Valoración del ajuar doméstico

Valoración del ajuar doméstico

Valoración del ajuar doméstico

El Tribunal Supremo1 ha cambiado el criterio, creando jurisprudencia, sobre la valoración y tratamiento del ajuar doméstico en las herencias con vistas a la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones. El nuevo criterio es a favor del contribuyente y representa una postura más lógica y justa.

Ahora no todos los bienes son considerados para calcular el valor del ajuar. Con este ejercicio interpretativo el Supremo delimita el ajuar doméstico a los efectos del Impuesto a los bienes muebles afectos al servicio de la vivienda familiar o al uso personal del causante.

 

¿Qué es el ajuar doméstico?

Son los efectos personales, utensilios domésticos y los bienes muebles de uso particular. Ha de incluirse las joyas, obras de arte y otros bienes de tales características si no tienen un valor muy relevante.

Desde la perspectiva del Impuesto sobre Sucesiones forma parte de los denominados bienes adicionales que, en virtud de las presunciones establecidas en la normativa de dicho impuesto, integra el caudal relicto (bienes que integran la herencia). No obstante, en el caso de los matrimonios, no ha de tenerse en cuenta el importe de las ropas, el mobiliario y enseres que constituyan el ajuar de la vivienda habitual común de los esposos.

 

¿Cómo se cuantificaba?

Se valoraba en el 3% del importe del caudal relicto (conjunto de los bienes, derechos y acciones dejados por una persona a su fallecimiento), salvo que los herederos asignaran un valor superior. También cabía que dichos herederos probaran de modo fehaciente (en ocasiones probar determinados hechos es dificultoso) que su valor era inferior a ese porcentaje o incluso su inexistencia.

Ello suponía en la práctica un incremento casi automático de un 3% de la base imponible del impuesto. Era una flagrante contradicción al aplicar para su cuantificación un porcentaje sobre bienes que no podían contener por su propia naturaleza ajuar doméstico.

 

¿Qué bienes se consideran ahora para el cálculo del ajuar doméstico?

Partimos de la base de que no es correcto de que el 3% deba aplicarse a todos los bienes de la herencia “sino solo a aquellos que puedan afectarse, por su identidad, valor y función, al uso particular o personal del causante, con exclusión de todos los demás”.

Por tanto quedan fuera del cálculo del ajuar doméstico aquellos bienes que son realmente ajenos (incluso por analogía) al propio concepto de ajuar doméstico. Entre ellos podemos mencionar, como los más comunes, acciones societarias, fondos de inversión, dinero en metálico u otros bienes incorporales, inmuebles que produzcan rentas o afectos a actividades profesionales o económicas.

Dicho 3% se correspondería solo con los bienes que puedan afectarse, por su identidad, valor y función, al uso particular o personal del causante, con exclusión de todos los demás.

En definitiva, no se incluirán los bienes que ninguna vinculación podrían tener, como cosas u objetos materiales, con las funciones esenciales de la vida o con el desarrollo de la personalidad del fallecido.

Para entender la dimensión que la revisión de este criterio puede tener, basta con conocer uno de los dos casos examinados por el Tribunal Supremo en sus sentencias, en el que la herencia estaba conformada, en un 99,97% por acciones de una empresa familiar.

 

Prueba del valor del ajuar doméstico

Otra novedad es que ya no le corresponde al contribuyente probar que el ajuar doméstico no tiene un valor del 3% sobre el total de los bienes de la herencia. Ahora el heredero dará al ajuar el valor que considere oportuno (con las bases sentadas por el Tribunal Supremo).

Según el Tribunal Supremo no será necesaria la aportación de prueba por parte del contribuyente para excluir determinados bienes del concepto de ajuar.

Es la autoridad fiscal la que deberá probar que el valor del ajuar es superior al otorgado por el heredero al liquidar el impuesto.

 

Revisión de liquidaciones antiguas

Este nuevo criterio afecta también a las liquidaciones del impuesto que ya se hayan realizado y pagado. El contribuyente puede solicitar la devolución de lo pagado en exceso (ingresos indebidos) siempre y cuando no haya prescrito su derecho (cuatro años desde que se realizó la liquidación del impuesto).

La devolución será mayor en los casos de herencias en las que no haya reducciones o bonificaciones fiscales por parentesco. Sería el caso de las herencias de hermanos, tíos, sobrinos o extraños.

No obstante habrá que ser muy prudentes a la hora de decidir si conviene solicitar esta devolución, puesto que la autoridad tributaria puede aprovechar para revisar los valores de los bienes heredados, o puede tener repercusiones entre los herederos que han suscrito los acuerdos de partición de los bienes de la herencia. Es decir, deberá estudiarse en el caso concreto que dicha posibilidad no nos afectará.

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Herencias: tres casos reales

Herencias: tres casos reales

Herencias: tres casos reales

En esta ocasión voy a exponer tres casos reales relativos a Herencias. Destacan por lo inusual de lo debatido en ellos y el defectuoso asesoramiento jurídico previo que terminó causando perjuicios no queridos a algunos de los intervinientes.

El primero de ellos, sobre la irrevocabilidad del testamento futuro, si bien su consecuencia jurídica no presentó complejidad, sí puso de manifiesto un mal asesoramiento jurídico de la testadora. Los efectos queridos podrían haber tenido lugar de haber hecho las cosas de otro modo.

En segundo lugar trato un caso de desheredación de un hijo que previamente había recibido una donación de su padre. La parte contraria quiso dejar sin efecto tal donación, pero los actos –o mejor dicho, la omisión de los actos necesarios- en vida del donante (su padre), lo impidieron.

