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Compartir fotos de hijos en redes sociales

Compartir fotos de hijos en redes sociales

Hoy día estamos acostumbrados a ver en las redes sociales fotografías de los hijos de nuestros amigos, así como a publicar/compartir la de los nuestros. Son muchos los casos que compartir las fotos en redes sociales suscitan problemas entre los padres de los hijos menores de edad, especialmente cuando están separados.

Suelen ser fotos familiares, inocentes, que aparentemente no deberían causar ningún problema. Pero la imagen de las personas son un derecho protegido, y si son de menores de edad, lo son más.

 

¿Qué supone una fotografía de una persona?

La imagen de la persona es un Derecho Fundamental reconocido y protegido por la Constitución Española, constituyendo un dato de carácter personal1

Por tanto, para su reproducción, es decir, publicarla en una red social por ejemplo, se requiere el consentimiento de su titular. A estos efectos, el consentimiento ha de darlo la propia persona si es mayor de 14 años. Pero si es menor de 14 años, corresponde a sus representantes legales (a sus padres o tutores) dar el consentimiento.

A estos efectos, el consentimiento dado inicialmente puede ser revocado con posterioridad.

 

Entonces, ¿puedo compartir una fotografía de mi hijo?

El acto de publicar una fotografía de un hijo menor de 14 años es un derecho que se incluye dentro de la Patria Potestad2.

Habitualmente la Patria Potestad es ejercida por los padres del niño, de modo que ha de concurrir el consentimiento de ambos para la publicación.

En parejas no separadas no suele haber problemas por motivos obvios. Los problemas surgen cuando la pareja se encuentra separada y cada uno de ellos hace a su antojo sin contar con el otro titular de la Patria Potestad.

Publicada una fotografía del menor por uno de los padres, el otro puede oponerse a ello. El que la ha publicado tiene dos opciones:

  • Eliminar la foto.
  • Acudir al Juez para que autorice la publicación. Éste, después de oír a ambos progenitores, al Ministerio Fiscal y al propio menor si fuese mayor de 12 años o con juicio suficiente, decidirá sobre la facultad o no para publicar la fotografía. La decisión dependerá, esencialmente, de la naturaleza de la fotografía y de las circunstancias del medio en que se publique o comparta.

También puede darse por uno de los progenitores una negativa de modo absoluto al consentimiento de publicar fotos por el otro (sin tener que esperar a que sea publicada la fotografía). Incluso esta medida puede solicitarse judicialmente; y en caso de ser acordada bastará solicitar su ejecución en caso de incumplimiento (pudiendo conllevar en casos extremos hasta la pérdida de la Patria Potestad por el progenitor que la incumpla).

 

Límites a la denegación del consentimiento

En cualquier caso, lo que no puede hacerse es un uso abusivo y caprichoso de la no prestación del consentimiento (unas fotos sí y otras no, sin que medie justa causa para ello)

Existen muchas formas de compartir en redes sociales. Por ejemplo, no es lo mismo un perfil de Facebook público con miles de ‘amigos’, que uno cerrado de puro ámbito familiar.

En este segundo caso, compartir fotografías estará amparado por el propio Código Civil: Son válidos los actos que realice uno de los progenitores conforme al uso social y a las circunstancias del caso (art. 156)3.

 

Consideraciones adicionales

A) Todo lo anterior no es aplicable a las fotografías que constituyan una vulneración de la intimidad del menor o atente contra sus intereses, dado que en este caso estaríamos ante una intromisión ilegítima en el derecho al honor, intimidad personal e imagen del menor amparado por el artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

En estos casos no entra en juego el consentimiento ni voluntad de los padres, pues la prohibición de la publicación es absoluta con fuerza de ley.

B) No podemos olvidar que de acuerdo con las condiciones generales de la mayoría de redes sociales, en el momento en que se comparte una fotografía, se autoriza a dicha red para que la utilice, sin límite temporal ni territorial, con carácter no exclusivo.

Notas (para volver al texto, pinche en el número de la nota):
  • 1 El artículo 5 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal define “dato de carácter personal” como cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables.
  • 2 El artículo 156 del Código Civil establece que la patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro.
  • 3 La jurisprudencia de las Audiencias Provinciales así lo entiende: «En cuanto a la petición de que se prohíba a la actora publicar fotografías del hijo común en redes sociales, el recurso debe ser desestimado. […] La Juzgadora de 1.ª Instancia ha referido con buen criterio que ambas partes son cotitulares de la potestad parental sobre su hijo y ambos deben velar por la protección integral de su hijo restringiendo la privacidad de las imágenes del menor remitiendo sus fotos únicamente a sus familiares y amistades más cercanos, sin que se haya acreditado que ello no haya sido así.» (JUR 2015\164632)

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La Apostilla de La Haya

La Apostilla de La Haya

Introducción

Para que un documento público sea reconocido en el extranjero ha de ser certificada su autenticidad por la autoridad del estado que lo emite, y esta certificación se llama apostilla (apostilla de La Haya). Lo que se certifica es el origen del documento apostillado, es decir, la autenticidad de la firma y sello de la autoridad emisora así como su capacidad para expedirlo dentro del ordenamiento jurídico del estado en cuestión, y no su contenido.

