Desplazamiento de trabajadores a Finlandia

Desplazamiento de trabajadores a Finlandia

Desplazamiento de trabajadores a Finlandia

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Es una buena oportunidad para las empresas españolas realizar trabajos en Finlandia. A continuación damos algunas claves.

 

Representante del empleador

Una empresa extranjera que envíe trabajadores a Finlandia debe tener un representante en ese Estado para los trabajadores desplazados y para las autoridades durante el período de desplazamiento. La empresa también debe tener disponible en Finlandia información sobre la propia empresa y sobre los trabajadores desplazados durante dicho periodo.

El representante debe estar facultado para actuar en nombre de la empresa ante los Tribunales de Justicia y recibir en nombre de la empresa citaciones y otros documentos emitidos por las autoridades. El representante no es responsable de cumplir con las obligaciones del empleador.

 

Notificación del desplazamiento de trabajadores

Antes de que comience el trabajo en Finlandia, la empresa debe notificar a las autoridades de Seguridad y Salud Ocupacional el desplazamiento de los trabajadores.

La notificación se puede realizar inmediatamente después de firmar el contrato con el trabajador, pero antes de que comience el trabajo acordado en el contrato.

La notificación no es necesaria cuando los trabajadores sean transferidos dentro de la empresa por un máximo de cinco días, excepto cuando opere en el sector de la construcción.

En caso de que haya cambios sustanciales en la información dada por la empresa, para poder continuar el trabajo ha de enviar previamente una notificación complementaria sobre los cambios habidos. Los cambios sustanciales se refieren al cambio de representante, lugar de trabajo, número de trabajadores o socio contractual.

>>>  Trabajar en Finlandia

 

 

Obligaciones fiscales de la empresa extranjera en Finlandia respecto de sus trabajadores

Una empresa extranjera con un establecimiento permanente en Finlandia está obligada a retener determinada cantidad del salario de sus empleados en Finlandia a cuenta de sus impuestos. De acuerdo con una práctica normal, el empleador realizará la retención de impuestos sobre el salario bruto del trabajador en función del porcentaje establecido en el certificado de retención de impuestos (verokortti) que el trabajador puede obtener de la oficina de impuestos. Si el trabajador no obtiene el certificado, el empleador le retendrá el 60% del salario.

En el caso de que el trabajador no sea residente, se aplicará una tipo fijo del 35%, salvo que este haya solicitado la aplicación de los tipos progresivos que se aplican a los residentes. Esto es posible en el caso de ciudadanos de la UE así como de ciudadanos de los países que tienen un tratado fiscal con Finlandia.

El empleador debe ingresar la cantidad retenida en la Administración Tributaria finlandesa voluntariamente. Además, debe presentar un informe de pago de salarios al Registro de Ingresos de Finlandia (Tulorekisteri) antes del quinto día después de realizar el ingreso de las retenciones.

El empleador con un establecimiento permanente en Finlandia también tiene la obligación de registrarse como tal en el Registro de Empleadores (Työnantajarekisteri) si paga salarios al menos a dos personas de manera permanente, o al menos a seis personas simultáneamente si las relaciones laborales son a corto plazo.

 

Incumplimiento de obligaciones

Puede haber sanciones graves en caso de incumplimiento. Si el empleador no ha retenido el impuesto sobre los salarios, el monto no pagado puede ser tratado como los impuestos propios del empleador y, por lo tanto, cobrarse al empleador.

También hay consecuencias relacionadas con la presentación de informes fuera de plazo o no presentación. En este último caso, la administración tributaria finlandesa puede estimar la cantidad a pagar, así como imponer un recargo.

Las obligaciones mencionadas anteriormente han de ser tratadas por el empleador con celo para evitar consecuencias perjudiciales. Si hay algún incumplimiento, el asunto debe resolverse con las autoridades fiscales lo antes posible para evitar el pago de recargos y multas.

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En una sociedad de capital1 (sociedad limitada o sociedad anónima, por ejemplo) el socio minoritario está frecuentemente maniatado por los socios que representan las mayoría, que son los que controlan la sociedad. No obstante, tiene reconocidos una serie de derechos que puede ejercitar ante la sociedad en amparo de sus intereses tanto políticos como económicos2.

