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Aplicación práctica del Certificado Sucesorio Europeo

03/02/2019

Introducción

Tras varios años de aplicación del Reglamento (UE) 650/2012, en materia de sucesiones, que regula entre otros aspectos el Certificado Sucesorio Europeo, ya se han dictado varias sentencias por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la resolución de los distintos casos se ha ido sentando la doctrina en la aplicación del Reglamento. Sacamos dos conclusiones que se constituyen como principios básicos sobre las que gira el criterio del Tribunal en la aplicación del Certificado Sucesorio:

La unidad de toda la sucesión con independencia de la naturaleza de los bienes que la integran y del lugar donde se encuentren.
La eficacia general y absoluta del Certificado Sucesorio Europeo

Lea también Reglamentos europeos sobre Régimen Matrimonial y sobre Efectos Patrimoniales del Matrimonio

Caso Kubica

El supuesto gira entorno a que si procede rehusar un legado de eficacia directa en Alemania (Estado en el que no se admiten este tipo de disposiciones) cuando es ordenado en un testamento otorgado en Polonia al amparo de la ley de este segundo Estado.

Pues bien, el Trinunal de Justicia de la Unión Europea niega la posibilidad de rehusarlo ya que la sucesión no se puede fragmentar, es decir, a la sucesión no se le puede aplicar la ley de dos Estados. De modo tal que el Certificado Sucesorio que contiene la facultad de rehusar el legado se deberá inscribir en el registro de la Propiedad alemán, pese a que en la legislación de ese Estado no se contemple tal facultad.

Pero aún así, nos podemos encontrar con un obstáculo: el Reglamento deja a la legislación de cada Estado lo relativo a la inscripción de los derechos, lo que incluye los requisitos legales para tal inscripción. En virtud de ello podría Alemania negar la inscripción en primer término. Pero hemos de preguntarnos, ¿cuál es el verdadero alcance de esta cesión a la legislación de cada Estado? El Tribunal apunta a que los requisitos exigidos por la legislación del Estado competente no puede dejar vacío de contenido la eficacia general y absoluta del Certificado Sucesorio Europeo. Por tanto, el alcance se circunscribe única y exclusivamente a requisitos formales tales como la descripción de la finca, la referencia catastral, etc.

(Para un inscripción eficaz, siempre incluimos en el Certificado Sucesorio Europeo aquellos datos -requisitos formales- que se van a exigir en el Estado donde tal documento tiene que desplegar su eficacia. Así evitamos el tener que completarlo posteriormente, con la consiguiente pérdida de tiempo que podría afectar al derecho del cliente.)

Caso Mahnkopf

Interesante sentencia que resuelve un caso en el que, junto con la sucesión, concurren los derechos dimanantes de la extinción del régimen económico matrimonial, rigiéndose ambos por leyes distintas.

Se plantea en este caso si el ámbito de aplicación del Reglamento comprende también las disposiciones que regulan las cuestiones en materia de régimen económico matrimonial que surgen tras el fallecimiento de uno de los cónyuges. En el supuesto, la viuda adquiría parte del patrimonio del fallecido por la sucesión, y otra parte como integrante de la sociedad patrimonial del matrimonio.

Tramitándose el Certificado Sucesorio en Alemania, la autoridad de ese Estado solo incluyó lo que le correspondía estrictamente como heredera con motivo del hecho sucesorio. Dejó la parte que le correspondía por su condición de viuda a la extinción de la sociedad matrimonial fuera. La justificación, estrictamente, podría parecer lógica, pues el Reglamento solo se aplica al hecho sucesorio y no a las relativas al régimen económico matrimonial.

Pero el Tribunal de Justicia Europeo resuelve el caso basándose en los principios inspiradores del Certificado Sucesorio Europeo, recordemos: unidad de legislación aplicable al hecho sucesorio y eficacia absoluta del Certificado. Entonces, la solución se fundamenta en entender que las cuestiones patrimoniales del matrimonio realmente nacen del propio hecho sucesorio (del fallecimiento) de modo que ha de tratarse todo conjuntamente (todas las consecuencias del fallecimiento).

Entenderlo de otro modo, daría como resultado un Certificado Sucesorio incompleto.

