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La notificación del acto administrativo

La notificación del acto administrativo

La correcta notificación del acto administrativo es presupuesto imprescindible de su validez. En ocasiones es tan importante estudiar la notificación de un acto administrativo concreto como el propio fondo del caso que se nos plantea.

La notificación válida es el punto de partida para recurrir un acto administrativo, para su prescripción, para su ejecución, etc. Si no es válida, nuestras herramientas son mayores para impedir la ejecución del acto.

Para que la notificación sea correcta ha de concurrir una actitud de buena fe tanto en la administración como en el administrado. El objetivo de la primera es poner en conocimiento (en su efectivo conocimiento) del segundo el acto administrativo que se pretende notificar.

 

Garantías en el modo de realizar las notificaciones

El proceso administrativo se desarrolla en función de varios principios (garantía de los administrados y eficacia de la administración) en una tensión dialéctica que en materia de notificaciones se manifiesta con especial intensidad. La primordial garantía de los interesados es tener conocimiento directo de las resoluciones que les afecten. Dado que la notificación constituye presupuesto para la eficacia del acto, el legislador ha adoptado los mecanismos que en cada caso considera adecuados para vencer las situaciones derivadas de la imposibilidad de proporcionar a los interesados ese conocimiento.

Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.

La correcta notificación del acto administrativo es un presupuesto necesario para enjuiciar la validez del propio acto, pues de lo contrario causará la indefensión del interesado frente a la administración al no poder hacer uso de sus legítimos medios jurídicos de defensa, lo cual es contrario a Derecho.

Asimismo, en aquellos supuestos en los que se respetan en la notificación todas las formalidades establecidas en las normas debe partirse en todo caso de la presunción iuris tantum de que el acto de que se trate ha llegado a tiempo a conocimiento del interesado. Ello es debido a que tales formalidades tienen como única finalidad la de garantizar que el acto o resolución ha llegado a conocimiento del interesado.

Esta presunción, sin embargo, puede enervarse en determinados casos:

  • Pese a la diligencia del administrado y al cumplimiento de las formalidades legales, éste acredite suficientemente que el acto no llegó a su conocimiento o lo hizo en una fecha en la que ya no cabía reaccionar contra el mismo.
  • Pese a no haber actuado con la diligencia debida el administrado (naturalmente se excluyen los casos en que se aprecie mala fe), concurra que la administración tampoco ha procedido con la diligencia y buena fe que le resultan exigibles.

Corresponde al administrado probar que, pese al cumplimiento de las normas que regulan las notificaciones, el acto o resolución no llegó a tiempo para poder reaccionar contra el mismo (recurrir, por ejemplo), y tal esfuerzo debe consistir en algo más que meras afirmaciones no asentadas en prueba alguna.

 

Doctrina jurisprudencial

A continuación sistematizo la doctrina del Tribunal Supremo1 sobre los casos en los que se debe o no se debe dar validez a las notificaciones.

Se trata de una materia ciertamente casuística, pero se pueden establecer ciertos parámetros que permitan abordar esta materia con una cierta homogeneidad en su tratamiento.

Algunas de las ideas principales que se destacan en orden a esa meta de homogeneidad se pueden resumir en lo siguiente:

  • La notificación tiene una gran relevancia para el ejercicio de los derechos y la defensa de los intereses que se quieran hacer valer frente a una determinada actuación administrativa.
  • La función principal de la notificación es precisamente dar a conocer al interesado el acto que incida en su esfera de derechos o intereses: lo relevante para decidir la validez o no de una notificación será que, a través de ella, el destinatario de la misma haya tenido un real conocimiento del acto notificado.

Las consecuencias finales de lo anterior son estas dos:

  • Que la regularidad formal de la notificación no será suficiente para su validez si el notificado no tuvo conocimiento real del acto que había de comunicársele.
  • Que los incumplimientos de las formalidades establecidas no serán obstáculo para admitir la validez de la notificación si ha quedado debidamente acreditado que su destinatario tuvo un real conocimiento del acto comunicado.