Y para finalizar, analizo un supuesto de renuncia de la legítima de la viuda, con la que se quiso perjudicar a nuestra cliente (la madre del fallecido) en una herencia de cuantía importante.

 

Irrevocabilidad de testamento futuro

Tras el fallecimiento de una señora apareció un documento manuscrito y firmado por ella fechado en febrero de 2014. Decía que dejaba sin eficacia todos los testamentos que pudiera otorgar ante Notario a partir de ese momento porque estaba sometida a la voluntad de su marido. No quería que tuvieran efecto alguno.

Posteriormente, en abril de 2014 otorgó testamento ante Notario.

Se nos planteó el valor del documento manuscrito de febrero y la validez del testamento de abril.

No hubo dudas de que el documento había sido manuscrito por la causante y que la firma era suya. En el Derecho Español,  los testamentos ológrafos (los escritos a mano por el testador) tienen eficacia. Pero son ineficaces las disposiciones por las que se dejen sin eficacia las disposiciones testamentarias futuras.

Es decir, el contenido de este documento no puede revocar o dejar sin contenido –por sí solo- el testamento posterior.

Ahora bien, los testamentos han de ser otorgados con plena libertad del consentimiento. Por tanto, ese documento sería un indicio de que la señora otorgó posteriormente el testamento notarial en el mes de abril coaccionada o violentada por su marido. Esto es, pudo tener coartada su libertad y por tanto ser nulo el testamento.

Puestos en ello, pudimos acreditar, con el apoyo de otras pruebas, que efectivamente el marido la había obligado a testar en el sentido en que lo hizo (favoreciéndole). La consecuencia fue que incluso perdió sus derechos como cónyuge viudo por causa de indignidad1 puesta de manifiesto por sus actos.

 

Donación a hijo desheredado. Sustitución

Un señor, en estado de viudo y con cuatro hijos, falleció con testamento por el cual nombró herederos por partes iguales a tres de sus hijos y desheredó al cuarto. La desheredación fue por «haberle injuriado gravemente» según quedó recogido en el testamento.

A este hijo desheredado, que a su vez tenía un hijo (es decir, el nieto del fallecido), le había donado su padre (el fallecido) en vida un apartamento años atrás.

A la desheredación el hijo realmente no se opuso. Serían ciertos los hechos (las injurias) y es una causa justa de desheredación2.

La consecuencia de la desheredación es que los hijos del desheredado ocuparán su posición en la herencia conservando sus derechos como legitimarios. Es decir, el nieto (hijo del desheredado), ocupó el lugar de su padre en la herencia por su derecho de representación. Siendo la legítima en casos normales 2/3 de la herencia, en estos casos solo abarcaría 1/3 de la misma, lo que se denomina legítima estricta.

Por tanto, la desheredación de una persona no afecta (salvo en la magnitud de la legítima) a sus descendientes. Si el desheredado no tuviera descendientes, esa parte acrecería a los otros herederos del testador.

Pero en el caso que examinamos, ciertamente el descendiente del hijo desheredado no fue nombrado en el testamento, lo que planteó si había sido preterido. La respuesta fue negativa, ya que según el Código Civil los descendientes de otro descendiente que no hubiere sido preterido le representarán en la herencia del ascendiente y no se consideran preteridos.

La última de las cuestiones que se plantearon fue que si la donación que realizó en vida de un apartamento al hijo que posteriormente fue desheredado debió entenderse revocada.

Realmente la desheredación como tal no es causa de revocación de una donación, por lo que la donación es válida. Aunque la causa que provocó la desheredación sí pudo motivar, en vida del donante, que la revocase (pero no lo solicitó).

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Por tanto, el tratamiento que dimos a la donación realizada fue computarla para el cálculo de la legítima del hijo del desheredado (del nieto del fallecido), ya que este no puede recibir más de lo que recibiría su padre.

 

Legítimas de ascendientes

Un señor falleció en estado de casado, sin hijos. Su madre aún vivía. Había otorgado testamento en el que legó a su madre y a su esposa lo que por ley le correspondiera (la legítima), y nombró heredero al hijo de su mujer.

La viuda, con la intención de beneficiar a su hijo (el nombrado heredero) renunció pura y simplemente a su legado.

En primer lugar habrá que establecer qué participación de herencia le correspondería a cada uno de los nombrados en el testamento.

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A la madre le correspondería un tercio de los bienes3, y a la viuda le correspondería la mitad de los bienes, pero en usufructo4. Al heredero, el hijo de la viuda, le correspondería el resto.

Pero la cuestión controvertida fue determinar el efecto de la renuncia de la viuda a favor de su hijo: si al haber renunciado a su derecho concurriría o no en la herencia con la madre del fallecido.

Las consecuencias serían distintas:

  1. Si se entendiera que concurría, su derecho sobre el usufructo de la mitad de los bienes pasarían a su hijo (el nombrado heredero).
  2. Pero si se entendiera que no concurría (al haber renunciado pura y simplemente), la madre del fallecido tendría derecho a la mitad de la herencia (véase el artículo 809 del Código Civil ya mencionado).

Es decir, en el primer caso la madre recibiría un tercio de la herencia, y el hijo de la viuda, dos tercios. En el segundo, cada uno, madre e hijo de la viuda, recibirían una mitad de la herencia.

La resolución judicial declaró que nuestro cliente, la madre del fallecido, no concurrió a la herencia con la viuda, y por tanto se le adjudicó la mitad de los bienes y no una tercera parte como en el testamento se disponía (opción 2.ª).

Obviamente los derechos del hijo de la viuda se vieron perjudicados por un mal asesoramiento legal a su madre (la viuda) al renunciar pura y simplemente a sus derechos hereditarios.