Caso Oberle

Lo planteado de interés en este caso es lo siguiente: Si la autoridad de un Estado puede expedir un documento sucesorio nacional de ese Estado (no el Certificado Sucesorio Europeo) limitando su contenido a los bienes de la herencia situados en ese Estado, cuando el causante (fallecido) es nacional de otro Estado y ha fallecido en ese otro Estado. Lo que se pretendió en ese documento, que solo contenía los bienes radicados en un Estado, era facilitar la inscripción de los inmuebles situados en ese mismo Estado, sin tener que depender de un documento expedido en el Estado de residencia y fallecimiento, con las consiguientes dificultades prácticas que ello conlleva.

Aquí estamos ante una situación de competencia muy interesante de considerar. El Reglamento determina la competencia exclusiva del Estado de residencia habitual del causante en el momento de su fallecimiento para resolver la totalidad de la sucesión. Esta competencia no solo es aplicable al Certificado Sucesorio Europeo, sino también a cualquier otro documento similar de ámbito nacional de los Estados miembros.

En la práctica, esto supone que, por ejemplo en el caso de España, los Notarios quedan impedidos para otorgar Declaraciones de Herederos si el fallecimiento no tenía su residencia habitual en España al momento del fallecimiento. Esta consecuencia nace del hecho de que el Notario español ejerce una función jurisdiccional al otorgar la Declaración de Heredero.

Pero no impide al Notario español autorizar otro tipo de documentos cuando actúa ejerciendo su función de fedatario público de libre elección por los interesados. Por ejemplo, en una escritura de herencia en la que concurren todos los herederos quienes libremente deciden circunscribir las operaciones particionales a los bienes radicados en España.

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Exclusión del excónyuge en la administración de bienes que heredarán los hijos

26/12/2018

Cuando un menor de edad hereda los bienes de su padre o de su madre, el otro (la madre o el padre) se encargará de su administración. Es frecuente el caso en que los padres de ese menor estén separados o divorciados y que quien fallece no quiere que el otro administre sus bienes dejados a los hijos.

Mediante la exclusión del excónyuge en la administración de bienes que heredarán los hijos podemos evitar esa situación no deseada. En el testamento se puede incluir una cláusula especial sobre nombramiento de administrador y creación de un régimen especial de administración.

Artículo 164.1 del Código Civil

Los padres administrarán los bienes de los hijos […] excepto los adquiridos por título gratuito cuando el disponente lo hubiere ordenado de manera expresa. Se cumplirá estrictamente la voluntad de éste sobre la administración de estos bienes y destino de sus frutos.

Artículo 227 del Código Civil

El que disponga de bienes a título gratuito en favor de un menor o incapacitado, podrá establecer las reglas de administración de los mismos y designar la persona o personas que hayan de ejercitarla. Las funciones no conferidas al administrador corresponden al tutor.

La administración testamentaria

Cualquier persona puede ser nombrada administradora. Es recomendable que sea alguien muy allegado al menor de edad y de entera confianza del testador (por ejemplo un hermano de este).

Esta administración no ha de extinguirse al cumplir la mayoría de edad (18 años) el heredero. De modo expreso, en el testamento, puede indicarse un plazo o condición para la extinción (por ejemplo, al cumplir los 22 años). Es conveniente prolongar la administración, ya que con 18 años no se tiene la suficiente madurez para la administración de bienes de notorio valor. Además, a esa edad se estará muy influenciado aún por el padre (o madre) sobreviviente, del que posiblemente aún no se tenga independencia económica.

El contenido de la administración debe quedar bien reflejado en el propio testamento para que llegado el caso no existan dudas y sea una figura dinámica y eficaz. Por tanto, recomendamos la exclusión de autorización judicial (aunque legalmente estará limitada tal exclusión para algunos actos), comprender tanto la administración ordinaria como extraordinaria, e incluso actos de disposición. Entre estos actos dispositivos podemos nombrar no solo la enajenación, sino la hipoteca, permuta o incluso la donación (menos recomendable este último).

No obstante esta administración no supone dejar sin contenido el derecho de la patria potestad del padre o madre del menor. Así, le seguirá correspondiendo, entre otras facultades, la aceptación de la herencia (esta u otra) o de la donación (aun cuando conllevara su exclusión de la posterior administración), o la representación procesal ante Tribunales (incluso a efectos de notificaciones), etc.

