Custodia de los animales de compañía, y otros derechos

Custodia de los animales de compañía, y otros derechos

Custodia de los animales de compañía, y otros derechos

© Guizmo, bichón maltés

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No cabe duda de que las mascotas no son cosas. Son seres vivos que comparten su vida con nosotros, les ponemos un nombre, nos acompañan, jugamos juntos, dependen de nosotros, los necesitamos y, en definitiva, se crean lazos emocionales entre las mascotas y sus dueños. Ocupan un sitio en nuestros corazones y, por qué no, nosotros en los suyos (seguro).

Pero hasta principios del año 2022, las mascotas eran, a los ojos de la ley, cosas. Semovientes, pero cosas.

La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que sus animales son tratados (Mahatma Gandhi)

La Ley 17/2021, de 15 de diciembre, entró en vigor el 5 de enero de 2022 modificando el Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por ella, los animales de compañía pasan a ser verdaderos miembros de la familia. Con ello se da solución jurídica a determinados problemas que antes la Ley ignoraba. Esta nueva regulación impone un nuevo criterio de interpretación de todo el ordenamiento jurídico español respecto de los animales.

Principalmente se resuelven los conflictos que nacían de las situaciones de crisis matrimonial (separación o divorcio), si bien es cierto que ya algunos Tribunales habían tomado decisiones al respecto. Nosotros, en casos en los que existían mascotas, también veníamos introduciendo desde hace años cláusulas respecto de ellos en los Convenios Reguladores.

Con estas modificaciones legales, la Ley, una vez más, se adapta a la realidad social en la que vivimos. Da respuesta a los problemas actuales.

La nueva legalidad promulga que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad, aunque no se excluye que puedan ser objeto de propiedad. Solo les será aplicable el régimen de las cosas en la medida en que sea compatible con su propia naturaleza de seres vivos con sensibilidad o con las leyes destinadas a su protección (por ejemplo, no se podrán vender sin el acuerdo unánime de todos sus propietarios).

Se impone la obligación al dueño del animal de cuidarlo respetando su cualidad de ser con sentimientos, y ha de asegurarle su bienestar conforme a dicha naturaleza.

 

En los casos antes aludidos de crisis matrimonial, el Juez deberá confiar los animales de compañía a uno o ambos cónyuges o propietarios de los mismos. Ha de establecer un régimen de vistas o compañía del animal respecto de sus propietarios, así como el reparto de las cargas asociadas a su cuidado. Las decisiones que ha de tomar el Juez han de considerar y atender al interés de todos los miembros de la familia y del propio animal.

Es decir, se introducen los pronunciamientos respecto de los animales de compañía como los ya existentes respecto de los hijos menores. El Juez ha de pronunciarse sobre ellos, y si se trata de una ruptura amistosa, el Convenio Regulador ha de contener mención a ello.

El Derecho de Sucesiones también se modifica. Aplicando el mismo criterio de bienestar de los animales, se regula el destino de los animales de compañía en caso de fallecimiento de su propietario sin que conste su voluntad expresa. En tales casos, se entregarán a los herederos que los reclamen; y si lo solicitara más de uno y no hubiera acuerdo unánime, decidirá el Juez su destino.

Otros aspectos regulados es que impone el cumplimiento de deberes de asistencia veterinaria y cuidados necesarios para garantizar su salud y bienestar en cuanto a su venta. Se prohíbe la constitución del derecho real de prenda sobre los ellos y que se extienda la hipoteca a los animales de una finca dedicada a la explotación ganadera, industrial o de recreo, y el pacto de extensión de la hipoteca a los animales de compañía.

También son declarados inembargables los animales de compañía en atención al especial vínculo de afecto que les liga con la familia con la que conviven, sin perjuicio de la posibilidad de embargar las rentas que puedan generar.

En otros lugares del mundo la protección de los animales ha tenido resoluciones que llaman la atención. Ponemos algunos ejemplos:

  • En 2016 se reconoció por un Tribunal argentino la condición de persona no humana a la orangutana Sandra, reconociéndole ser sujeto titular de derechos fundamentales, como, por ejemplo, el de la libertad.
  • En noviembre de 2021, la asociación The Nonhuman Rights Project planteó ante el Tribunal de Apelaciones de Nueva York una reclamación de habeas corpus para obtener la libertad del elefante Happy, que lleva 40 años en el zoo del Bronx.
  • En octubre de 2021, un Tribunal Federal de Ohio reconoció como personas jurídicas a los descendientes de los hipopótamos del famoso narcotraficante Pablo Escobar, que han proliferado en el río Magdalena (Colombia), autorizándoles a ejercer un derecho legal en su propio nombre.