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Jurista, político, filósofo, escritor y orador (106 aC - 43 aC)

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Beneficio de inventario

Beneficio de inventario

Beneficio de inventario

Introducción

El heredero puede aceptar la herencia a beneficio de inventario, o simplemente solicitar la formación del inventario con carácter previo a aceptarla para tomar la decisión de aceptarla o no.

La aceptación de la herencia supone adquirir tanto los bienes y derechos (activo) como las deudas y obligaciones (pasivo). El heredero que acepte la herencia responde con su patrimonio de las deudas y obligaciones del fallecido o causante.

Por tanto, el beneficio de formar inventario es un paso interesante para conocer las deudas y obligaciones del fallecido y así tomar la decisión de aceptar la herencia o no. Es especialmente útil y necesario ante herencias de la que poco se sabe de su contenido o herencias en las que se concurren con otros herederos con los que no hay sintonía.

Artículo 1010 del Código Civil

Todo heredero podrá pedir la formación de inventario antes de aceptar o repudiar la herencia, para deliberar sobre este punto.

 

Deudas y obligaciones

Dentro de las obligaciones y deudas del causante hay que considerar, además de las deudas conocidas en sentido estricto, otras, como por ejemplo:

  • Fianzas prestadas que podrán convertirse en deudas posteriormente a su fallecimiento si el deudor principal no cumple con sus obligaciones. Por ejemplo, el fallecido avaló al arrendatario en un contrato de arrendamiento: si el arrendatario no paga la renta, lo hará este avalista (y tras su fallecimiento, su heredero).
  • Resultado de comprobaciones fiscales (por los Impuestos sobre Sucesiones, la Renta de las Personas Físicas, Transmisiones Patrimoniales, etc.) que al momento del fallecimiento no existan. Dado que la administración tributaria tiene el plazo de cuatro años para comprobar las liquidaciones de impuestos, es posible que surja una deuda por tal motivo tras el fallecimiento, deuda que debe asumir el heredero.

 

El legatario

Es importante (a la hora de otorgar un testamento) conocer la diferencia entre heredero y legatario, puesto que el segundo solo adquirirá los bienes concretos dejados por el fallecido. El legatario no responde de las deudas y obligaciones del causante con su propio patrimonio.

Por tanto, la institución del legado, no muy utilizada por los notarios, es interesante para proteger a un sucesor determinado.

 

Proceso

La declaración de hacer uso de inventario deberá hacerse ante notario (no ante el Juez), en plazo y con las formalidades legales para que tenga efecto

Como hemos dicho, se realiza a solicitud del heredero ante el notario, debiendo aportar una serie de documentos que acrediten el fallecimiento y la condición de heredero.

 

Plazo para solicitar el beneficio

El plazo para solicitar el beneficio es de 30 días naturales (se computan todos, incluso sábados, domingos y festivos). Su cómputo comenzará:

  • Si el heredero tiene en su poder la herencia o parte de ella (una importante y significativa parte de ella), desde que se sepa que es heredero.
  • En caso de no tenerla y no se tiene como heredero, desde que venza el plazo que se dio para que aceptara o repudiara la herencia, o desde que haya actuado como heredero.

Transcurrido el plazo de 30 días sin haber solicitado el beneficio de inventario, el heredero responderá de las deudas del fallecido con su patrimonio propio.

Por ejemplo, se considera que está en poder de parte de la herencia el heredero que convivía con el causante en una vivienda que forma parte del caudal relicto, o, incluso que era copropietario del inmueble con él.

¿Y cuándo sabe que es heredero? En primer lugar, basta que tenga noticia de su condición de tal, sin exigirse una certeza absoluta. Por ejemplo, el heredero forzoso (hijo, por ejemplo) por el mero fallecimiento del causante se sabe heredero sin que aún se haya realizado el acta de notoriedad (sucesión intestada) o tenga copia autorizada del testamento (en la sucesión testada).

Actuar como heredero sucede cuando, por ejemplo, practicar alguna gestión como tal (liquidar los impuestos de Sucesiones o Plus Valia municipal: no significa aceptar la herencia pero sí son actos que realiza como heredero).

 

Citaciones

Para la formación del inventario no es necesario llamar a los otros herederos (pues el beneficio es personal de quien lo pide para luego tomar su decisión de aceptar o repudiar la herencia). Pero sí es necesario llamar a legatarios y acreedores

La llamada a los acreedores es una medida de protección del heredero para conocer realmente el pasivo del inventario, las deudas. En ocasiones puede ser complicado conocer la existencia de tales deudas (de tales acreedores), pero han de practicarse diligencias oportunas para su averiguación (como por ejemplo, la consulta de otras escrituras en las que intervino el fallecido).

Si se conoce por el heredero la existencia de esas dudas pero se desconoce datos esenciales de la misma como la identificación del acreedor, el llamamiento se realizar mediante anuncios a publicar por el notario (en el Ayuntamiento, en Boletines oficiales o incluso en prensa). En definitiva, la citación ha de ser efectiva como contenido de una tutela judicial (en este caso notarial) efectiva como determina el Tribunal Constitucional.

Han de ser citados los acreedores (si una deuda es solidaria, basta con citar a uno de ellos -aunque conveniente es hacerlo a todos-; si es mancomunada, imprescindible a todos). También ha de ser citados los acreedores condicionales (supuestos en que el causante fuera fiador, o hipotecan no deudor), a los acreedores de créditos litigiosos, y, en definitiva, a cualquier que se presuma que pudiera ser acreedor.

Y las citaciones a realizar en el extranjero? Acudiremos a los medios regulados en la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil.