Estos derechos han de ejercitarse con cautela y mesura, pues no es admisible tampoco el llamado «abuso de la minoría» que pueda entorpecer el normal desarrollo de la sociedad de capital.

Ha de primarse el interés social sobre el interés particular, salvo cuando este último se ejercita legítimamente

 

Reparto de dividendos

De contenido económico, es el principal derecho del socio que no interviene en el control de la sociedad. En muchos casos, la razón de ser socio viene por la participación en las ganancias. Así, es nulo cualquier acuerdo social que excluya indefinidamente el reparto de dividendos.

La problemática para disfrutar de este derecho es que requiere un acuerdo expreso de la Junta de la sociedad. Y es ahí donde empiezan los problemas: lo que a unos (los minoritarios) les interesa, probablemente no interese a los otros (los mayoritarios, que pueden obtener beneficios indirectos evitando el reparto).

El acuerdo social para reparto de dividendos ha de observar algunas condiciones. Tras el reparto de dividendos, el patrimonio neto de la sociedad no puede ser inferior al capital social. A sensu contrario, hasta ese límite sí se pueden repartir beneficios. Además, los beneficios jamás podrán ser a costa del patrimonio neto de la sociedad, solo a costa de las reservas disponibles.

La alternativa a la distribución de beneficios es la constitución de reservas voluntarias de la sociedad o suspenderlas por tiempo definido con fundamento a las necesidades de la empresa. Y es aquí donde el socio minoritario tiene un arma para conseguir el reparto: impugnar el acuerdo por abuso de derecho por los mayoritarios. El no reparto de beneficios, en definitiva, ha de tener un fin concreto y justificado.

 

Derechos de los socios

Además del ya comentado, legalmente se le reconocen otros derechos exigibles frente a la sociedad dirigida por la mayoría. Pueden tener una función de verdadera fiscalización. Entre los más importantes, que podrán ser ejercitados concurriendo los requisitos necesarios, destacamos:

  • Ejercicio de la acción de responsabilidad por la realidad de las aportaciones no dinerarias y el valor que se les haya atribuido.
  • Solicitar la convocatoria de Junta General de la sociedad.
  • Solicitar informes o aclaraciones acerca de los asuntos que se van a tratar en la Junta General según consten en el orden del día. Frente a este derecho, el órgano de administración de la sociedad no puede oponerse alegando que la publicidad solicitada perjudica los intereses sociales.
  • Requerir la presencia de un notario que levante acta de la Junta General.
  • Impugnar los acuerdos nulos y anulables del consejo de administración.
  • Examinar la contabilidad de la sociedad. El socio podrá estar asistido de un experto contable y tendrá acceso a los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas.
  • Nombramiento, con cargo a la sociedad, de un auditor de cuentas.

 

Derecho de veto del socio minoritario

Existe una especie de derecho de veto en la adopción de determinados acuerdos sociales. Así, en algunos casos se exige la unanimidad para su adopción. Ello supone en la práctica que cualquier socio tiene la facultad de decidir con su voto que el acuerdo propuesto no sea aprobado. Entre tales acuerdos, mencionamos:

  • Aumento del capital social que se realice elevando el valor nominal de las participaciones sociales (salvo que se realice con cargo a las reservas o beneficios de la sociedad).
  • Reducción de capital que no afecte por igual a todas las participaciones.
  • Devolución de capital por restitución de aportaciones a los socios que no se efectúe a prorrata de las respectivas participaciones sociales.
  • Modificación de los estatutos introduciendo causas de separación o exclusión de los socios no previstas legalmente.
  • Percepción por los socios de la cuota resultante de la liquidación en bienes distintos del dinero.

 

Consentimiento expreso

Otro medio de protección del socio es la necesidad de su consentimiento expreso para que determinados acuerdos puedan ejecutarse frente a él. Ello será cuando el acuerdo le afecte individualmente.

Tales casos son la creación, modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias, sea mediante acuerdo o modificación de los estatutos; así como cualquier modificación de los estatutos que afecte a sus derechos individuales.

Pero no serán inválidos los acuerdos adoptados sin el consentimiento del socio, solamente resultarán no exigibles frente a él. Aunque por la propia naturaleza del acuerdo, en muchas ocasiones no podrá llevarse a efecto en absoluto sin el consentimiento.