Ya, legalmente, no son cosas. 

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El absentismo escolar por Covid no es delito

El absentismo escolar por Covid no es delito

El absentismo escolar por Covid no es delito

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Ante el inicio del curso escolar son muchos los padres que temen el contagio de sus hijos en los colegios. Las administraciones y la Fiscalía están alertando de las «supuestas» graves consecuencias que tendría no llevarlos al colegio. En este artículo, publicado originalmente en El Mundo, uno de los mejores penalistas de España, José María de Pablo arroja luz sobre el particular.

 

La Fiscalía de Menores ha advertido, de cara a la vuelta al colegio en plena situación de pandemia, que actuará contra el absentismo escolar que no tenga una justificación clara y terminante. Pero ¿hasta qué punto puede actuar la Fiscalía en estos casos? ¿Es delito no llevar a los hijos al colegio por miedo al Covid?

El artículo 226 del Código Penal castiga, como delito de abandono de familia, el incumplimiento de los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, con penas de entre tres y seis meses de prisión o multa de entre seis y doce meses. En determinados casos especialmente graves, se puede añadir también la pena de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad. Esos deberes cuya desatención se castiga como abandono de familia son los establecidos en el artículo 154 del Código Civil, entre ellos la obligación de educar y proporcionar una formación integral a los hijos, lo que incluye la debida escolarización.

Ahora bien, no todo absentismo escolar es delito de abandono de familia. La jurisprudencia (por ejemplo, la sentencia nº 49/2020 de la Audiencia Provincial de Madrid) exige que el absentismo sea grave, patente y duradero en el tiempo. Con estos criterios, algunas sentencias han condenado por abandono de familia a los padres cuyos hijos dejaron de asistir al colegio durante un curso completo.

Pero hay más. El delito de abandono de familia exige, como parte de su elemento subjetivo, la voluntad de desatención de los padres. Esto significa que el mero absentismo escolar no es delito: dependerá de los motivos que llevaron a los padres a desatender esos deberes. Si el absentismo se debe a la dejadez y desatención de los padres estaremos ante un delito de abandono de familia. Si, por el contrario, el motivo es otro -por ejemplo, la protección ante un posible contagio por Covid- no podemos hablar de delito.

Es muy ilustrativa sobre esta cuestión la Sentencia 383/2019 de la Audiencia Provincial de Girona, que acordó la libre absolución de los padres de un menor que no asistió al colegio durante un año completo debido al miedo de sus padres ante los reiterados problemas de salud de su hijo. En este caso, la sentencia estudia los motivos que llevaron a los acusados a no llevar a su hijo al colegio durante tan prolongado periodo de tiempo, y comprueba que en ningún caso puede hablarse de desatención (en concreto, sus padres se preocuparon de adquirir los libros de texto del menor, se entrevistaron con el tutor, trataron de sustituir la asistencia a clase mediante educación en casa, etc.), sino más bien de un exceso de celo en la protección de la salud de su hijo (de hecho, la inasistencia coincidió con el comienzo de ciertos problemas médicos del niño).

Con estos precedentes, entiendo que la clave para considerar si un absentismo escolar patente y prolongado puede ser considerado delito de abandono de familia es atender a las circunstancias concretas del menor y a las causas del absentismo. Si este no se debe a la dejadez de los padres, sino al miedo a un posible contagio por Covid, parece evidente que no podemos hablar de delito. Aún así, para quien opte por no llevar a sus hijos al colegio los próximos días, será conveniente tomar medidas para poder demostrar -de cara a una posible investigación de la Fiscalía- que se actuó con la debida diligencia y no se desatendió por dejadez la escolarización de los hijos: mantener (y documentar) las debidas comunicaciones con el colegio, comprar el material escolar, incluso asegurarse de que el menor sigue recibiendo educación en casa (mediante clases telemáticas, con un profesor particular, o de cualquier otra forma…) son formas de demostrar que no existe desatención y, por tanto, no existe delito.

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Compartir fotos de hijos en redes sociales

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Hoy día estamos acostumbrados a ver en las redes sociales fotografías de los hijos de nuestros amigos, así como a publicar/compartir la de los nuestros. Son muchos los casos que compartir las fotos en redes sociales suscitan problemas entre los padres de los hijos menores de edad, especialmente cuando están separados.