Utilidad de la administración testamentaria

Como hemos dicho al principio, esta administración es útil cuando el matrimonio no tenía buena relación y no hay confianza en lo que el progenitor que sobrevive pudiera hacer con el patrimonio del fallecido (ahora del hijo común). O incluso, sin necesidad de existir mala relación, no se considera adecuado al que sobrevive para la administración de bienes.

También es frecuente establecer esta administración especial en un testamento que dará lugar a la herencia o legados de abuelo a nieto (no olvidemos el derecho de representación de este último cuando haya fallecido su padre o madre antes que el abuelo del menor). En el testamento del abuelo puede excluirse que su yerno o nuera sea quien administre los bienes dejados al nieto.

Un caso muy habitual y en el que es necesaria establecer esta administración es el de herencia de una empresa familiar. Pongamos un ejemplo: Una persona es propietaria de participaciones sociales de una empresa junto con sus hermanos y padres. Al fallecer, tales participaciones serán heredadas por su hijo y serían administradas por el padre o madre que ha sobrevivido. Sin duda que esta nueva situación puede suponer consecuencias negativas para la empresa familiar, al introducirse en ella a una persona ajena a la familia, con quien posiblemente no exista buena relación personal. El negocio puede peligrar. Por tanto se hace necesaria esta administración especial para servir al interés de la familia. El testador, al instituirla, podrá detallar el modo de llevarla a cabo de modo que su voluntad específica le sobrevivirá a su fallecimiento.

Otro caso necesario para establecer la administración se da cuando se deja en herencia algún bien inmueble (una vivienda o un local comercial, por ejemplo). Al administrador le corresponderá la decisión del uso de tal bien, o su arrendamiento y condiciones del mismo (y por tanto, el destino de la renta obtenida). También adoptará las obligaciones a contraer para su mantenimiento, reparación, rehabilitación o ampliación (acudiendo de ser necesario a la financiación externa y aseguramiento mediante hipoteca).

Conclusión

La importancia de otorgar testamento va más allá del ámbito patrimonial, pues tiene incidencia en el aspecto personal y familiar. Es el instrumento adecuado para constituir figuras de protección de los hijos menores de edad, e incluso mayores cuando aún no tienen la debida madurez para administrar su patrimonio.

Finalmente hemos de recordar una vez más un hecho inevitable: cualquier persona puede fallecer en cualquier momento, por lo que siempre recomendamos otorgar un testamento. El contenido del documento ha de ser redactado pensando en las circunstancias concretas de quien lo va a otorgar, de su familia y de su patrimonio. El testamento ha de reflejar exactamente su voluntad. Un buen testamento para un caso puede ser malo para otro, por tanto, antes de otorgarlo, tome debido asesoramiento por un abogado especializado.

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La comprobación de valores y la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2018

16/08/2018

Los valores de los bienes declarados en las autoliquidaciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones pueden ser comprobados por la Administración Tributaria (en estos casos de las Comunidades Autónomas).

Tales impuestos son los que gravan, entre otros hechos, las compraventas, herencias y donaciones. La ley establece que la base imponible de ellos será el “valor real de los bienes”.

Son muchos los casos en que se realiza esa comprobación del valor. Por ejemplo, en una escritura pública de compraventa se establece un precio de 100.000 € y la administración determina que el valor real del bien es de 137.528 €. El sujeto pasivo (quien compra) deberá en tal caso tributar, además de lo ya pagado, por la diferencia entre ambas cantidades.

Entonces, ¿cuál es el valor real? La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2018 dice que es “un concepto jurídico indeterminado de imprecisos perfiles, puesto que no se ampara en definición legal alguna y permite, sea cual fuere el medio de comprobación o determinación que en cada caso se utilice, un cierto margen legítimo”.

Hasta le fecha tal valor real es calculado por las administraciones tributarias de las comunidades autónomas mediante la aplicación de un coeficiente multiplicador sobre el valor catastral del bien (en los bienes inmuebles) de modo frío y objetivo. Para los bienes rústicos emplea un sistema similar aplicando un coeficiente sobre la superficie de la finca según sea el cultivo o destino de la misma y otras circunstancias, también de modo frío y objetivo.