 

Formación de inventario

La formación de inventario ha de iniciarse en el plazo de 30 días desde el llamamiento a todos los interesados, y ha de realizarse en el plazo de 60 días (ambos plazos de días naturales). Este plazo de realización puede ampliarse hasta el año cuando las circunstancias concretas lo aconsejen, debiendo justificarlo el notario. Una justificación defectuosa puede frustrar el beneficio por lo que acostumbramos a supervisarla.

El inventario contiene una relación valorada de todos los bienes, derechos, deudas y obligaciones del causante. La valoración ha de referirse a la fecha en que se realice el inventario, no a la fecha de fallecimiento. Para poder tomar una decisión correcta posterior (la aceptación o renuncia de la herencia) se recomienda que los bienes inmuebles sean valorados por un perito y no remitirse a las valoraciones fiscales automáticas que suelen hacer en las Notarias.

Los acreedores deberán aportar una relación actualizada de su crédito e indicar lo procedente sobre si está o no vencida.

El inventario tiene que ser fiel y exacto, por lo que el heredero perderá su beneficio de inventario si a sabiendas deja de incluir alguna bien (especialmente en el pasivo).

 

Deliberación

Finalizado el inventario, el heredero tiene un plazo de otros 30 días para deliberar y poder renunciar a la herencia o aceptarla (su silencio tiene el efecto de la aceptación pura y simple, con todas las consecuencias).

En ocasiones, de una vista del inventario la decisión puede ser sencilla, pero en otras no. También podrá ser necesario valorar la deuda (si es exigible, transaccionable, impugnable ante los Tribunales, etc.), así como las obligaciones (y su trascendencia económica real). Por tanto, se puede necesitar un asesoramiento especializado y con experiencia para tomar la decisión.

 

Causas por las que se pierde el beneficio de inventario

  • Por no comenzar o finalizar el inventario en forma
  • Si se oculta en el inventario, a sabiendas, bienes, derechos,  acciones (tanto del causante como contra él), deudas obligaciones de la herencia. Se requiere una voluntariedad en la ocultación, no una mera omisión no intencionada. Aunque la ley nada dice, hemos de entender que la omisión (aunque sea voluntaria) se ha de referir a elementos de alguna trascendencia.
  • En el caso de que el heredero vendiere bienes de la herencia sin autorización judicial o de todos los interesados, o no se diese al precio recibido el fin señalado en la autorización.

 

Casos en los que la herencia siempre es aceptada a beneficio de inventario

Como hemos dicho al principio, el beneficio de inventario no es lo mismo que aceptar la herencia a beneficio de inventario. Hay supuestos en los que, por ley, la herencia es aceptada siempre a beneficio por lo que no es necesario solicitar ese beneficio

Supuestos:

  • Herencia a favor del Estado
  • Cuando el heredero es una fundación
  • Cuando se reclame judicialmente la herencia (artículo 1021 del Código Civil1)
  • Aceptación por el tutor sin autorización judicial
  • Cuando los padres la aceptan si previamente el juez les haya denegado autorización para repudiarla
  • Casos de hipoteca inversa cuando recaiga sobre la vivienda habitual

En algunos de los casos enumerados se puede perder el beneficio de inventario: a) Fundaciones: si no se incluyen todos los bienes en el inventario, pudiendo responder el patrono de la fundación ante ésta por la pérdida del beneficio; b) Tutores y padres: si se causa daños a acreedores o legatarios, tutor y padres podrían terminar asumiendo el pago de la indemnización a los perjudicados.

 

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Impuesto sobre Sucesiones (Andalucía). Planificación fiscal de la herencia

Impuesto sobre Sucesiones (Andalucía). Planificación fiscal de la herencia

Impuesto sobre Sucesiones (Andalucía). Planificación fiscal de la herencia

 

Planificación fiscal de la herencia

 

Una vez se ha producido el fallecimiento, hay que saber aplicar de un modo correcto las normas civiles y fiscales para conseguir el pago de una cuota tributaria lo más baja posible. Pero más interesante es la planificación fiscal de la herencia en vida: preparar el patrimonio y las disposiciones testamentarias en vida para que llegado el día del fallecimiento, la liquidación del Impuesto de Sucesiones resulte más sencillo y eficaz pagar una cuota baja.

Por tanto, la planificación de la herencia tiene dos objetivos: desde la perspectiva civil determinar el destino de los bienes, y desde la perspectiva fiscal pagar una cuota tributaria lo más baja posible. Ambos objetivos se obtienen con un profundo estudio del patrimonio y voluntad de quien va a otorgar el testamento. El Derecho brinda muchas posibilidades de conseguirlo. Ahora, en vida, es cuando hay que plantearse el caso.

A continuación, exponemos el contenido del Impuesto sobre Sucesiones (en su aplicación en Andalucía). Podrá apreciar lo elevado que puede resultar la cuota a pagar si no se realiza una correcta planificación para obtener mejores resultados.

 

El Impuesto sobre Sucesiones en Andalucía

 

Hecho imponible y sujetos pasivos

El impuesto grava las adquisiciones de bienes efectuadas por herederos y legatarios (así como por beneficiarios de seguro de vida) con ocasión del fallecimiento de una persona.

Los sujetos pasivos del impuesto (los obligados al pago) son los herederos, legatarios y beneficiarios de seguros de vida.