 

Casos y consecuencias

Con base en las anteriores ideas se subraya la necesidad de diferenciar situaciones y sentar respecto de ellas algunos criterios:

  • Notificaciones que respetan todas las formalidades establecidas: en ellas debe de partirse de la presunción iuris tantum de que el acto ha llegado tempestivamente a conocimiento del interesado, pero podrán enervarse la presunción en los casos en los que se haya acreditado suficientemente lo contrario.

  • Notificaciones que han desconocido formalidades de carácter sustancial (entre las que deben incluirse las practicadas a través de un tercero o en un lugar distinto al domicilio del interesado): ha de presumirse que el acto no llegó a conocimiento tempestivo del interesado y le causó indefensión, pero esta presunción admite prueba en contrario cuya carga recae sobre la administración.

  • Notificaciones que quebrantan formalidades de carácter secundario: en las mismas habrá de partir de de la presunción de que el acto ha llegado a conocimiento tempestivo del interesado.

Pese a los anteriores criterios, y dado que, como he dicho, la casuística hace que cada caso tenga una solución, no pueden sacarse conclusiones sin un estudio a fondo de todos los factores que rodean a la notificación. Lo más conveniente es el estudio jurídico del caso realizado a tiempo para poder reaccionar contra el acto administrativo.

 

Regulación legal

En el ámbito administrativo en general, el régimen de notificaciones viene regulado en los artículos 40 y siguientes de Ley del Procedimiento Administrativo Común2.

Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos. Pero cuando se realicen en papel, se practicarán en el domicilio del interesado (pudiendo hacerse cargo cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad). Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se intentará realizar una segunda vez a hora distinta dentro de los tres días siguientes. Si el segundo intento también resultara infructuoso, se realizará mediante un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Derecho Tributario

En el ámbito tributario, operan los artículos 110, 111 y 112 de la Ley General Tributaria3.

Lugar de práctica de las notificaciones:

  1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante o, en su defecto, en el domicilio fiscal de uno u otro.
  2. En los procedimientos iniciados de oficio, la notificación podrá practicarse en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin.

Personas legitimadas para recibir las notificaciones:

  1. Cuando la notificación se practique en el lugar señalado al efecto por el obligado tributario o por su representante, o en el domicilio fiscal de uno u otro, de no hallarse presentes en el momento de la entrega, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en dicho lugar o domicilio y haga constar su identidad, así como los empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios donde radique el lugar señalado a efectos de notificaciones o el domicilio fiscal del obligado o su representante.
  2. El rechazo de la notificación realizado por el interesado o su representante implicará que se tenga por efectuada la misma.

Notificación por comparecencia:

Cuando no sea posible efectuar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria e intentada al menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado si se trata de un procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se harán constar en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o lugar.

En este supuesto se citará al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para cada interesado, en el Boletín Oficial del Estado.

 

Notas (para volver al texto, pinche en el número de la nota):
  • 1 Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2011 (recurso de casación nº 5671/2011) y de 11 de abril de 2019 (recurso de casación nº 2112/2017)
  • 2 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
  • 3 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

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Principios de los actos administrativos: igualdad, buena fe y confianza legítima

Principios de los actos administrativos: igualdad, buena fe y confianza legítima

Introducción

Los actos administrativos han de reunir unos requisitos para que sean válidos. Entre ellos, han de ser acordes a los principios que rigen el derecho administrativo.

Algunos de esos principios son los siguientes:

  • Principio de Igualdad, amparado en la propia Constitución Española.
  • Buena Fe, obligada por los actos propios de la administración pública.
  • Confianza Legítima de los administrados en la administración pública.

 

Principio de Igualdad

El principio de igualdad es impuesto a la administración pública por el artículo 14 de la Constitución Española, así como por las normas comunitarias (en cuanto a la no discriminación entre nacionales españoles y nacionales de otros Estados de la Unión Europea).

Toda la actividad administrativa debe estar inspirada en la igualdad de todos ante la ley tanto en sentido material como formal, por sus repercusiones sobre la libertad y la propiedad privada, y sin perjuicio de que en la actuación administrativa se puedan plantear tratamientos diferenciados para conseguir resultados que promuevan la igualdad real.