Es obvio que mediante ese sistema la administración no calcula un valor real del bien, sino simplemente obtiene un valor mediante una operación aritmética fácil. No obstante, aunque sus resultados no colman la exigencia de hallar el valor real, es un sistema legal al estar recogido en la Ley General Tributaria: estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal (esto es, el catastro).

La mencionada sentencia del Tribunal Supremo viene a frenar la aplicación de tal método para calcular el valor real, puesto que expresa ser un método privilegiado para la administración y por tanto limitativo de los derechos del sujeto pasivo, del ciudadano.

El método de comprobación consistente en la estimación por referencia de valores catastrales, multiplicados por índices o coeficientes no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes inmuebles en aquellos impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real, salvo que tal método se complemente con la realización de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble que se somete a avalúo.

Cuando la administración realiza una comprobación del valor declarado por el contribuyente en una autoliquidación de los impuestos mencionados aplicando este método de coeficientes “ha de expresar motivadamente las razones por las que tal valor declarado no se corresponde con el valor real”. Es decir, no le bastará a esa administración establecer otro valor sin más. Este razonamiento del Tribunal Supremo abre aún más las puertas a que prospere el valor declarado por el sujeto pasivo, pues ha de ser la administración quien demuestre que el comprobado por ella es realmente el valor real.

Ante esta nueva perspectiva, ahora más, recomendamos no aquietarse con el valor comprobado por la administración, que además de que conlleva la elevación de la cuota tributaria (y cuya diferencia devenga intereses) puede ser injusto e ilegal. La impugnación de la comprobación de valores es la vía para equilibrar el derecho recaudatorio (y no confiscatorio) de la administración tributaria.

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Derecho de transmisión en la sucesión

09/04/2018

Aquella persona que siendo heredero de otra puede fallecer a su vez sin haber aceptado (ni repudiado) aquella herencia. El Código Civil establece que ese derecho que tenía como heredero pasará a sus herederos: es el derecho de transmisión en la sucesión.

Es una cuestión jurídica muy debatida desde siempre si este derecho implica una adquisición directa (de A a C) o un doble traspaso del caudal hereditario (de A a B, y de B a C).

Artículo 1006 del Código Civil

Por muerte del heredero sin aceptar ni repudiar la herencia pasará a los suyos el mismo derecho que él tenía

Es el caso de una persona (B) que ha sido llamada a una herencia (sea por testamento o ab intestato), y por tanto ha sobrevivido a su causante (A), fallece sin haber ejercitado el ius delationis. ¿Cómo adquiere el heredero (C) de esta persona (B)?

La solución que se adopte es muy importante porque afectará a numerosos elementos en la herencia. POr ejemplo, de quién deben producirse los juicios de capacidad para suceder, quiénes deben concurrir a la partición, cómo realizar la liquidación del impuesto sobre sucesiones, etc.

Lea también ¿Quiénes heredan cuando no hay testamento?

Mayoritariamente se ha adoptado la tesis clásica, donde hay dos transmisiones (de A a B, y posteriormente de B a C). Esta tesis ha sido la considerada por el Tribunal Supremo y por la Dirección General del Registro y Notariado hasta fechas recientes. Pero la sentencia nº 539/2013, de 11 de septiembre, dictada por el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, ha girado para adoptar la tesis moderna que asume la adquisición directa. Este giro también ha sido adoptado por la Dirección General de los Tributos.

La tesis moderna implica que “el derecho de transmisión se configure más bien como la transmisión de un derecho” (Galán Díaz). Ello supone que B no adquiere el caudal hereditario de A, sino el ius delationis que es transmitido a C, quien adquiere el caudal hereditario de A. Este modo de transmisión simplifica considerablemente los trámites hereditarios al eliminarse una cascada de sucesiones y transmisiones.

No obstante, la transmisión directa también tiene sus inconvenientes puesto que aceptada por C la herencia de B, hay que valorar su capacidad para suceder respecto de A. El momento en que deba hacerse esta valoración es de gran importancia, pues las circunstancias pueden haber variado a la fecha de fallecimiento de A respecto de la fecha de fallecimiento de B. La jurisprudencia indica que el juicio ha de realizarse al tiempo de aceptarse por C la herencia de B.