 

Por tanto, vemos cómo el socio minoritario sí es alguien en la sociedad, legalmente tiene diversas posibilidades de intervenir en la sociedad, y de protegerse frente a ella ante acuerdos que le perjudiquen. 

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Introducción

En la relación entre socios de una entidad mercantil cada vez cobra más importancia los pactos parasociales1. Los pactos parasociales, o acuerdos extra-estatutarios, son acuerdos adoptados entre los socios (todos o algunos) de una sociedad con el objetivo de regular ciertos aspectos no establecidos estatutariamente, así como complementar o especificar las relaciones internas, legales o estatutarias por las que se rige ésta. Son necesarios para el mejor desarrollo de las relaciones entre los socios, y de estos con la sociedad.

Los pactos parasocialales poseen un carácter autónomo y accesorio

Los pactos han de estar perfectamente redactados para que su aplicación, exigencia y cumplimiento de obligaciones sea ágil y efectivo. No dejan de ser un contrato entre los socios en el que se regulan derechos y obligaciones. Pero no todos los pactos parasociales que llegan a nuestras manos están redactados de forma comprensiva de todas las situaciones posibles (o al menos, las más comunes). Ello se debe a la falta de costumbre y experiencia en este tipo de documentos.

Puede darse el caso que uno de los socios no cumpla con sus obligaciones contenidas en el contrato. A falta de regulación en el propio contrato para resolver esta situación, la Ley nos ofrece varias herramientas o acciones.

 

 

Clases de pactos parasociales

  • Pactos de relación: Regulan las relaciones directas de los socios (acuerdos de adquisición preferente, obligación de ceder o adquirir participaciones en determinadas situaciones, pactos de no agresión, etc.)
  • Pactos de atribución: Atribuyen ventajas a la sociedad (pactos de obligación adicional de financiación a la sociedad por los socios, pactos de no competencia, etc.)
  • Pactos de organización: Regulan la organización y funcionamiento de la sociedad, estableciendo el marco necesario para la toma de decisiones en el desarrollo del negocio (composición del órgano de administración, pactos sobre disolución de la sociedad, pactos sobre quórums reforzados, etc.)

 

 

Pactos suscritos por parte de los socios. Acciones frente a su incumplimiento

Nos vemos en la esfera del Derecho Civil, donde los socios que podrán ejercer acciones civiles entre ellos.

 

Acción de cumplimiento forzoso

El socio que se vea perjudicado por el incumplimiento de otro socio podrá requerir a éste para que cumpla con su obligación. Caso de desatender el requerimiento, tendrá una acción frente a él que podrá ejercer ante los Tribunales de Justicia.

El gran iconveniente de esta vía es el tiempo necesario para ver satisfechas las expectativas. Los Tribunales no son nada rápidos, por lo que su ejercicio, como primera opción, no es ágil.

 

Acción de indemnización de daños y perjuicios

Dependiendo de la naturaleza del incumplimiento sí puede ser una solución más atractiva que la anterior, puesto que la vida de la sociedad continuará su curso pero a medio plazo el socio será indemnizado. En estos casos, el incumplimiento ha de ser fácilmente cuantificable económicamente para que prospere de la mejor manera la acción.

Estaríamos en un caso ante el que el socio perjudicado soportaría realmente las consecuencias del incumplimiento, pero se vería económicamente indemnizado.

En cualquier caso, se ve la importancia de incluir este mecanismo en el propio contrato con fines disuasorios para el incumplimiento. Incluso en el propio contrato se puede especificar la cuantía indemnizatoria o, al menos, las bases para su cálculo.

 

Acción de remoción

Será aplicable cuando el incumplimiento del socio se manifiesta con una acción, y no con una omisión (como lo sería en el primer caso de los expuestos).

Ante una acción expresa que contraviene lo contratado, además de la acción indemnizatoria antes expuesta, el socio perjudicado puede solicitar de los Tribunales que se rehaga lo mal hecho del modo correcto según lo estipulado en los pactos parasociales.

La principal dificultad de esta solución recae en el derecho que terceras personas ajenas a la sociedad pueden adquirir con la acción primera del socio que incumple. Esta acción no puede afectarle, salvo que se tomen las debidas cautelas de modo urgente.

 

Resolución del contrato de los pactos parasociales

Ante el incumplimiento puede plantearse la resolución del contrato, esto es, de los pactos parasociales. Lo más efectivo para ello es que esta opción esté recogida en el propio contrato.