La igualdad ante la Ley constituye el presupuesto fundamental del ordenamiento jurídico en los Estados democráticos de Derecho. Toda discriminación vulnera el principio de igualdad: la desigualdad carente de una justificación objetiva y razonable constituye una discriminación contraria a Derecho.

No hay justificación objetiva y razonable si el trato diferente no tiene una finalidad legítima (amparada por la Constitución) o si no hay una relación de proporcionalidad entre el trato distinto y el fin perseguido.

La discriminación consiste, pues, en tratar de manera diferente a personas en situaciones similares sin que exista una justificación objetiva y razonable. 

La igualdad no solo es un derecho fundamental de todas las personas, sino que constituye un principio constitucional que garantiza el ejercicio de los demás derechos fundamentales. Y es que, sin igualdad no hay garantías fundamentales, por lo que la aplicación de los derechos queda a merced de la arbitrariedad del Estado, concediendo selectivamente la posibilidad de ejercerlos.

 

Principio de los Actos Propios y de protección de la Confianza Legítima

Un organismo de la administración pública no puede ir en contra de lo que ha reconocido previamente, frustrando con ello las expectativas previamente creadas para con el administrado o ciudadano de buena fe.

El artículo 3.1.e de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público establece el siguiente principio: «Las Administraciones Públicas […] deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: […] Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional»4.

El núcleo de la teoría del acto propio se halla en las expectativas legítimas. Son requisitos de aplicación los siguientes condicionantes:

  • Que los actos propios sean inequívocos, en orden a que intersubjetivamente pueda determinarse el sentido de los actos del agente.
  • Que entre la conducta anterior y la pretensión actual exista una incompatibilidad o una inconsecuencia, según el sentido que, de buena fe, hubiera de atribuirse a la conducta anterior.
  • Que sea razonable la generación de la expectativa primigenia, considerando todas las razones disponibles.
  • Que se produzca la frustración de tal clase de expectativa.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha desarrollado este principio aplicable al derecho administrativo de modo unívoco: los principios que las administraciones públicas han de respetar en su actuación de buena fe y de confianza legítima (derivados del principio de seguridad jurídica) consisten en que la actuación de las administraciones públicas no puede ser alterada arbitrariamente5.

La llamada doctrina de los actos propios o regla que decreta la inadmisibilidad de venire contra factum propium, surgida originariamente en el ámbito del Derecho privado, significa la vinculación del autor de una declaración de voluntad, generalmente de carácter tácito, al sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio. Esto encuentra su fundamento último en la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno (de la administración en este caso) y la regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en el comportamiento. Es, en esencia, un límite al ejercicio de los derechos objetivos. Es lo que se conoce como principio de protección de la confianza legítima6.

Ante dos situaciones idénticas la administración pública no puede dar dos soluciones distintas

Si la administración desarrolla una actividad de tal naturaleza que pueda inducir razonablemente a los ciudadanos a esperar determinada conducta por su parte, resultaría quebrantada la buena fe en que ha de inspirarse la actuación de la misma y defraudadas las legítimas expectativas engendradas en el administrado en torno a la futura conducta de la administración.

El concepto de confianza legítima constituye en la actualidad, desde la sentencia del TJCE 13/7/1965, un principio general de Derecho Comunitario que finalmente ha sido objeto de recepción por el Tribunal Supremo desde 1990 en nuestra legislación. La doctrina sobre el principio de protección de confianza legítima comporta el que la autoridad pública no pueda adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida por la razonable estabilidad en las decisiones de aquélla, y en función de las cuales los particulares han adoptado determinadas decisiones.

Tanto el principios de buena fe como el de confianza legítima en las relaciones administrativas han sido acogidos de una forma decidida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y encuentran su fundamento último en la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno y el deber de coherencia de dicho comportamiento.

 

Caso práctico

Como ejemplo práctico mencionamos el que nos resolvíó el Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana mediante sentencia de 27 de noviembre de 20077:

Planteados los términos de debate y partiendo de los hechos relatados, debemos entender que la Administración, al declarar la incompatibilidad de las concesiones en las explotaciones en litigio, ha ido contra sus actos propios, pues si en un momento anterior a la resolución las declaró no incompatibles. Hacerlo en un momento posterior implica la vulneración de tal principio, que admite el Tribunal Supremo al considerar que el principio de buena fe protege la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno e impone el deber de coherencia en el comportamiento propio. Lo que es tanto como decir que dicho principio implica la exigencia de un deber de comportamiento que consiste en la necesidad de observar de cara al futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever y aceptar las consecuencias vinculantes que se desprenden de los propios actos, constituyendo un supuesto de lesión a la confianza legítima de las partes venire contra factum propium.