También es interesante contemplar la figura del cónyuge viudo de B. Su legítima (su derecho hereditario) no se trata de un simple derecho de crédito frente a la herencia de B y frente a C, sino una cuota que tiene también por objeto el ius delationis.

Lea también Impuesto sobre Sucesiones (Andalucía). Planificación fiscal de la herencia

En cuanto a la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones las ventajas también son evidentes al evitar tributar por una sucesión intermedia, si bien la jurisprudencia en esta materia acoge la doble transmisión. José María González Abogados tiene pendiente de resolución varios recursos en esta materia.

No obstante, este efecto puede quedar sin contenido por las reducciones entre descendientes que se puedan aplicar. En primer lugar, la reducción de la cuota tributaria pagada en una sucesión por los mismos bienes ocurrida en el plazo de diez años. Y en segundo lugar por las reducciones entre descendientes reguladas en la mayoría de las comunidades españolas (por ejemplo, en Andalucía hasta un millón de euros).

Actualización junio 2018: La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en sentencia de 5 de junio, acoge la tesis moderna mantenida por la Sala de lo Civil de modo tal que a los efectos de la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones también se entiende que existe una sola transmisión. Así se acogen nuestros fundamentos y no se devenga el impuesto por el primer fallecimiento.

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Impuesto sobre Sucesiones (Andalucía). Planificación fiscal de la herencia

03/04/2018

Planificación fiscal de la herencia

Una vez se ha producido el fallecimiento, hay que saber aplicar de un modo correcto las normas civiles y fiscales para conseguir el pago de una cuota tributaria lo más baja posible. Pero más interesante es la planificación fiscal de la herencia en vida: preparar el patrimonio y las disposiciones testamentarias en vida para que llegado el día del fallecimiento, la liquidación del Impuesto de Sucesiones resulte más sencillo y eficaz pagar una cuota baja.

Por tanto, la planificación de la herencia tiene dos objetivos: desde la perspectiva civil determinar el destino de los bienes, y desde la perspectiva fiscal pagar una cuota tributaria lo más baja posible. Ambos objetivos se obtienen con un profundo estudio del patrimonio y voluntad de quien va a otorgar el testamento. El Derecho brinda muchas posibilidades de conseguirlo. Ahora, en vida, es cuando hay que plantearse el caso.

A continuación, exponemos el contenido del Impuesto sobre Sucesiones (en su aplicación en Andalucía). Podrá apreciar lo elevado que puede resultar la cuota a pagar si no se realiza una correcta planificación para obtener mejores resultados.

El Impuesto sobre Sucesiones en Andalucía

Hecho imponible y sujetos pasivos

El impuesto grava las adquisiciones de bienes efectuadas por herederos y legatarios (así como por beneficiarios de seguro de vida) con ocasión del fallecimiento de una persona.

Los sujetos pasivos del impuesto (los obligados al pago) son los herederos, legatarios y beneficiarios de seguros de vida.

Para el cálculo del impuesto, los sujetos pasivos se clasifican en cuatro grupos:

Grupo I: Descendientes o adoptados menores de 21 años
Grupo II: Descendientes o adoptados de 21 años o más, cónyuge y ascendientes o adoptantes
Grupo III: Parientes colaterales de segundo y tercer grado (por consanguinidad o afinidad); y ascendientes y descendientes por afinidad
Grupo IV: Resto de parientes y extraños

En la Comunidad Autónoma de Andalucía existen equiparación de personas que posibilitan su inclusión en un grupo más beneficioso. Así:

Las parejas de hecho inscritas en el Registro de Uniones de Hecho de la comunidad autónoma se equiparan a los matrimonios
Las personas en acogimiento familiar permanente o preadoptivo se equiparan a los adoptados, respecto de los acogedores o adoptantes
Las personas que realizan acogimiento familiar permanente o preadoptivo se equiparan a los adoptantes, respecto de aquellos

Base imponible

Es el valor neto de la adquisición de cada sujeto pasivo según su participación en la herencia más la prestación derivada del seguro de vida, en su caso.