Dependiendo de cual sea la situación social y relación entre socios, esta puede ser la solución más conveniente. El socio que se ve afectado por un incumplimiento (socio en el que se habían generado unas expectativas en la acción del otro socio) dejará en el futuro de albergar tales expectativas.

Esta resolución también puede llevar aparejada una indemnización por daños y perjuicios.

 

 

Pactos parasociales suscritos por todos los socios

Las acciones expuestas no son, a la vista queda, soluciones perfectas. El mejor mecanismo para la protección de los pactos parasociales es que éstos tengan la fuerza necesaria para prevenir/disuadir su incumplimiento.

La verdadera fuerza de este tipo de contratos está en que sea omnilateral, es decir, firmado por todos los socios, e incluso por la sociedad. Así podrán ser oponibles frente a lo sociedad (no limitándose a una relación privada entre socios). El socio cumplidor podrá impugnar el incumplimiento de otro socio por la propia vía de la sociedad.

Aun así, la oponiblilidad de los pactos para sociales frente a la sociedad no es fácil. Según qué casos, los Tribunales exigen que, además de la infracción del contrato, se infrinja la Ley, los Estatutos sociales o que el incumplimiento lesione en beneficio de uno o varios socios (o de un tercero) los intereses de la propia sociedad. Este último caso es difícil de determinar en no pocas situaciones; podrá concurrir cuando el acuerdo adoptado infringiendo el contrato se imponga de modo abusivo por la mayoría en su interés propio (y no de la sociedad) y en detrimento de los otros socios.

 

 

Recomendaciones

En cualquier caso, como en todos los ámbitos jurídicos, el incumplimiento plantea dificultades de conviencia (en este caso social) y de reparación. No cabe duda que los pactos suscritos por todos los socios van a ser más ágiles y efectivos que los suscritos solo por parte de algunos de ellos.

Por lo tanto, es recomendable que el contrato sea suscrito simultáneamente a la constitución de la sociedad, al igual que se redactan los Estatutos. Ofrecen a las sociedades mercantiles mecanismos con los que mejorar su negocio, facilitar la relación entre los socios y  dar respuesta a problemas que afecten a su funcionamiento. Son, además, una herramienta de gran valor para los socios minoritarios.

El contrato ha de contener medidas que por sí misma eludan el incumplimiento, entre ellas opciones de compra o cláusulas penales.

La evolución doctrinal y jurisprudencial, aunque contradictoria, avanza hacia la unión de los ámbitos societario y contractual en el contexto de los pactos parasociales, consecuente con las demandas actuales de las sociedades, otorgando mayor eficacia y oponibilidad a los mismos.

 

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Si le ha llamado la atención la fotografía y se ha preguntado qué relación tiene con la planificación patrimonial, le puedo decir que mucha. Piense la razón mientras lee.


¿Qué es la planificación patrimonial?

La planificación patrimonial nos permite adquirir de modo óptimo el patrimonio, o preservar el ya adquirido, sea personal o empresarial, conservarlo y obtener de él mediante su correcta administración el mayor rendimiento (maximizando ingresos y sobre todo minimizando gastos -carga de impuestos-), y garantizar su transferencia a la siguiente generación. Para ello, nos servimos de un conjunto de herramientas que aplicaremos de modo proactivo.

La Planificación patrimonial  consiste en elaborar anticipadamente un modelo de actuación para organizar y dirigir la gestión de parte o de la totalidad del patrimonio presente y futuro de una persona, con la finalidad de mantener o incrementar su valor, y lograr su transmisión ordenada a quienes deban recibirlo en su momento

Esas herramientas son de distinta naturaleza: fiscal (impuestos), sucesoria (transmisión entre vivos o por herencia), de gestión, etc. Pueden aplicarse tanto a grandes patrimonios como a pequeños patrimonios familiares (incluso el formado por una vivienda y poco más).

La planificación se puede realizar antes de adqurir el patrimonio, adaptándola conforme va creciendo y van cambiando la estructura de la familia y las necesidades, o también una vez adquirido, realizando los ajustes necesarios.