Para el cálculo del impuesto, los sujetos pasivos se clasifican en cuatro grupos:

  • Grupo I: Descendientes o adoptados menores de 21 años
  • Grupo II: Descendientes o adoptados de 21 años o más, cónyuge y ascendientes o adoptantes
  • Grupo III: Parientes colaterales de segundo y tercer grado (por consanguinidad o afinidad); y ascendientes y descendientes por afinidad
  • Grupo IV: Resto de parientes y extraños

En la Comunidad Autónoma de Andalucía existen equiparación de personas que posibilitan su inclusión en un grupo más beneficioso. Así:

  • Las parejas de hecho inscritas en el Registro de Uniones de Hecho de la comunidad autónoma se equiparan a los matrimonios
  • Las personas en acogimiento familiar permanente o preadoptivo se equiparan a los adoptados, respecto de los acogedores o adoptantes
  • Las personas que realizan acogimiento familiar permanente o preadoptivo se equiparan a los adoptantes, respecto de aquellos

Base imponible

Es el valor neto de la adquisición de cada sujeto pasivo según su participación en la herencia más la prestación derivada del seguro de vida, en su caso.

El valor neto de la herencia se calcula sumando el valor real de todos los bienes (disminuido por sus cargas), más el valor del ajuar doméstico (que normalmente será el 3% del valor de los bienes menos sus cargas). A su resultado hay que restar las deudas del difunto y gastos habidos por el fallecimiento.

 

Reducciones

A la base imponible de cada sujeto pasivo hay que aplicar las reducciones establecidas por el Estado y por la Comunidad Autónoma.

En Andalucía existen las siguientes reducciones:

  1. Por parentesco con el causante
  2. Especial por parentesco con el causante
  3. Por discapacidad del sujeto pasivo
  4. Por adquisición de empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades
  5. Por adquisición de vivienda habitual
  6. Por adquisición de bienes integrantes del Patrimonio Histórico
  7. Por transmisión consecutiva mortis causa de un mismo bien
  8. Por adquisición de explotaciones agrarias

A continuación se exponen las condiciones de las más habituales.

 

Reducción por parentesco con el causante

En función del grupo al que perteneza el sujeto pasivo, se reducirá alguna de las siguientes cantidades:

  • Grupo I: 15.956,87 euros más 3.990,72 euros por cada año menos de 21 que tenga el sujeto pasivo, sin que la reducción total pueda ser superior a 47.858,59 euros
  • Grupo II: 15.956,87 euros
  • Grupo III: 7.993,46 euros
  • Grupo IV: 0,00 euros

Reducción especial por parentesco con el causante

Se trata de una reducción de cuantía variable de cuya aplicación ha de resultar una base liquidable de importe cero euros. El importe total de todas las reducciones no puede superar 1.000.000,00 euros. Han de darse los siguientes requisitos en el sujeto pasivo:

  • Que pertenezca a los grupos I o II
  • Que su patrimonio preexistente sea igual o inferior a 1.000.000,00 euros

Reducción por discapacidad

El grado de discapacidad es aquel reconocido por la autoridad administrativa competente, resultando las siguientes reducciones:

  • Si el sujeto pasivo pertenece a los grupos I o II, se aplicará una reducción de hasta 1.000.000 de euros.
  • Si el sujeto pasivo pertenece a los grupos I o II, se aplicará una reducción de hasta 250.000 euros.

 

Reducción por adquisición de empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades

(Con empresa nos referiremos a empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades.)

La reducción será del 99% sobre la base imponible en cuanto a la empresa si el heredero es descendiente, ascendiente, cónyuge o colateral hasta tercer grado (tíos, sobrinos) del fallecido. La empresa ha de estar domiciliada en Andalucía y ha de mantenerse dicho domicilio durante al menos cinco años (si no lo mantiene, la reducción será del 95%).

También se pueden beneficiar de esta reducción otros herederos:

  • Aquellos que tengan un contrato laboral de al menos 10 años de antigüedad (a contar desde el fallecimiento) con la empresa que se adquiere
  • Aquellos que durante al menos los últimos cinco años sean responsables en la gestión o dirección de la empresa o negocio que se adquiere.

Reducción por adquisición de vivienda habitual

Una reducción variable entre el 95% y el 100% (dependiendo del valor neto adquirido) se aplica sobre la base imponible por la adquisición de la vivienda habitual del fallecido cuando ésta es adquirida por el cónyuge, descendientes o ascendientes. También se aplica cuando el heredero sea cualquier pariente colateral mayor de 65 años que hubiera convivido con el fallecido al menos durante los dos últimos años.

La reducción se aplica sobre un importe máximo de 122.606,47 euros del valor de la vivienda adquirida por cada heredero (de su participación) con independencia del valor total de la vivienda. El heredero ha de mantenerla en su patrimonio al menos durante tres años.

 

Reducción por transmisión consecutiva por herencia de un mismo bien

Si un mismo bien se transmite dentro del periodo de 10 años más de una vez por herencia entre descendientes, se deducirá de la base imponible la cuota pagada por este impuesto en las anteriores transmisiones.

 

Cuota tributaria

Calculada la base liquidable, a la cantidad resultante se le aplica la siguiente escala progresiva para calcular la cantidad a pagar:

Base liquidable
(hasta X €)
Cuota íntegra (€)Resto de base liquidable
(hasta Y €)
Tipo aplicable (%)
0,000,007.993,467,65
7.993,46611,507.987,458,50
15.980,911.290,437.987,459,35
23.968,362.037,267.987,4510,20
31.955,812.851,987.987,4511,05
39.943,263.734,597.987,4611,90
47.930,724.685,107.987,4512,75
55.918,175.703,507.987,4513,60
63.905,626.789,797.987,4514,45
71.893,077.943,987.987,4515,30
79.880,529.166,0639.877,1516,15
119.757,6715.606,2239.877,1618,70
159.634,8323.063,2579.754,3021,25
239.389,1340.011,04159.388,4125,50
398.777,5480.655,08398.777,5431,75
797.555,08207.266,95en adelante36,50

A la cantidad resultante hay que multiplicarla por un coeficiente según el grupo al que pertenezca el sujeto pasivo (heredero) y cuál sea su patrimonio preexistente:

Patrimonio preexistente (€)Grupos I y IIGrupo IIIGrupo IV
De 0 a 402.678,111,00001,58822,0000
De más de 402.678,11 a 2.007.380,431,05001,66762,1000
De más de 2.007.380,43 a 4.020.770,981,10001,74712,2000
De más de 4.020.770,981,20001,90592,4000

Para los sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II, se le aplicará una bonificación de la cuota del 99%. Es decir, solo pagarán el 1% de la cita resultante (se aplica a fallecimientos ocurridos a partir del 11 de abril de 2019.