El valor neto de la herencia se calcula sumando el valor real de todos los bienes (disminuido por sus cargas), más el valor del ajuar doméstico (que normalmente será el 3% del valor de los bienes menos sus cargas). A su resultado hay que restar las deudas del difunto y gastos habidos por el fallecimiento.

Reducciones

A la base imponible de cada sujeto pasivo hay que aplicar las reducciones establecidas por el Estado y por la Comunidad Autónoma.

En Andalucía existen las siguientes reducciones:

Por parentesco con el causante
Especial por parentesco con el causante
Por discapacidad del sujeto pasivo
Por adquisición de empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades
Por adquisición de vivienda habitual
Por adquisición de bienes integrantes del Patrimonio Histórico
Por transmisión consecutiva mortis causa de un mismo bien
Por adquisición de explotaciones agrarias

A continuación se exponen las condiciones de las más habituales.

Reducción por parentesco con el causante

En función del grupo al que perteneza el sujeto pasivo, se reducirá alguna de las siguientes cantidades:

Grupo I: 15.956,87 euros más 3.990,72 euros por cada año menos de 21 que tenga el sujeto pasivo, sin que la reducción total pueda ser superior a 47.858,59 euros
Grupo II: 15.956,87 euros
Grupo III: 7.993,46 euros
Grupo IV: 0,00 euros

Reducción especial por parentesco con el causante

Se trata de una reducción de cuantía variable de cuya aplicación ha de resultar una base liquidable de importe cero euros. El importe total de todas las reducciones no puede superar 1.000.000,00 euros. Han de darse los siguientes requisitos en el sujeto pasivo:

Que pertenezca a los grupos I o II
Que su patrimonio preexistente sea igual o inferior a 1.000.000,00 euros

Reducción por discapacidad

El grado de discapacidad es aquel reconocido por la autoridad administrativa competente, resultando las siguientes reducciones:

Si el sujeto pasivo tiene una discapacidad del 33% o superior, y hasta el 64% inclusive: 47.858,59 euros
Si la discapacidad es del 65%, o superior: 150.253,03 euros

Para los sujetos pasivos con discapacidad comprendidos en los grupos I y II les es de aplicación la reducción expuesta en el apartado anterior. A los sujetos pasivos con discapacidad que pertenezcan a los grupos III y IV se les aplica una reducción de hasta 250.000 euros. Su patrimonio preexistente no puede ser superior a 1.000.000,00 euros.

Reducción por adquisición de empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades

(Con empresa nos referiremos a empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades.)

La reducción será del 99% sobre la base imponible en cuanto a la empresa si el heredero es descendiente, ascendiente, cónyuge o colateral hasta tercer grado (tíos, sobrinos) del fallecido. La empresa ha de estar domiciliada en Andalucía y ha de mantenerse dicho domicilio durante al menos cinco años (si no lo mantiene, la reducción será del 95%).

También se pueden beneficiar de esta reducción otros herederos:

Aquellos que tengan un contrato laboral de al menos 10 años de antigüedad (a contar desde el fallecimiento) con la empresa que se adquiere
Aquellos que durante al menos los últimos cinco años sean responsables en la gestión o dirección de la empresa o negocio que se adquiere.

Reducción por adquisición de vivienda habitual

Una reducción variable entre el 95% y el 100% (dependiendo del valor neto adquirido) se aplica sobre la base imponible por la adquisición de la vivienda habitual del fallecido cuando ésta es adquirida por el cónyuge, descendientes o ascendientes. También se aplica cuando el heredero sea cualquier pariente colateral mayor de 65 años que hubiera convivido con el fallecido al menos durante los dos últimos años.

La reducción se aplica sobre un importe máximo de 122.606,47 euros del valor de la vivienda adquirida por cada heredero (de su participación) con independencia del valor total de la vivienda. El heredero ha de mantenerla en su patrimonio al menos durante tres años.

Reducción por transmisión consecutiva por herencia de un mismo bien

Si un mismo bien se transmite dentro del periodo de 10 años más de una vez por herencia entre descendientes, se deducirá de la base imponible la cuota pagada por este impuesto en las anteriores transmisiones.