Notas (para volver al texto, pinche en el número de la nota):
  • 1 Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2011 (recurso de casación nº 5671/2011) y de 11 de abril de 2019 (recurso de casación nº 2112/2017)
  • 2 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
  • 3 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
  • 4 El art. 3.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, vigente hasta el 2 de octubre de 2016, establecía: «Las Administraciones públicas […] deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima»
  • 5 Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2012 (y las anteriores de 1 de febrero de 1990, 13 de febrero de 1992, 17 de febrero, 5 de junio y 28 de julio de 1997 y 22 de enero de 2007), todas la la Sala Tercera
  • 6 Sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de abril de 1988, nº 73/1988
  • 7 Sentencia nº 1715/2007, 27 de noviembre, dictada por la Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, del Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana (recurso nº 1818/2004)

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Cómo contar los días de un plazo

Cómo contar los días de un plazo

¿Cómo contar el plazo para devolver algo que he comprado? O ¿cómo contar el plazo para contestar un requerimiento, o interponer un recurso? … o ¿cómo hacerlo cuando he de notificar la resolución del contrato de arrendamiento?
Estas son preguntas que a menudo nos hacemos cuando llega el momento de computar un plazo; y si no nos las hacemos creyendo saber cómo contar los días o los meses, es posible que nos equivoquemos. El mundo de los plazos es complejo, pues hay varios modos de computarlos, pero en cada caso concreto solo uno es el correcto.

 

Para empezar, hemos de distinguir los distintos tipos de “días” que hay para contar:

  1. Días naturales: Se cuentan todos los días, sean laborales, festivos, domingos, vacaciones, etc.
  2. Días hábiles: Se cuentan todos los días salvo los festivos y los sábados y domingos (que son festivos realmente).
  3. Días hábiles procesales (para el proceso civil y otras jurisdicciones): Se cuentan todos los días salvo los festivos y los sábados y domingos, los del mes de agosto, así como el 24 y 31 de diciembre -por lo que ya no son tantos ‘todos’-.)

Y ahora conviene explicar cuál es el primer día en que se empieza el cómputo, y cuál es el último del cómputo, debiendo distinguir si el plazo se expresa en días o en meses (o años):

  1. Si el plazo se expresa en días, el primero a contar es el día siguiente al que se haya recibido la notificación, o se haya hecho la compra, etc. A partir de ese día inicial se cuentan los días a que se refiere el plazo (considerando los tipos de días que hay que tener en cuenta según ya hemos explicado: naturales o hábiles), finalizando el plazo el último día que hayamos contado.
  2. Si el plazo se expresa en meses o años, el plazo se computa de fecha a fecha. Es decir, el primer día del cómputo comienza en el día en que se haya recibido la notificación, o realizado la compra, etc. y finaliza el mismo día del mes que corresponda según el plazo dado en meses, o el mismo día del mismo mes que corresponda según el plazo dado en años.

Artículo 5 del Código Civil:
Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente; y si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes.
En el computo civil de plazos no se excluyen los días inhábiles.

