienes de modo diligente y asistir al declarado incapaz, están la de cuidar de él procurándole alimentos y educación integral (según sea el caso). Deberá informar anualmente al Juzgado de la situación física, mental y económica del incapaz así como, con la misma periodicidad, rendir cuentas documentadamente de las operaciones realizadas en su nombre.

 

Problemas de la tutela

El sometimiento a tutela puede presentar problemas de orden material si el tutelado tiene cierto patrimonio ya que el tutor no es libre de realizar cualquier acto en nombre de su tuteado. En determinados casos el tutor necesita autorización judicial previa, que se concederá solo en el caso de que sea útil para el tuteado.

Algunos actos para los que el tutor necesita autorización previa judicial son estos:

  • Transmisión o gravamen de bienes (inmuebles, derechos reales, valores, acciones o participaciones sociales, propiedad intelectual o industrial, de especial valor, etc.)
  • Renuncia de créditos, herencias, legados o donaciones.
  • Aceptación de legados y donaciones modales u onerosas
  • Dar o tomar dinero a préstamo o crédito (salvo para la adquisición de un bien)
  • Otorgar arrendamiento de inmuebles por plazo superior a 15 años
  • Adquirir la condición de socios en sociedades que no limiten la responsabilidad de las personas que formen parte de ellas, así como constituir disolver fusionar o escindir estas sociedades
  • Esta autorización judicial previa puede conllevar retrasos en la realización de negocios jurídicos (por ejemplo, la venta de una vivienda) o incluso frustrarla.

Para poder realizar las operaciones de un modo dinámico, recomendamos el otorgamiento de un poder notarial antes de sobrevenir la falta de capacidad.

 


  1. La capacidad de obrar es la aptitud para el ejercicio de los derechos subjetivos y de los deberes jurídicos de los que una persona es titular.
  2. Los menores de edad, que no tienen tal capacidad, son representados por sus padres.
  3. Se presume que todos los mayores de edad tienen capacidad de obrar, por lo que su falta o limitación ha de ser probada.
  4. Quienes carezcan de esta capacidad, necesitaran de un tutor que los representen.
  5. Quienes tengan limitada esta capacidad, necesitarán de un curador que los asistan en determinados actos o negocios jurídicos.

 

Finalmente es importante decir que esta modificación judicial de la capacidad (incapacidad civil) es algo distinto al reconocimiento administrativo de una discapacidad. Esto segundo corresponde a las comunidades autónomas (no a los tribunales) y viene representado por la concesión de un porcentaje (a partir del 33%) de discapacidad, que otorga a la persona determinadas ventajas de diversa naturaleza.

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