En definitiva, la planificación patrimonial persigue el bienestar del individuo y de su familia ya que le proporciona tranquilidad y seguridad al preservar su patrimonio, al poder obtener la renta esperada, al poder transmitirlo sin grandes costes, al conseguir los objetivos marcados, y, especialmente, al evitar conflictos familiares.

Es exigencia de responsabilidad tomar las medidas adecuadas.

 

Estructura de la familia

La familia moderna ha evolucionado hacia una composición más compleja, lo que exige una mejor planificación del patrimonio para garantizar su subsistencia. Es habitual que hijos se trasladen a vivir a otros países, adquiriendo su residencia, lo cual introduce un elemento internacional a tener en consideración en cuanto a la legislación aplicable. La tasa de rupturas matrimoniales es elevada, existiendo segundos y terceros matrimonios, lo cual también incide en el patrimonio familiar; o las nuevas formas de parejas (la misma convivencia en pareja) también afectan al patrimonio familiar.

Incluso en familias de estructura más sencilla, o de estructura clásica, concurren circunstancias en las que el patrimonio puede estar amenazado (especialmente por su gestión y por su sucesión).

La planificación patrimonial es un acto necesario de responsabilidad que evitará problemas presentes y futuros en el ámbito familiar y empresarial, y, especialmente, un importante ahorro económico

Según estadísticas de ámbito nacional, un patrimonio es formado en una primera generación. En la mayoría de los casos, la segunda generación lo preserva (si bien disminuyéndole su valor). Pero se pierde en la tercera generación. Por qué se pierde el patrimonio? La causa principal es una incorrecta transmisión: la carga fiscal (los impuestos pagados), la falta de liquidez, la escasa preparación de la siguiente generación, y la herencia a favor de varias personas (herederos).

En definitiva, el patrimonio no perdura por no estar correctamente estructurado y planificado.

Implementando estructuras de planificación adecuadas, lo que necesariamente precisa conocer las distintas legislaciones que puedan ser aplicables (si concurre un elemento internacional), la estructura de la familia y la naturaleza del propio patrimonio, las amenazas pueden ser eludidas.

Por tanto, la familia ha de planificar su patrimonio, estructurándolo adecuadamente, y ello solo se consigue mediante el debido asesoramiento de lo que se llama en el mundo del Derecho una Family Office.

 

Circunstancias que afectan al patrimonio

Hay muchas circunstancias que pueden afectar a la gestión y continuidad del patrimonio. Podemos entenderlas como amenazas que habrá que preverlas y poner los medios necesarios para que no terminen afectando.

Enuncio algunas: hijos menores que puedan heredar por un temprano fallecimiento, hijos discapacitados, falta de liquidez para afrontar gastos imprevistos, divorcio, injerencia de los cónyuges de los hijos, modo de distribuir el patrimonio, sucesión en su administración, endeudamiento excesivo, crisis económica global o del sector, etc.

>>>  Modificación de la capacidad de obrar. El tutor

 

Otro problema importante que afecta al patrimonio es el de la congelación de los activos cuando concurre un fallecimiento o un divorcio conflictivos y que son sometidos a juicios. Dejar de ser ágiles desemboca en pérdidas de oportunidades.

Estas circunstancias solamente pueden ser ignoradas si, antes de que puedan ocurrir, se han tomado las medidas necesarias mediante un Protocolo. Se trata de que las incidencias externas al propio patrimonio no le afecten.

 

Aspectos en los que ha de operar la planificación

Hemos de comenzar por considerar si el patrimonio aún no se ha adquirido o se va a planificar el ya adquirido, o incluso si se va a expandir el mismo. También hay que estudiar la naturaleza del patrimonio y sus componentes (inmuebles, negocios, valores, etc.). No puede olvidarse si concurren elementos extranjeros (y aunque no concurran, nunca hay que descartarlos).

La planificación ha de incidir en todo lo que pueda afectar al patrimonio:

  • Asuntos personales con transcendencia patrimonial: matrimonio y su régimen económico elegido; efectos de la separación matrimonial; incapacidad sobrevenida, fallecimiento, etc.
  • Todo ingreso conlleva una carga fiscal: el pago de impuestos. La optimización fiscal es una de las bases más importante de la planificación.
  • Riesgos empresariales: en el caso de tener una empresa, el negocio está siempre expuesto a riesgos del mercado. La planificación no solo ha de incidir en minimizarlos, sino en evitar que pueda afectar al resto del patrimonio.
  • Sucesión personal: quién se hará cargo del patrimonio y bajo qué condiciones (por ejemplo, si procede su fragmentación o mantenerlo unido -y en este caso, el modo de control-).