Pongamos algunos ejemplos:zapatos

  • Has comprado unos zapatos el 13 de mayo de 2017, y al llegar a casa resultan no ser tan cómodos como en la tienda te parecieron. Compruebas el ticket de compra y ves que en esa tienda dan un plazo de 15 días para devolverlos. ¿Hasta cuando puedes devolverlos? En primer lugar hemos de tener presente que se trata de un plazo de orden civil, y que por tanto no se excluyen los días inhábiles (salvo que en el ticket se indique lo contrario). Por tanto, el primer día del cómputo es el día siguiente al de la compra: el 14 de mayo, y que has de contar todos los días. Así, el plazo finaliza el 28 de mayo de 2017. Pero ¡el 28 de mayo es domingo! ¿Qué hacer? Si la tienda abre ese domingo, ese es el último día para devolverlo, pues se cuentan todos los días. Si no abre, como no puedes ir a cambiarlo el plazo finaliza el siguiente día que esté la tienda abierta.
  • Ese mismo día has recibido una notificación de Hacienda por la que conceden un plazo de 15 días hábiles para hacer alegaciones. ¿Cuál es el último día en que puedes hacer alegaciones? Consideramos el primer día del plazo es el día hábil siguiente, es decir, el lunes 15 de mayo de 2017. A partir de ahí, contamos 15 días hábiles (excluimos los sábados, domingos y las fiestas), y resulta que el último día es el viernes 2 de junio de 2017.

En el cómputo por meses o años tenemos menos complicaciones:

  • Si ese mismo día 13 de mayo de 2017 (qué día tan ajetreado) has recibido un requerimiento de tu casero para abandonar la vivienda en el plazo de un mes, ¿cuando acaba el plazo? El 13 de junio de 2017.
  • ¿Y si el requerimiento lo recibes el 31 de mayo de 2017? … No, el 31 de junio no, que no existe: sino el último día de ese mes: el 30 de junio (y no al día siguiente -1 de julio- como erróneamente algunos creen).
  • ¿Y si el plazo es de un año? el plazo finaliza 13 de mayo de 2018; y si la recibimos el 31 de mayo, pues ese mismo 31 de mayo pero del año siguiente.

Existe el error generalizado de creer que el plazo de 30 días es equivalente al plazo de un mes. Y computando correctamente dichos plazos vemos que arrojan resultados distintos. No es lo mismo un plazo de un mes y un plazo de 30 días. Pongamos el ejemplo de una notificación recibida el 23 de mayo de 2017:

  • Plazo de un mes: De fecha a fecha, por tanto el plazo finaliza el 23 de junio de 2017.
  • Plazo de 30 días naturales: Se inicia el cómputo el día siguiente 24 de mayo, y contando desde ése los 30 días resulta ser el último del plazo el 22 de junio (¡un día menos!).
  • Y si hemos de considerar el plazo de 30 días hábiles, el resultado es más interesante, ya que no contamos ni sábados, ni domingos ni festivos: 4 de julio de 2017 (ello sin considerar ninguna fiesta local que pudiera haber).

No obstante lo anterior, las cosas pueden no ser tan sencillas, pues existen reglas especiales, por ejemplo:

  • Si el plazo lo concede una administración pública, la exclusión de los días inhábiles implica tanto los días que sean inhábiles en nuestro municipio de residencia como los inhábiles en el municipio donde la administración tenga su sede (sean días inhábiles locales o de ámbito de la comunidad)  (recordemos que existen fiestas de ámbito nacional, de ámbito de las comunidades autónomas y de ámbito local).
  • Si en el plazo se cuentan todos los días (días naturales), o es por meses o por años, pero el último día del plazo resultara ser inhábil, se entiende que el plazo finaliza al día siguiente hábil a aquel.

En cualquier caso, el mejor consejo es no agotar los plazos hasta el último día, vaya a ser que no se haya realizado bien el cómputo.

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10 razones para consultar con un abogado

10 razones para consultar con un abogado

Tener un problema legal no debería ser la justificación para acudir a un abogado. La justificación ha de ser solicitar asesoramiento para evitar el problema. Los abogados resolvemos los problemas legales de nuestros clientes, si; pero también los evitamos mediante la consulta y asesoramiento previo. Es lo que en el mundo jurídico se conoce como abogacía preventiva.

Ahora enunciamos diez razones por las que muchas personas no acuden a un abogado, que se convierten realmente en diez razones para consultar con un abogado:

1. Es un contrato sencillo

Pensará que no necesita un abogado para redactar un contrato de arrendamiento o un contrato de entrega de una señal para la compra de una vivienda, pues parece algo muy sencillo. Pero hasta el contrato que pueda parecer más sencillo ha de contener ciertas clausulas que protejan sus derechos. O puede redactarlo incluyendo cláusulas que desconociendo su significado y trascendencia jurídica le reporte posteriormente perjuicios. Solo el abogado tiene una visión de conjunto de la transcendencia jurídica de cualquier paso que usted pueda dar.  