Cuota tributaria

Calculada la base liquidable, a la cantidad resultante se le aplica la siguiente escala progresiva para calcular la cantidad a pagar:

Base liquidable (hasta X €)	Cuota íntegra (€)	Resto de base liquidable (hasta Y €)	Tipo aplicable (%)
0,00	0,00	7.993,46	7,65
7.993,46	611,50	7.987,45	8,50
15.980,91	1.290,43	7.987,45	9,35
23.968,36	2.037,26	7.987,45	10,20
31.955,81	2.851,98	7.987,45	11,05
39.943,26	3.734,59	7.987,46	11,90
47.930,72	4.685,10	7.987,45	12,75
55.918,17	5.703,50	7.987,45	13,60
63.905,62	6.789,79	7.987,45	14,45
71.893,07	7.943,98	7.987,45	15,30
79.880,52	9.166,06	39.877,15	16,15
119.757,67	15.606,22	39.877,16	18,70
159.634,83	23.063,25	79.754,30	21,25
239.389,13	40.011,04	159.388,41	25,50
398.777,54	80.655,08	398.777,54	31,75
797.555,08	207.266,95	en adelante	36,50

A la cantidad resultante hay que multiplicarla por un coeficiente según el grupo al que pertenezca el sujeto pasivo (heredero) y cuál sea su patrimonio preexistente:

Patrimonio preexistente (€)	Grupos I y II	Grupo III	Grupo IV
De 0 a 402.678,11	1,0000	1,5882	2,0000
De más de 402.678,11 a 2.007.380,43	1,0500	1,6676	2,1000
De más de 2.007.380,43 a 4.020.770,98	1,1000	1,7471	2,2000
De más de 4.020.770,98	1,2000	1,9059	2,4000

Plazos

En el plazo de seis meses desde el fallecimiento del causante, el sujeto pasivo ha de presentar una autoliquidación del impuesto . Este plazo puede ser prorrogado por otros seis meses con el único requisito de ser solicitada la prórroga antes de que finalice el quinto mes del plazo inicial (a partir del sexto mes, se devengarán intereses).

Presentada la autoliquidación, procede el pago de la cuota tributaria. Pero el sujeto pasivo puede solicitar un aplazamiento o fraccionamiento del pago, que no necesitará prestar garantía siempre que la cantidad a pagar sea inferior a 30.000,00 euros. Este aplazamiento devengará intereses.

Si el sujeto pasivo paga la cuota tributaria fuera de plazo sin haber solicitado ni prórroga ni aplazamiento (y sin que haya requerimiento de la administración), deberá pagar un recargo variable y, en su caso, intereses, según lo siguiente:

Retraso en presentación	Recargo	Recargo reducido
Hasta 3 meses	5,00%	3,75%
Entre 3 y 6 meses	10,00%	7,50%
Entre 6 y 12 meses	15,00%	11,25%
Más de 12 meses	20,00% más intereses	15,00% más intereses

(Procede el recargo reducido cuando se abone al presentar la autoliquidación, o al recibir la liquidación que la administración pueda hacer tras presentar la autoliquidación de modo voluntario.)

En el caso de que el pago de la cuota tributaria se realice como consecuencia de un requerimiento de la administración, no procede el pago de recargo pero sí de intereses. Estos se devengan desde el primer día contar desde que finalizó el plazo voluntario de autoliquidación. También procederá una sanción.

Margarita de Troya

Licenciada en Derecho y Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales. Consultora

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Poder notarial extranjero. El test de equivalencia

14/09/2017

La Dirección General de los Registros y del Notariado se ha pronunciado sobre la actuación del notario español en la autorización de escrituras cuando una de las partes comparecientes actúa mediante representante en virtud de un poder notarial otorgado en el extranjero.

Se exige actualmente que el notario español formule en la escritura que autoriza un test de equivalencia del poder extranjero. Este requisito ha traído numerosos problemas dada la distinta naturaleza de las funciones de los notarios de otros Estados (Inglaterra, Gales y de los países nórdicos, entre otros) que responden al sistema sajón y no al latino.