Este sistema se implantó mediante un Convenio de fecha 5 de Octubre de 1961 firmado en La Haya por determinados países al que luego se unieron otros tantos (hoy unos cien, incluyendo todos los de la Unión Europea). Es conocido como Convenio de la Haya. Para ser aplicado, ambos estados han de haber firmado el Convenio (el estado en el que se emite el documento y el estado en que se quiere hacer valer).

No obstante, el 16 de febrero de 2019 entró en vigor el Reglamento UE 2016/1191 por el cual determinados documentos públicos no necesitan de la apostilla para que tengan plena eficacia, como más adelante se expondrá.

Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros (hecho el 5 de octubre de 1961) 4

Los Estados signatarios del presente Convenio, deseando suprimir la exigencia de legalización diplomática o consular para los documentos públicos extranjeros, han resuelto concluir un Convenio a tal efecto y han acordado las disposiciones siguientes:

Artículo 1: El presente Convenio se aplicará a los documentos públicos que hayan sido autorizados en el territorio de un Estado contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro Estado contratante.

 

¿Qué documentos deben apostillarse?

Solo los documentos públicos, que son:

  • Documentos judiciales: Documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado (magistrados, jueces, secretarios judiciales, letrados de la administración de justicia, fiscales, oficiales o agentes judiciales, etc.)
  • Documentos administrativos: Documentos dimanantes de los funcionarios públicos (sean de ámbito estatal, de las comunidades autónomas, o entes locales –diputaciones, ayuntamientos, cabildos, concejos, etc.-).
  • Documentos notariales: Documentos autorizados por un Notario (escrituras y actas).
  • Documentos privados sobre los que se haya estampado una certificación oficial o notarial (de autenticidad, de registro, de legitimación de firma, etc.).

No obstante lo anterior, a pesar de ser públicos, no necesitan apostilla los siguientes documentos:

  • Documentos expedidos por funcionarios diplomáticos o consulares.
  • Documentos administrativos relacionados directamente con una operación comercial o aduanera.
  • Documentos que por aplicación de otros convenios internacionales estén expresamente exentos de ser apostillados.

 

¿Quién puede solicitar la apostilla de un documento?

No es necesario que el solicitante sea interesado o parte en el documento, basta tenerlo. Es decir, cualquier persona puede solicitar la apostilla de un documento original que esté en su posesión.

 

¿Y quién emite la apostilla?

Cada estado decide qué autoridad es competente para apostillar los documentos emitidos en su territorio, pudiendo ser una o varias. En España, dependiendo del tipo de documento, existen varias autoridades para tal fin:

  1. Documentos judiciales expedidos por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo: Secretarios de Gobierno de los respectivos tribunales o en quien ellos deleguen.
  2. Otros documentos judiciales (los certificados expedidos por el Registro Civil son documentos judiciales) y documentos administrativos (*): (i) Ministerio de Justicia (a través de su Oficina Central de Atención al Ciudadano, de las Gerencias Territoriales o de las Oficinas Delegadas). (ii) Secretarías de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.
  3. Documentos notariales o documentos privados con firma legitimada por Notario: Colegios Notariales o notarios delegados por dichos Colegios.
  4. Documentos públicos judiciales expedidos por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo: Secretarios de Gobierno de los respectivos tribunales o en quien ellos deleguen.

(*) En algunos casos, determinados documentos administrativos necesitan que previamente sea reconocida la firma de la autoridad que lo expide.

 

Apostilla en formato electrónico

El Ministerio de Justicia de España también ofrece emitir la apostilla electrónica quedando todas ellas incorporadas en un único Registro electrónico. Los documentos emitidos en papel pueden ser apostillados tanto en papel como electrónicamente, pero los emitidos en soporte electrónico solo pueden ser apostillados en formato electrónico. Las apostillas electrónicas están firmadas digitalmente y contendrán el documento público embebido en ellas, con lo que se garantiza que el documento apostillado no ha sido alterado tras su emisión (ya que disponen de un Código Seguro de Verificación –csv-). Estas apostillas se podrán descargar posteriormente a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia.