Suelen ser fotos familiares, inocentes, que aparentemente no deberían causar ningún problema. Pero la imagen de las personas son un derecho protegido, y si son de menores de edad, lo son más.

 

¿Qué supone una fotografía de una persona?

La imagen de la persona es un Derecho Fundamental reconocido y protegido por la Constitución Española1, constituyendo un dato de carácter personal2.

Por tanto, para su reproducción, es decir, publicarla en una red social por ejemplo, se requiere el consentimiento de su titular. A estos efectos, el consentimiento ha de darlo la propia persona si es mayor de 14 años. Pero si es menor de 14 años, corresponde a sus representantes legales (a sus padres o tutores) dar el consentimiento.

A estos efectos, el consentimiento dado inicialmente puede ser revocado con posterioridad.

 

Entonces, ¿puedo compartir una fotografía de mi hijo?

El acto de publicar una fotografía de un hijo menor de 14 años es un derecho que se incluye dentro de la Patria Potestad3.

Habitualmente la Patria Potestad es ejercida por los padres del niño, de modo que ha de concurrir el consentimiento de ambos para la publicación.

En parejas no separadas no suele haber problemas por motivos obvios. Los problemas surgen cuando la pareja se encuentra separada y cada uno de ellos hace a su antojo sin contar con el otro titular de la Patria Potestad.

Publicada una fotografía del menor por uno de los padres, el otro puede oponerse a ello. El que la ha publicado tiene dos opciones:

  • Eliminar la foto.
  • Acudir al Juez para que autorice la publicación. Éste, después de oír a ambos progenitores, al Ministerio Fiscal y al propio menor si fuese mayor de 12 años o con juicio suficiente, decidirá sobre la facultad o no para publicar la fotografía. La decisión dependerá, esencialmente, de la naturaleza de la fotografía y de las circunstancias del medio en que se publique o comparta.

También puede darse por uno de los progenitores una negativa de modo absoluto al consentimiento de publicar fotos por el otro (sin tener que esperar a que sea publicada la fotografía). Incluso esta medida puede solicitarse judicialmente; y en caso de ser acordada bastará solicitar su ejecución en caso de incumplimiento (pudiendo conllevar en casos extremos hasta la pérdida de la Patria Potestad por el progenitor que la incumpla).

 

Límites a la denegación del consentimiento

En cualquier caso, lo que no puede hacerse es un uso abusivo y caprichoso de la no prestación del consentimiento (unas fotos sí y otras no, sin que medie justa causa para ello)

Existen muchas formas de compartir en redes sociales. Por ejemplo, no es lo mismo un perfil de Facebook público con miles de ‘amigos’, que uno cerrado de puro ámbito familiar.

En este segundo caso, compartir fotografías estará amparado por el propio Código Civil: Son válidos los actos que realice uno de los progenitores conforme al uso social y a las circunstancias del caso (art. 156)4.

 

Consideraciones adicionales

A) Todo lo anterior no es aplicable a las fotografías que constituyan una vulneración de la intimidad del menor o atente contra sus intereses, dado que en este caso estaríamos ante una intromisión ilegítima en el derecho al honor, intimidad personal e imagen del menor amparado por el artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

En estos casos no entra en juego el consentimiento ni voluntad de los padres, pues la prohibición de la publicación es absoluta con fuerza de ley.

B) No podemos olvidar que de acuerdo con las condiciones generales de la mayoría de redes sociales, en el momento en que se comparte una fotografía, se autoriza a dicha red para que la utilice, sin límite temporal ni territorial, con carácter no exclusivo.

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La Apostilla de La Haya

La Apostilla de La Haya

Para que un documento público sea reconocido en el extranjero ha de ser certificada su autenticidad por la autoridad del estado que lo emite, y esta certificación se llama apostilla de La Haya. En la Unión Europea, y para determinadas materias, se exime de apostilla

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La Apostilla de La Haya

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Introducción

Para que un documento público sea reconocido en el extranjero ha de ser certificada su autenticidad por la autoridad del estado que lo emite, y esta certificación se llama apostilla (apostilla de La Haya). Lo que se certifica es el origen del documento apostillado, es decir, la autenticidad de la firma y sello de la autoridad emisora así como su capacidad para expedirlo dentro del ordenamiento jurídico del estado en cuestión, y no su contenido.