 

Plazos

En el plazo de seis meses desde el fallecimiento del causante, el sujeto pasivo ha de presentar una autoliquidación del impuesto . Este plazo puede ser prorrogado por otros seis meses con el único requisito de ser solicitada la prórroga antes de que finalice el quinto mes del plazo inicial (a partir del sexto mes, se devengarán intereses).

Presentada la autoliquidación, procede el pago de la cuota tributaria. Pero el sujeto pasivo puede solicitar un aplazamiento o fraccionamiento del pago, que no necesitará prestar garantía siempre que la cantidad a pagar sea inferior a 30.000,00 euros. Este aplazamiento devengará intereses.

Si el sujeto pasivo paga la cuota tributaria fuera de plazo sin haber solicitado ni prórroga ni aplazamiento (y sin que haya requerimiento de la administración), deberá pagar un recargo variable y, en su caso, intereses, según lo siguiente:

Retraso en presentación

Recargo

Recargo reducido

Hasta 3 meses

5,00%


3,75%

Entre 3 y 6 meses

10,00%

7,50%

Entre 6 y 12 meses

15,00%

11,25%

Más de 12 meses

20,00%


más intereses

15,00%


más intereses

(Procede el recargo reducido cuando se abone al presentar la autoliquidación, o al recibir la liquidación que la administración pueda hacer tras presentar la autoliquidación de modo voluntario.)

En el caso de que el pago de la cuota tributaria se realice como consecuencia de un requerimiento de la administración, no procede el pago de recargo pero sí de intereses. Estos se devengan desde el primer día contar desde que finalizó el plazo voluntario de autoliquidación. También procederá una sanción.

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La planificación patrimonial

La planificación patrimonial

La planificación patrimonial


Si le ha llamado la atención la fotografía y se ha preguntado qué relación tiene con la planificación patrimonial, le puedo decir que mucha. Piense la razón mientras lee.


¿Qué es la planificación patrimonial?

 

 

La planificación patrimonial nos permite adquirir de modo óptimo el patrimonio, o preservar el ya adquirido, sea personal o empresarial, conservarlo y obtener de él mediante su correcta administración el mayor rendimiento (maximizando ingresos y sobre todo minimizando gastos -carga de impuestos-), y garantizar su transferencia a la siguiente generación. Para ello, nos servimos de un conjunto de herramientas que aplicaremos de modo proactivo.

La Planificación patrimonial  consiste en elaborar anticipadamente un modelo de actuación para organizar y dirigir la gestión de parte o de la totalidad del patrimonio presente y futuro de una persona, con la finalidad de mantener o incrementar su valor, y lograr su transmisión ordenada a quienes deban recibirlo en su momento

Esas herramientas son de distinta naturaleza: fiscal (impuestos), sucesoria (transmisión entre vivos o por herencia), de gestión, etc. Pueden aplicarse tanto a grandes patrimonios como a pequeños patrimonios familiares (incluso el formado por una vivienda y poco más).

La planificación se puede realizar antes de adqurir el patrimonio, adaptándola conforme va creciendo y van cambiando la estructura de la familia y las necesidades, o también una vez adquirido, realizando los ajustes necesarios.

En definitiva, la planificación patrimonial persigue el bienestar del individuo y de su familia ya que le proporciona tranquilidad y seguridad al preservar su patrimonio, al poder obtener la renta esperada, al poder transmitirlo sin grandes costes, al conseguir los objetivos marcados, y, especialmente, al evitar conflictos familiares.

Es exigencia de responsabilidad tomar las medidas adecuadas.

 

Estructura de la familia

La familia moderna ha evolucionado hacia una composición más compleja, lo que exige una mejor planificación del patrimonio para garantizar su subsistencia. Es habitual que hijos se trasladen a vivir a otros países, adquiriendo su residencia, lo cual introduce un elemento internacional a tener en consideración en cuanto a la legislación aplicable. La tasa de rupturas matrimoniales es elevada, existiendo segundos y terceros matrimonios, lo cual también incide en el patrimonio familiar; o las nuevas formas de parejas (la misma convivencia en pareja) también afectan al patrimonio familiar.

Incluso en familias de estructura más sencilla, o de estructura clásica, concurren circunstancias en las que el patrimonio puede estar amenazado (especialmente por su gestión y por su sucesión).

La planificación patrimonial es un acto necesario de responsabilidad que evitará problemas presentes y futuros en el ámbito familiar y empresarial, y, especialmente, un importante ahorro económico

Según estadísticas de ámbito nacional, un patrimonio es formado en una primera generación. En la mayoría de los casos, la segunda generación lo preserva (si bien disminuyéndole su valor). Pero se pierde en la tercera generación. Por qué se pierde el patrimonio? La causa principal es una incorrecta transmisión: la carga fiscal (los impuestos pagados), la falta de liquidez, la escasa preparación de la siguiente generación, y la herencia a favor de varias personas (herederos).

En definitiva, el patrimonio no perdura por no estar correctamente estructurado y planificado.