 

Reglamento UE 2016/1191

En vigor desde el 16 de febrero de 2019 5, permite que determinados documentos públicos emanados por autoridades de la Unión Europea no tengan que ser apostillados para desplegar su eficacia. Tampoco se exigirá su traducción, porque deberán emitirse en todas las lenguas oficiales de la Unión; y tampoco será necesario exhibir el original del documento puesto que su autenticidad podrá comprobarse mediante la plataforma Sistema de Información del Mercado Interior).

La exoneración de la apostilla es para documentos relativos a determinadas materias y que sean expedidos por las autoridades diplomáticas y consulares, las autoridades judiciales, actas notariales, y  certificados oficiales sobre documentos privados. Las materias son las siguientes: filiación; nacimiento y fe de vida; adopción; matrimonio y unión de hecho registrada; separación, divorcio y nulidad matrimonial; fallecimiento; nacionalidad y residencia; antecedentes penales; sufragio activo y pasivo.

 

Notas (para volver al texto, pinche en el número de la nota):
  • 1 El artículo 5 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal define “dato de carácter personal” como cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables.
  • 2 El artículo 156 del Código Civil establece que la patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro.
  • 3 La jurisprudencia de las Audiencias Provinciales así lo entiende: «En cuanto a la petición de que se prohíba a la actora publicar fotografías del hijo común en redes sociales, el recurso debe ser desestimado. […] La Juzgadora de 1.ª Instancia ha referido con buen criterio que ambas partes son cotitulares de la potestad parental sobre su hijo y ambos deben velar por la protección integral de su hijo restringiendo la privacidad de las imágenes del menor remitiendo sus fotos únicamente a sus familiares y amistades más cercanos, sin que se haya acreditado que ello no haya sido así.» (JUR 2015\164632)
  • 4 Traducción preparada por los Profesores Borrás y González Campos – “Recopilación de los Convenios de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (1951-2007), coordinación y estudio preliminar de Alegría Borrás y Julio D. González Campos, 2ª edición, Madrid (Editorial Marcial Pons), 2008” – y revisada en colaboración con la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.
  • 5 Reglamento (UE) 2016/1191 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, por el que se facilita la libre circulación de los ciudadanos simplificando los requisitos de presentación de determinados documentos públicos en la Unión Europea y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 1024/2012

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Régimen patrimonial del matrimonio según la legislación finlandesa

Régimen patrimonial del matrimonio según la legislación finlandesa

Régimen patrimonial

Según la legislación finlandesa los cónyuges conservan tras casarse la propiedad de todo lo que era suyo antes del matrimonio. Así mismo, es de su propiedad lo adquirido durante el matrimonio.

Respecto de las deudas, cada cónyuge es responsable de las que haya contraído antes y durante el matrimonio. Pero ambos son responsables de las deudas que cualquiera de los dos contraiga durante el matrimonio para mantener a la familia. Así mismo, ambos responderán de las deudas contraídas de manera conjunta.

El matrimonio no limita el derecho de los cónyuges a realizar transacciones con terceros. Sin embargo, la vivienda que sea el hogar conyugal no puede ser transmitida por ninguno de los cónyuges salvo con la autorización del otro.

Además, cualquier de ellos puede donar al otro cualquier tipo de bien. Esta donación puede ser comunicada a la oficina local de la Magistratura (autoridad administrativa estatal de ámbito local –maistraatti-) de modo tal que el cónyuge que recibe la donación protege estos bienes frente a los acreedores de su cónyuge.

 

Derecho conyugal y capitulaciones matrimoniales

A pesar de la independencia patrimonial de los cónyuges durante el matrimonio existe un derecho conyugal (avio-oikeus) que se materializa cuando el matrimonio concluye por divorcio o muerte. En virtud del derecho conyugal, cada cónyuge tiene, en principio, derecho a la mitad de la propiedad neta conyugal (es decir, el conjunto de bienes de ambos cónyuges).

No obstante, se puede excluir este derecho mediante capitulaciones matrimoniales de mutuo acuerdo, antes o durante el matrimonio. La exclusión puede referirse a cualquier bien adquirido antes o durante el matrimonio, o incluso a todos los bienes.

Las capitulaciones matrimoniales para que sean válidas deben inscribirse en la oficina local de la Magistratura.

Hay que tener en cuenta que además de los cónyuges, tanto el testador como el donante pueden excluir el derecho conyugal sobre los bienes que recibe el heredero o el donatario. Es común, por ejemplo, que los padres donantes o testadores incluyan tal cláusula para eliminar el derecho matrimonial del cónyuge de su hijo sobre la propiedad dejada en herencia o donada.

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