2. Bricolaje

El famoso corta y pega de aquí y de allá. Cree que puede redactar un documento cogiendo ideas de aquí y de allá. Pero el resultado será algo parecido al monstruo de Viktor Frankstein. El bricolaje es muy entretenido, pero es un hobby o pasatiempo. No debe hacer bricolaje con los asuntos jurídicos. Los abogados no lo hacemos.

3. Tener un familiar que sabe de estas cosas

¿Quién no tiene un familiar que dice que entiende de cuestiones jurídicas (quizás porque tenga un pequeño negocio o algunos estudios)? Seguramente no sabrá nada, pero la ignorancia es muy osada. Cada persona está cualificada para asesorar sobre su profesión, y para los temas jurídicos las personas cualificadas son los abogados. ¿Y un hijo que estudia derecho?

4. Hay Información en redes sociales

Hoy todo el mundo pertenece a una o varias redes sociales. Y por las redes circulan consejos legales que provienen … ¿de quién? usted no lo sabe. A diario leemos muchas barbaridades, que si usted las atiende podrán crearle un problema jurídico muy serio. Solo debe atender a aquellos consejos que provengan de un abogado, pero considere que cada situación personal es distinta por lo que nunca deberá tomar una decisión sin exponerle su caso concreto  

5. La ley no exige la intervención de abogado

Hay determinados procesos judiciales para los que la ley no exige la intervención de un abogado (por ejemplo una reclamación de poca cuantía o un juicio por delito leve). Pero que no lo exija no es sinónimo de que no sea conveniente que usted vaya de la mano de un abogado (y más cuando posiblemente la parte contraria sí esté asistida por un abogado). Por ejemplo: para reclamar 1.900 euros la ley no exige la intervención de abogado, y para reclamar 2.100 euros, sí; y ambas reclamaciones pueden tener el mismo fundamento jurídico que solo el abogado sabrá invocar.

6. Hay confianza con la otra parte

Usted va a firmar un contrato con alguien con la que tiene suficiente confianza y sabe (cree) que nunca tendrá problemas con ella. Le digo: desengáñese, en el mundo jurídico no puede fiarse de nadie (absolutamente de nadie); por eso necesita tener un contrato perfectamente redactado. Y desconfíe cuando una persona le dice para no acudir a un abogado: “¿es que no te fías de mí?” Pues no se fie, no lo haga.

7. El asesoramiento de un funcionario

Los hay con muy buena voluntad que le pueden dar un consejo, ¿pero ese consejo es acertado? ¿o es el mejor consejo para su caso? Suponemos que el funcionario hace bien su trabajo (no lo dudamos), pero su trabajo no es asesorarle a los administrados (a usted). No tiene preparación para ello y puede ocasionarle más problemas que beneficios. En muchas ocasiones hemos tenido un caso complicado porque inicialmente nuestro cliente actuó siguiendo el consejo de un bienintencionado funcionario.

8. Consultas en foros de internet

Lo más peligroso. Allí todo el mundo opina, la mayoría basándose en su propia experiencia, pero nadie sabe cuál es su caso concreto. Recuerde que no todos los casos son iguales y que usted al exponer el suyo puede olvidar alguna circunstancia importante por lo que la respuesta no sea la adecuada. En ocasiones los abogados dan respuestas en esos foros, pero siempre piden una consulta personalizada para el correcto asesoramiento.

9. Los abogados son caros

No hay nada más incierto como esa afirmación. Es más, los abogados somos muy rentables. Un adecuado asesoramiento o intervención a tiempo es incluso barato, pues ha de considerar el interés económico del, por ejemplo, contrato que va a firmar.

10. Gestores, asesores y otros

Muchas personas creen que para determinados asuntos los gestores son más adecuados, y además son más baratos (véase el nº 9). Lo mismo le podemos decir de esos asesores que nadie sabe lo que son. Pero la experiencia nos dice que saben lo justito y no más (A, B y C), e incluso que si se aventuran a D, E, etc, … le ocasionarán un gran problema.

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