Implementando estructuras de planificación adecuadas, lo que necesariamente precisa conocer las distintas legislaciones que puedan ser aplicables (si concurre un elemento internacional), la estructura de la familia y la naturaleza del propio patrimonio, las amenazas pueden ser eludidas.

Por tanto, la familia ha de planificar su patrimonio, estructurándolo adecuadamente, y ello solo se consigue mediante el debido asesoramiento de lo que se llama en el mundo del Derecho una Family Office.

 

Circunstancias que afectan al patrimonio

Hay muchas circunstancias que pueden afectar a la gestión y continuidad del patrimonio. Podemos entenderlas como amenazas que habrá que preverlas y poner los medios necesarios para que no terminen afectando.

Enuncio algunas: hijos menores que puedan heredar por un temprano fallecimiento, hijos discapacitados, falta de liquidez para afrontar gastos imprevistos, divorcio, injerencia de los cónyuges de los hijos, modo de distribuir el patrimonio, sucesión en su administración, endeudamiento excesivo, crisis económica global o del sector, etc.

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Otro problema importante que afecta al patrimonio es el de la congelación de los activos cuando concurre un fallecimiento o un divorcio conflictivos y que son sometidos a juicios. Dejar de ser ágiles desemboca en pérdidas de oportunidades.

Estas circunstancias solamente pueden ser ignoradas si, antes de que puedan ocurrir, se han tomado las medidas necesarias mediante un Protocolo. Se trata de que las incidencias externas al propio patrimonio no le afecten.

 

Aspectos en los que ha de operar la planificación

Hemos de comenzar por considerar si el patrimonio aún no se ha adquirido o se va a planificar el ya adquirido, o incluso si se va a expandir el mismo. También hay que estudiar la naturaleza del patrimonio y sus componentes (inmuebles, negocios, valores, etc.). No puede olvidarse si concurren elementos extranjeros (y aunque no concurran, nunca hay que descartarlos).

La planificación ha de incidir en todo lo que pueda afectar al patrimonio:

  • Asuntos personales con transcendencia patrimonial: matrimonio y su régimen económico elegido; efectos de la separación matrimonial; incapacidad sobrevenida, fallecimiento, etc.
  • Todo ingreso conlleva una carga fiscal: el pago de impuestos. La optimización fiscal es una de las bases más importante de la planificación.
  • Riesgos empresariales: en el caso de tener una empresa, el negocio está siempre expuesto a riesgos del mercado. La planificación no solo ha de incidir en minimizarlos, sino en evitar que pueda afectar al resto del patrimonio.
  • Sucesión personal: quién se hará cargo del patrimonio y bajo qué condiciones (por ejemplo, si procede su fragmentación o mantenerlo unido -y en este caso, el modo de control-).

 

Herramientas

Son muchas la herramientas que podemos utilizar en la planificación patrimonial.

En primer lugar hay que realizar un análisis del patrimonio (composición, estructura) así como de la familia y de los objetivos. También hay que analizar las amenazas concretas de ese patrimonio. Solo entonces se pueden elegir las formulas y herramientas adecuadas.

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Enumero algunas (obviamente no todas concurrirán en una planificación concreta):

  1. Sociedad mercantil
  2. Trust para salvaguardar y transmitir los bienes entre generaciones
  3. Fundación para desarrollar actividades filantrópicas
  4. Seguro de vida
  5. Fondo de inversión
  6. Protocolo Familiar
  7. Testamento, no solo de los propietarios, sino de sus herederos. Elección de la ley nacional aplicable
  8. Pacto Sucesorio, la herramienta desconocida que garantiza una sucesión sin sobresaltos
  9. Fideicomisos
  10. Poder preventivo para caso de incapacidad sobrevenida
  11. Testamento Vital
  12. Autotutela
  13. Incapacitación Civil (nombramiento de curador o tutor)
  14. Usufructo
  15. Elección del lugar de residencia
  16. Capitulaciones matrimoniales (más allá de la mera opción de algún régimen de los ofrecidos por la legislación). Prever las consecuencias de la ruptura matrimonial. En el caso matrimonio internacional: elección de la ley aplicable.

 

Bases para un ahorro fiscal

  • Conocimiento de la cuantía a invertir, de las posibles pérdidas, de las posibles ganancias y del tiempo necesario para obtenerlas, sin olvidarse de los riesgos no previsibles.
  • Considerar las consecuencias jurídicas y fiscales de las operaciones que se llevaran a cabo durante la planificación inicial de la operación
  • Elección del régimen matrimonial y del régimen sucesorio
  • Elección del vehículo de inversión más acorde a las finalidades perseguidas
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Algunas notas sobre la conveniencia de constituir una sociedad mercantil

Mediante la sociedad de responsabilidad limitada conseguiremos la separación de la actividad empresarial (y sus riesgos) de los bienes de carácter personal. Pero dado que el administrador de la sociedad puede llegar a responder de las deudas de la sociedad, habrá que proteger el domicilio familiar en caso de deudas y embargos.

La actividad económica mediante una sociedad mercantil (y no como una actividad personal -trabajador autónomo-), además puede conllevar un importante ahorros fiscales. La oportunidad de la creación de una sociedad mercantil también se nos presenta para la tenencia de bienes inmuebles: son las sociedades patrimoniales, o incluso para el ejercicio de una actividad profesional.

Nuevamente, antes del inicio de una actividad y de la constitución de la sociedad, es muy importante planificar el régimen económico por el que se rige el matrimonio (siendo aconsejable el de separación de bienes frente al de bienes ganaciales). No podemos limitarnos a elegir alguno de los regímenes regulados en el Código Civil: podemos crear el régimen que mejor se adapte a las circunstancias concretas.


Planificación patrimonial

Tras haber planificado su patrimonio, seguro que podrá descansar tranquilamente.