Este sistema se implantó mediante un Convenio de fecha 5 de Octubre de 1961 firmado en La Haya por determinados países al que luego se unieron otros tantos (hoy unos cien, incluyendo todos los de la Unión Europea). Es conocido como Convenio de la Haya. Para ser aplicado, ambos estados han de haber firmado el Convenio (el estado en el que se emite el documento y el estado en que se quiere hacer valer).

No obstante, el 16 de febrero de 2019 entró en vigor el Reglamento UE 2016/1191 por el cual determinados documentos públicos no necesitan de la apostilla para que tengan plena eficacia, como más adelante se expondrá.

Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros (hecho el 5 de octubre de 1961)1

Los Estados signatarios del presente Convenio, deseando suprimir la exigencia de legalización diplomática o consular para los documentos públicos extranjeros, han resuelto concluir un Convenio a tal efecto y han acordado las disposiciones siguientes:

Artículo 1: El presente Convenio se aplicará a los documentos públicos que hayan sido autorizados en el territorio de un Estado contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro Estado contratante.

 

¿Qué documentos deben apostillarse?

Solo los documentos públicos, que son:

  • Documentos judiciales: Documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado (magistrados, jueces, secretarios judiciales, letrados de la administración de justicia, fiscales, oficiales o agentes judiciales, etc.)
  • Documentos administrativos: Documentos dimanantes de los funcionarios públicos (sean de ámbito estatal, de las comunidades autónomas, o entes locales –diputaciones, ayuntamientos, cabildos, concejos, etc.-).
  • Documentos notariales: Documentos autorizados por un Notario (escrituras y actas).
  • Documentos privados sobre los que se haya estampado una certificación oficial o notarial (de autenticidad, de registro, de legitimación de firma, etc.).

No obstante lo anterior, a pesar de ser públicos, no necesitan apostilla los siguientes documentos:

  • Documentos expedidos por funcionarios diplomáticos o consulares.
  • Documentos administrativos relacionados directamente con una operación comercial o aduanera.
  • Documentos que por aplicación de otros convenios internacionales estén expresamente exentos de ser apostillados.

 

¿Quién puede solicitar la apostilla de un documento?

No es necesario que el solicitante sea interesado o parte en el documento, basta tenerlo. Es decir, cualquier persona puede solicitar la apostilla de un documento original que esté en su posesión.

 

¿Y quién emite la apostilla?

Cada estado decide qué autoridad es competente para apostillar los documentos emitidos en su territorio, pudiendo ser una o varias. En España, dependiendo del tipo de documento, existen varias autoridades para tal fin:

  1. Documentos judiciales expedidos por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo: Secretarios de Gobierno de los respectivos tribunales o en quien ellos deleguen.
  2. Otros documentos judiciales (los certificados expedidos por el Registro Civil son documentos judiciales) y documentos administrativos (*): (i) Ministerio de Justicia (a través de su Oficina Central de Atención al Ciudadano, de las Gerencias Territoriales o de las Oficinas Delegadas). (ii) Secretarías de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.
  3. Documentos notariales o documentos privados con firma legitimada por Notario: Colegios Notariales o notarios delegados por dichos Colegios.
  4. Documentos públicos judiciales expedidos por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo: Secretarios de Gobierno de los respectivos tribunales o en quien ellos deleguen.

(*) En algunos casos, determinados documentos administrativos necesitan que previamente sea reconocida la firma de la autoridad que lo expide.

 

Apostilla en formato electrónico

El Ministerio de Justicia de España también ofrece emitir la apostilla electrónica quedando todas ellas incorporadas en un único Registro electrónico. Los documentos emitidos en papel pueden ser apostillados tanto en papel como electrónicamente, pero los emitidos en soporte electrónico solo pueden ser apostillados en formato electrónico. Las apostillas electrónicas están firmadas digitalmente y contendrán el documento público embebido en ellas, con lo que se garantiza que el documento apostillado no ha sido alterado tras su emisión (ya que disponen de un Código Seguro de Verificación –csv-). Estas apostillas se podrán descargar posteriormente a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia.

 

Reglamento UE 2016/1191

En vigor desde el 16 de febrero de 2019 2, permite que determinados documentos públicos emanados por autoridades de la Unión Europea no tengan que ser apostillados para desplegar su eficacia. Tampoco se exigirá su traducción, porque deberán emitirse en todas las lenguas oficiales de la Unión; y tampoco será necesario exhibir el original del documento puesto que su autenticidad podrá comprobarse mediante la plataforma Sistema de Información del Mercado Interior).