 

Herramientas

Son muchas la herramientas que podemos utilizar en la planificación patrimonial.

En primer lugar hay que realizar un análisis del patrimonio (composición, estructura) así como de la familia y de los objetivos. También hay que analizar las amenazas concretas de ese patrimonio. Solo entonces se pueden elegir las formulas y herramientas adecuadas.

>>>  Exclusión del excónyuge en la administración de bienes que heredarán los hijos

 

Enumero algunas (obviamente no todas concurrirán en una planificación concreta):

  1. Sociedad mercantil
  2. Trust para salvaguardar y transmitir los bienes entre generaciones
  3. Fundación para desarrollar actividades filantrópicas
  4. Seguro de vida
  5. Fondo de inversión
  6. Protocolo Familiar
  7. Testamento, no solo de los propietarios, sino de sus herederos. Elección de la ley nacional aplicable
  8. Pacto Sucesorio, la herramienta desconocida que garantiza una sucesión sin sobresaltos
  9. Fideicomisos
  10. Poder preventivo para caso de incapacidad sobrevenida
  11. Testamento Vital
  12. Autotutela
  13. Incapacitación Civil (nombramiento de curador o tutor)
  14. Usufructo
  15. Elección del lugar de residencia
  16. Capitulaciones matrimoniales (más allá de la mera opción de algún régimen de los ofrecidos por la legislación). Prever las consecuencias de la ruptura matrimonial. En el caso matrimonio internacional: elección de la ley aplicable.

 

Bases para un ahorro fiscal

  • Conocimiento de la cuantía a invertir, de las posibles pérdidas, de las posibles ganancias y del tiempo necesario para obtenerlas, sin olvidarse de los riesgos no previsibles.
  • Considerar las consecuencias jurídicas y fiscales de las operaciones que se llevaran a cabo durante la planificación inicial de la operación
  • Elección del régimen matrimonial y del régimen sucesorio
  • Elección del vehículo de inversión más acorde a las finalidades perseguidas
>>>  Impuesto sobre Sucesiones (Andalucía). Planificación fiscal de la herencia

 

Algunas notas sobre la conveniencia de constituir una sociedad mercantil

Mediante la sociedad de responsabilidad limitada conseguiremos la separación de la actividad empresarial (y sus riesgos) de los bienes de carácter personal. Pero dado que el administrador de la sociedad puede llegar a responder de las deudas de la sociedad, habrá que proteger el domicilio familiar en caso de deudas y embargos.

La actividad económica mediante una sociedad mercantil (y no como una actividad personal -trabajador autónomo-), además puede conllevar un importante ahorros fiscales. La oportunidad de la creación de una sociedad mercantil también se nos presenta para la tenencia de bienes inmuebles: son las sociedades patrimoniales, o incluso para el ejercicio de una actividad profesional.

Nuevamente, antes del inicio de una actividad y de la constitución de la sociedad, es muy importante planificar el régimen económico por el que se rige el matrimonio (siendo aconsejable el de separación de bienes frente al de bienes ganaciales). No podemos limitarnos a elegir alguno de los regímenes regulados en el Código Civil: podemos crear el régimen que mejor se adapte a las circunstancias concretas.


Planificación patrimonial

Tras haber planificado su patrimonio, seguro que podrá descansar tranquilamente.


 

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Tener un problema legal no debería ser la justificación para acudir a un abogado. La justificación ha de ser solicitar asesoramiento para evitar el problema. Los abogados resolvemos los problemas legales de nuestros clientes, si; pero también los evitamos mediante la consulta y asesoramiento previo. Es lo que en el mundo jurídico se conoce como abogacía preventiva.

Ahora enunciamos diez razones por las que muchas personas no acuden a un abogado, que se convierten realmente en diez razones para consultar con un abogado:

 

1. Es un contrato sencillo

Pensará que no necesita un abogado para redactar un contrato de arrendamiento o un contrato de entrega de una señal para la compra de una vivienda, pues parece algo muy sencillo. Pero hasta el contrato que pueda parecer más sencillo ha de contener ciertas clausulas que protejan sus derechos. O puede redactarlo incluyendo cláusulas que desconociendo su significado y trascendencia jurídica le reporte posteriormente perjuicios. Solo el abogado tiene una visión de conjunto de la transcendencia jurídica de cualquier paso que usted pueda dar.  