Hemos de partir de la base que, pese a la numerosa regulación de la Unión Europea para facilitar el tráfico jurídico entre los Estados miembros (con la promulgación de distintos reglamentos en materia matrimonial, patrimonial, de sucesiones, etc.), es de competencia exclusiva de cada Estado el sistema de documentación pública y de publicidad registral. Así, un documento público de un Estado ha de someterse formalmente al ordenamiento del otro Estado en el que se pretenda hacer valer.

Control del poder extranjero por el notario español

Es el notario español a quien le corresponde la valoración y el juicio de este documento público extranjero. La valoración ha de consistir en:

Juicio de suficiencia: Que las facultades representativas otorgadas en el documento son suficientes para el acto jurídico que se otorga en España,
Test de equivalencia: Que el documento extranjero es equivalente formalmente al correspondiente documento español, y que la autoridad extranjera tiene funciones equivalentes a la autoridad española.

El test de equivalencia de las funciones de la autoridad extranjera será superado en los casos en que el notario extranjero, en el poder que autoriza, haya dado fe de la identidad del compareciente, haya calificado suficiente su capacidad y legitimación, haya controlado la legalidad y haya asegurado que la voluntad del otorgante se ha expresado en su presencia y ha sido libremente formada y declarada. Esto es, la función del notario extranjero ha de recaer en el control de la libre y adecuada formación del consentimiento de las partes, y dar fe del contenido del documento.

La resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado ha expresado (resolución de 17 de abril de 2017) que aun siendo juicios distintos (el de suficiencia y el de equivalencia), cuando el de suficiencia se realiza de modo expreso necesariamente ha de implicar que el poder es equivalente. No obstante, nuestra recomendación es que en la escritura consten ambos juicios.

Sistemas notariales

Para comprender mejor la necesidad y justificación del test de equivalencia, exponemos las principales características de los dos principales sistemas notariales occidentales, sin perjuicio de las particularidades existentes en cada Estado:

El notario español (sistema latino) desempeña una función pública, da autenticidad a los hechos y actos ocurridos en su presencia: posee fe pública. También tiene la función de recibir e interpretar la voluntad de las partes, dándole forma legal, al redactar el instrumento público.
El notario de naturaleza sajona (ingleses, galeses, daneses, suecos, finlandeses, etc.) es básicamente un testigo cualificado limitándose su actuación únicamente a legitimar la firma del otorgante del documento: da fe de que ha identificado a la persona que firma el documento. Pero no orienta ni asesora a las partes sobre la redacción del documento, y no lo revisa ni en cuanto al fondo ni su legalidad. No obstante, cada Estado tiene un estatus particular de sus notarios y funciones.

El poder extranjero y el Registro de la Propiedad

Una vez el notario haya declarado suficientes las facultades representativas contenidas en el poder otorgado en el extranjero y haya declarado la equivalencia del documento respecto de los documentos públicos españoles, la calificación registral ha de limitarse tan solo a la existencia en la escritura de la mención del poder y de los juicios de suficiencia y equivalencia.

El registrador ni ha de valorar el poder otorgado en el extranjero, ni puede exigir su transcripción o que se acompañe a la escritura. Solo podrá disentir de la declaración de equivalencia cuando lo considere erróneo el realizado por el notario, motivando adecuadamente el error con referencia expresa a la legislación extranjera aplicable

Las escrituras extranjeras y el Registro de la Propiedad

Finalmente conviene recordar que los documentos públicos extranjeros tienen acceso a los Registros de la Propiedad españoles, a los efectos de inscripción, si cumplen con los siguientes requisitos:

Que el documento público extranjero haya sido otorgado ante autoridad competente según la legislación de ese Estado.
Que la autoridad extranjera ante el que se otorgue haya desarrollado en la elaboración del documento funciones equivalentes a las de la autoridad española.
Que el documento extranjero surta los mismos efectos (o los más próximos) en su país de origen que aquellos que se pretenden en España.
Que el acto contenido en el documento no resulte incompatible con el orden público español.
Que cumpla los requisitos establecidos en la legislación que le sea aplicable.

Por tanto, recomendamos el asesoramiento debido para la redacción del poder que se haya de otorgar en el extranjero así como para la redacción de la escritura que se otorgue en España en uso de ese poder. Contando con el debido asesoramiento la escritura española no presentará problema alguno para su inscripción en el Registro de la Propiedad.

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