 

No es necesario hacer cosas extraordinarias para conseguir resultados extraordinarios

Warren Buffet (1930)

Inversor y empresario

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La Apostilla de La Haya

La Apostilla de La Haya

La Apostilla de La Haya

Introducción

Para que un documento público sea reconocido en el extranjero ha de ser certificada su autenticidad por la autoridad del estado que lo emite, y esta certificación se llama apostilla (apostilla de La Haya). Lo que se certifica es el origen del documento apostillado, es decir, la autenticidad de la firma y sello de la autoridad emisora así como su capacidad para expedirlo dentro del ordenamiento jurídico del estado en cuestión, y no su contenido.

Este sistema se implantó mediante un Convenio de fecha 5 de Octubre de 1961 firmado en La Haya por determinados países al que luego se unieron otros tantos (hoy unos cien, incluyendo todos los de la Unión Europea). Es conocido como Convenio de la Haya. Para ser aplicado, ambos estados han de haber firmado el Convenio (el estado en el que se emite el documento y el estado en que se quiere hacer valer).

No obstante, el 16 de febrero de 2019 entró en vigor el Reglamento UE 2016/1191 por el cual determinados documentos públicos no necesitan de la apostilla para que tengan plena eficacia, como más adelante se expondrá.

Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros (hecho el 5 de octubre de 1961)1

Los Estados signatarios del presente Convenio, deseando suprimir la exigencia de legalización diplomática o consular para los documentos públicos extranjeros, han resuelto concluir un Convenio a tal efecto y han acordado las disposiciones siguientes:

Artículo 1: El presente Convenio se aplicará a los documentos públicos que hayan sido autorizados en el territorio de un Estado contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro Estado contratante.

 

¿Qué documentos deben apostillarse?

Solo los documentos públicos, que son:

  • Documentos judiciales: Documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado (magistrados, jueces, secretarios judiciales, letrados de la administración de justicia, fiscales, oficiales o agentes judiciales, etc.)
  • Documentos administrativos: Documentos dimanantes de los funcionarios públicos (sean de ámbito estatal, de las comunidades autónomas, o entes locales –diputaciones, ayuntamientos, cabildos, concejos, etc.-).
  • Documentos notariales: Documentos autorizados por un Notario (escrituras y actas).
  • Documentos privados sobre los que se haya estampado una certificación oficial o notarial (de autenticidad, de registro, de legitimación de firma, etc.).

No obstante lo anterior, a pesar de ser públicos, no necesitan apostilla los siguientes documentos:

  • Documentos expedidos por funcionarios diplomáticos o consulares.
  • Documentos administrativos relacionados directamente con una operación comercial o aduanera.
  • Documentos que por aplicación de otros convenios internacionales estén expresamente exentos de ser apostillados.

 

¿Quién puede solicitar la apostilla de un documento?

No es necesario que el solicitante sea interesado o parte en el documento, basta tenerlo. Es decir, cualquier persona puede solicitar la apostilla de un documento original que esté en su posesión.

 

¿Y quién emite la apostilla?

Cada estado decide qué autoridad es competente para apostillar los documentos emitidos en su territorio, pudiendo ser una o varias. En España, dependiendo del tipo de documento, existen varias autoridades para tal fin:

  1. Documentos judiciales expedidos por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo: Secretarios de Gobierno de los respectivos tribunales o en quien ellos deleguen.
  2. Otros documentos judiciales (los certificados expedidos por el Registro Civil son documentos judiciales) y documentos administrativos (*): (i) Ministerio de Justicia (a través de su Oficina Central de Atención al Ciudadano, de las Gerencias Territoriales o de las Oficinas Delegadas). (ii) Secretarías de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.
  3. Documentos notariales o documentos privados con firma legitimada por Notario: Colegios Notariales o notarios delegados por dichos Colegios.
  4. Documentos públicos judiciales expedidos por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo: Secretarios de Gobierno de los respectivos tribunales o en quien ellos deleguen.

(*) En algunos casos, determinados documentos administrativos necesitan que previamente sea reconocida la firma de la autoridad que lo expide.

 

Apostilla en formato electrónico

El Ministerio de Justicia de España también ofrece emitir la apostilla electrónica quedando todas ellas incorporadas en un único Registro electrónico. Los documentos emitidos en papel pueden ser apostillados tanto en papel como electrónicamente, pero los emitidos en soporte electrónico solo pueden ser apostillados en formato electrónico. Las apostillas electrónicas están firmadas digitalmente y contendrán el documento público embebido en ellas, con lo que se garantiza que el documento apostillado no ha sido alterado tras su emisión (ya que disponen de un Código Seguro de Verificación –csv-). Estas apostillas se podrán descargar posteriormente a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia.

 

Reglamento UE 2016/1191

En vigor desde el 16 de febrero de 2019 2, permite que determinados documentos públicos emanados por autoridades de la Unión Europea no tengan que ser apostillados para desplegar su eficacia. Tampoco se exigirá su traducción, porque deberán emitirse en todas las lenguas oficiales de la Unión; y tampoco será necesario exhibir el original del documento puesto que su autenticidad podrá comprobarse mediante la plataforma Sistema de Información del Mercado Interior).

La exoneración de la apostilla es para documentos relativos a determinadas materias y que sean expedidos por las autoridades diplomáticas y consulares, las autoridades judiciales, actas notariales, y  certificados oficiales sobre documentos privados. Las materias son las siguientes: filiación; nacimiento y fe de vida; adopción; matrimonio y unión de hecho registrada; separación, divorcio y nulidad matrimonial; fallecimiento; nacionalidad y residencia; antecedentes penales; sufragio activo y pasivo.

 

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