La exoneración de la apostilla es para documentos relativos a determinadas materias y que sean expedidos por las autoridades diplomáticas y consulares, las autoridades judiciales, actas notariales, y  certificados oficiales sobre documentos privados. Las materias son las siguientes: filiación; nacimiento y fe de vida; adopción; matrimonio y unión de hecho registrada; separación, divorcio y nulidad matrimonial; fallecimiento; nacionalidad y residencia; antecedentes penales; sufragio activo y pasivo.

 

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Régimen patrimonial del matrimonio según la legislación finlandesa

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Régimen patrimonial

Según la legislación finlandesa los cónyuges conservan tras casarse la propiedad de todo lo que era suyo antes del matrimonio. Así mismo, es de su propiedad lo adquirido durante el matrimonio.

Respecto de las deudas, cada cónyuge es responsable de las que haya contraído antes y durante el matrimonio. Pero ambos son responsables de las deudas que cualquiera de los dos contraiga durante el matrimonio para mantener a la familia. Así mismo, ambos responderán de las deudas contraídas de manera conjunta.

El matrimonio no limita el derecho de los cónyuges a realizar transacciones con terceros. Sin embargo, la vivienda que sea el hogar conyugal no puede ser transmitida por ninguno de los cónyuges salvo con la autorización del otro.

Además, cualquier de ellos puede donar al otro cualquier tipo de bien. Esta donación puede ser comunicada a la oficina local de la Magistratura (autoridad administrativa estatal de ámbito local –maistraatti-) de modo tal que el cónyuge que recibe la donación protege estos bienes frente a los acreedores de su cónyuge.

 

Derecho conyugal y capitulaciones matrimoniales

A pesar de la independencia patrimonial de los cónyuges durante el matrimonio existe un derecho conyugal (avio-oikeus) que se materializa cuando el matrimonio concluye por divorcio o muerte. En virtud del derecho conyugal, cada cónyuge tiene, en principio, derecho a la mitad de la propiedad neta conyugal (es decir, el conjunto de bienes de ambos cónyuges).

No obstante, se puede excluir este derecho mediante capitulaciones matrimoniales de mutuo acuerdo, antes o durante el matrimonio. La exclusión puede referirse a cualquier bien adquirido antes o durante el matrimonio, o incluso a todos los bienes.

Las capitulaciones matrimoniales para que sean válidas deben inscribirse en la oficina local de la Magistratura.

Hay que tener en cuenta que además de los cónyuges, tanto el testador como el donante pueden excluir el derecho conyugal sobre los bienes que recibe el heredero o el donatario. Es común, por ejemplo, que los padres donantes o testadores incluyan tal cláusula para eliminar el derecho matrimonial del cónyuge de su hijo sobre la propiedad dejada en herencia o donada.

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Introducción

El 24 de junio de 2016 se aprobaron dos reglamentos en la Unión Europa relativos al Derecho de Familia. Fueron aprobados por el Convsejo, por lo que solo obligan a los Estados que se hayan adherido (entre ellos España, Alemania, Bélgica, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y Suecia, entre otros). Estando ya en vigor, se aplicarán a partir del 29 de enero de 2019 y solo a los hechos que tengan lugar a partir de aquella fecha, es decir, sin carácter retroactivo.

 

Reglamento 2016/1103…

…por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales

El objetivo de este reglamento es determinar la ley aplicable al régimen económico de los matrimonios en que concurra un elemento de extranjería, fijar la autoridad competente en la resolución de conflictos y facilitar el reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales y la aceptación y ejecución de los documentos públicos concernientes al régimen matrimonial.

 

Reglamento 2016/1104…

…por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas

El contenido de este reglamento es similar al 2016/1103, pero se refiere a los efectos patrimoniales de parejas registradas en las que concurra un elemento de extranjería. Su objetivo final es que las normas por las que se rijan las relaciones patrimoniales de la pareja entre sí, y de ésta con terceros, sean las mismas con independencia de la naturaleza y lugar de ubicación de los bienes y de la autoridad que sea competente para intervenir. Facilita el uso en otro Estado de documentos que son suficientes en el Estado de origen.