2. Bricolaje

El famoso corta y pega de aquí y de allá. Cree que puede redactar un documento cogiendo ideas de aquí y de allá. Pero el resultado será algo parecido al monstruo de Viktor Frankstein. El bricolaje es muy entretenido, pero es un hobby o pasatiempo. No debe hacer bricolaje con los asuntos jurídicos. Los abogados no lo hacemos.

3. Tener un familiar que sabe de estas cosas

¿Quién no tiene un familiar que dice que entiende de cuestiones jurídicas (quizás porque tenga un pequeño negocio o algunos estudios)? Seguramente no sabrá nada, pero la ignorancia es muy osada. Cada persona está cualificada para asesorar sobre su profesión, y para los temas jurídicos las personas cualificadas son los abogados. ¿Y un hijo que estudia derecho?

4. Hay Información en redes sociales

Hoy todo el mundo pertenece a una o varias redes sociales. Y por las redes circulan consejos legales que provienen … ¿de quién? usted no lo sabe. A diario leemos muchas barbaridades, que si usted las atiende podrán crearle un problema jurídico muy serio. Solo debe atender a aquellos consejos que provengan de un abogado, pero considere que cada situación personal es distinta por lo que nunca deberá tomar una decisión sin exponerle su caso concreto  

5. La ley no exige la intervención de abogado

Hay determinados procesos judiciales para los que la ley no exige la intervención de un abogado (por ejemplo una reclamación de poca cuantía o un juicio por delito leve). Pero que no lo exija no es sinónimo de que no sea conveniente que usted vaya de la mano de un abogado (y más cuando posiblemente la parte contraria sí esté asistida por un abogado). Por ejemplo: para reclamar 1.900 euros la ley no exige la intervención de abogado, y para reclamar 2.100 euros, sí; y ambas reclamaciones pueden tener el mismo fundamento jurídico que solo el abogado sabrá invocar.

6. Hay confianza con la otra parte

Usted va a firmar un contrato con alguien con la que tiene suficiente confianza y sabe (cree) que nunca tendrá problemas con ella. Le digo: desengáñese, en el mundo jurídico no puede fiarse de nadie (absolutamente de nadie); por eso necesita tener un contrato perfectamente redactado. Y desconfíe cuando una persona le dice para no acudir a un abogado: «¿es que no te fías de mí?» Pues no se fie, no lo haga.

7. El asesoramiento de un funcionario

Los hay con muy buena voluntad que le pueden dar un consejo, ¿pero ese consejo es acertado? ¿o es el mejor consejo para su caso? Suponemos que el funcionario hace bien su trabajo (no lo dudamos), pero su trabajo no es asesorarle a los administrados (a usted). No tiene preparación para ello y puede ocasionarle más problemas que beneficios. En muchas ocasiones hemos tenido un caso complicado porque inicialmente nuestro cliente actuó siguiendo el consejo de un bienintencionado funcionario.

8. Consultas en foros de internet

Lo más peligroso. Allí todo el mundo opina, la mayoría basándose en su propia experiencia, pero nadie sabe cuál es su caso concreto. Recuerde que no todos los casos son iguales y que usted al exponer el suyo puede olvidar alguna circunstancia importante por lo que la respuesta no sea la adecuada. En ocasiones los abogados dan respuestas en esos foros, pero siempre piden una consulta personalizada para el correcto asesoramiento.

9. Los abogados son caros

No hay nada más incierto como esa afirmación. Es más, los abogados somos muy rentables. Un adecuado asesoramiento o intervención a tiempo es incluso barato, pues ha de considerar el interés económico del, por ejemplo, contrato que va a firmar.

10. Gestores, asesores y otros

Muchas personas creen que para determinados asuntos los gestores son más adecuados, y además son más baratos (véase el nº 9). Lo mismo le podemos decir de esos asesores que nadie sabe lo que son. Pero la experiencia nos dice que saben lo justito y no más (A, B y C), e incluso que si se aventuran a D, E, etc, … le ocasionarán un gran problema.

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