Para entender el ámbito de su aplicación, por «unión registrada» ha de entenderse: régimen de vida en común de dos personas regulado por ley, cuyo registro es obligatorio y que cumple las formalidades jurídicas exigidas por dicha ley para su creación (entre otras formas, los matrimonios).

 

Órgano jurisdiccional competente

Un único órgano jurisdiccional tendrá competencia para conocer de cuestiones conexas: de la sucesión y del patrimonio de la pareja (la liquidación del régimen patrimonial es preciso realizar previamente a la sucesión de una persona); o del divorcio, separación o nulidad y del patrimonio de la pareja.

Aún así, en los casos de divorcio, separación o nulidad, la competencia estará sujeta al acuerdo de los cónyuges en determinadas circunstancias.

 

Ley aplicable

La ley aplicable es solo respecto al derecho material.

Los reglamentos aceptan la aplicación de la ley de un Estado (aunque no sea miembro de la UE) por acuerdo entre la pareja. Los requisitos del acuerdo han de ser:

  • Puede tener lugar antes o después de formarse la pareja (si es después, sin efectos retroactivos salvo que se pacte lo contrario y siempre sin perjuicio de terceros)
  • Ha de constar por escrito
  • Ha de contener las formalidades que se exijan en el Estado de residencia de la pareja (o de los Estados de residencia de cada miembro de la pareja si residen en distintos Estados). En España ha de constar en escritura pública
  • Ha de dársele publicidad. En España mediante la inscripción en el Registro Civil

La ley por la que se puede optar será:

  • La ley nacional o de residencia habitual de cualquiera de la pareja a la fecha de la opción
  • La ley del Estado en que se ha creado la unión registrada (para el supuesto de las relaciones patrimoniales)

A los efectos patrimoniales de la unión registrada será aplicable la ley del Estado conforme a cuya ley se haya creado la unión registrada en los casos en que la pareja no haya optado voluntariamente por otra. Y al régimen económico matrimonial le será aplicable, en los casos en que no se haya ejercido la opción, por el siguiente orden:

  1. La ley del Estado de la primera residencia habitual común de los cónyuges tras la celebración del matrimonio
  2. La ley del Estado de la nacionalidad común de los cónyuges en el momento de la celebración del matrimonio
  3. La ley del Estado con la que ambos cónyuges tengan la conexión más estrecha en el momento de la celebración del matrimonio, teniendo en cuenta todas las circunstancias.

En todo caso, las partes pueden acudir a la autoridad judicial para que determine otra ley aplicable, si concurren determinadas circunstancias que así lo recomiende.

 

Reconocimiento y fuerza ejecutiva de resoluciones judiciales, y aceptación y fuerza ejecutiva de los documentos públicos y de las transacciones judiciales

Para mayor agilidad, a estos documentos (resoluciones y transacciones judiciales y documentos públicos) no se les exige legalización, exequatur ni apostilla para surtir efectos en el otro Estado.

 

Resoluciones judiciales y transacciones judiciales

Las resoluciones dictadas en un Estado (y que sean ejecutables en ese Estado) serán reconocidas en los demás Estados, bastando que en ese otro Estado se declare su fuerza ejecutiva. Este reconocimiento implica que

  • No se podrá controlar la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de origen
  • Las resoluciones dictadas en un Estado miembro no podrán ser en ningún caso objeto de revisión en cuanto al fondo.

No obstante, en los siguientes casos la resolución no será reconocida:

  • Si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro en que se solicita
  • Cuando la resolución se haya dictado en rebeldía del demandado, o no haya tenido oportunidad de preparar su defensa
  • Si la resolución fuere incompatible con otra resolución dictada en un procedimiento entre las mismas partes en el Estado miembro en el que se solicita el reconocimiento
  • Si la resolución fuere incompatible con una resolución dictada con anterioridad en un litigio, en otro Estado miembro o en un tercer Estado, con el mismo objeto y entre las mismas partes, cuando esta última resolución reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro en el que se solicita el reconocimiento

 

Documentos públicos

El objetivo de los reglamentos es que los documentos públicos de los Estados firmantes surtan sus efectos en cualquiera de esos Estados siempre que no sean contrarios al orden público del Estado en que se pretende su eficacia. Para ello, deberán contener una diligencia formal emitida por el Estado de origen.

Documento público es aquel auténtico y que ha sido formalizado o registrado como tal en un Estado miembro (por ejemplo, las escrituras notariales).

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