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Residencia fiscal de las personas físicas

Residencia fiscal de las personas físicas

Introducción

La determinación de la residencia fiscal de una persona (vamos a tratar solo de las físicas, dejando de un lado a las entidades) produce un efecto sustancial en el modo de la tributación de su renta.

Así, el residente fiscal en España tributará, mediante el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por toda la renta que obtenga (en España o en el extranjero): tributará por la renta mundial. El no residente fiscal en España solo tributará por la renta obtenida aquí (cuya determinación no siempre es fácil) mediante el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (IRNR).

Puede darse el caso de que una misma renta esté sujeta en dos Estados distintos: el de residencia del sujeto pasivo (donde tributa por toda la renta obtenida) y el del lugar donde se obtiene la renta. Pero en ningún caso se podrá dar una doble imposición, esto es, no se va a pagar dos veces. Para ello se establecen mecanismos para evitar esa doble imposición.

En primer lugar se hace necesario precisar qué espacio físico comprende España para poder enmarcar en su caso la residencia en ese Estado. Es el territorio del Estado español incluyendo su espacio aéreo, las aguas interiores y el mar territorial y las áreas exteriores a él en las que el Estado ejerza o pueda ejercer jurisdicción o derechos de soberanía respecto del fondo marino, su subsuelo y aguas suprayacentes y sus recursos naturales.

 

Domicilio fiscal de los no residentes

Es un concepto distinto a la residencia fiscal, pero necesario determinar a los efectos de la imposición española.

Dependiendo de cuál sea la naturaleza de la renta obtenida en España por el no residente, el domicilio de este se determina según las siguientes reglas:

  • Si la renta se obtiene operando mediante un establecimiento permanente, el domicilio fiscal es el lugar donde radique la efectiva gestión administrativa y la dirección de sus negocios en España.
  • Si la renta se obtienen sin establecimiento permanente, será el de su representante en España.

 En defecto de representante, será:

  • En caso de rentas inmobiliarias, el del lugar donde esté ubicado el inmueble.
  • En caso de otro tipo de rentas, el del responsable solidario del no residente.

 

Criterios para determinar la residencia fiscal en España

Será residente en España la persona sobre la que concurran una de las siguientes circunstancias

 

La residencia familiar

Si en España reside habitualmente el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores que dependa del contribuyente, se presume que éste es residente en España. (No obstante, la doctrina jurisprudencial considera suficiente la residencia en España solo del cónyuge a estos efectos.)

Aun así, esta presunción contiene notables defectos en nuestra realidad social pues no contempla los casos de separación de hecho, en un extremo, o la convivencia en pareja, en el otro. Solo la institución del matrimonio. 

Pero esta presunción no es absoluta y admite prueba en contrario, es decir, en principio no operará si se acredita que realmente no reside en España. Esta prueba ha de ser de naturaleza fiscal y no meramente administrativa o civil. Ha de probarse la residencia fiscal mediante certificado expedido por la autoridad fiscal de aquel otro Estado y la sujeción a un tributo similar a nuestro IRPF que grave la renta mundial del sujeto pasivo. Esta exigencia en ocasiones puede ser de difícil o imposible cumplimiento, pese a que la persona efectivamente resida en ese otro Estado, por tanto, la doctrina jurisprudencial nos viene admitiendo desvirtuar esa presunción con cualquier medio de prueba admisible en Derecho.

 

El centro de los intereses económicos

Se considera residente en España a quien tenga en su territorio el núcleo principal o la base de las actividades o de los intereses económicos, sea de modo directo o indirecto. Es lo que se conoce como centro de intereses vitales (solo se consideran circunstancias económicas y no personales).

Al contrario que el caso anterior esto no es una presunción sino una consecuencia imperativa. Esta circunstancia no admite prueba en contrario (residencia en otro Estado) salvo que medie entre ambos un Convenio y se de un conflicto de doble imposición, como más adelante veremos.

Esta circunstancia abarca también el modo indirecto. Es decir, no puede considerarse no residente a quien tiene todo el patrimonio productivo español o canaliza otras rentas de fuente española utilizando una sociedad no residente.

Pero esta circunstancia suscita numerosas dudas dada la poca concreción del término «intereses económicos», que puede llevar a situaciones no deseadas por la propia norma si se atiende a las circunstancias concretas de cada caso, al perfil económico de la persona.

También presenta serias dudas el adjetivo «principal» respecto al punto o núcleo de ubicación de los intereses económicos. Venimos interpretando, con éxito judicial, que dicho calificativo ha de valorarse en términos relativos y no absolutos. Ello lleva a la situación de que concurre el núcleo principal cuando en ningún otro Estado concreto, y no en el extranjero en conjunto, alcancen dichos intereses un volumen superior a aquellos que directa o indirectamente se consideren ubicados en España.   

 

La permanencia en España de más de la mitad del año natural

Es quizás el primer criterio utilizado para determinar la residencia fiscal, especialmente si se da el plazo de permanencia (caso contrario, las autoridades fiscales acuden a los otros criterios).

Se basa en la permanencia en España durante al menos 183 días durante el año natural (es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre) (la referencia al año natural permite una permanencia durante más de 183 días sin que se considere al sujeto residente).

Pero la aplicación de este criterio, el cómputo de aquellos 183 días, no es tan sencillo. En primer lugar, la inexistencia de controles fronterizos en el espacio Schengen hacen imposible que se pueda controlar la permanencia de una persona en el territorio de un Estado, por lo tanto, es muy difícil probar tal permanencia salvo casos excepcionales (trabajos localizados, estancias en hospital, etc.). Para remediar este inconveniente, la ley establece que se computarán como permanencia en el territorio del Estado las ausencias esporádicas que no impliquen residencia en otro Estado. Esto es, la ausencia durante más de 183 días del territorio español no supondrá, en principio, la condición de no residente salvo que se acredite ser residente en otro Estado (la administración no admitirá la condición de no residente mediante la prueba de haber residido mayoritariamente en otro Estado). Esta prueba también ha de ser de naturaleza fiscal, y no meramente administrativa o civil.

En el caso de que se alegue la residencia en un paraíso fiscal (en contra de la residencia fiscal en España) serán necesarios ambos medios de prueba: acreditar formalmente (mediante un certificado oficial) la residencia fiscal en ese Estado paraíso fiscal, y demostrar que realmente se ha permanecido en aquel durante más de 183 días en el año natural (aquí es donde sí se exige prueba de naturaleza a la fiscal: por ejemplo, trabajo presencial en aquel Estado).

Los pronunciamientos de la Dirección General de los Tributos y de los Tribunales de Justicia sobre la permanencia o prueba de la ausencia son muy casuísticas. Podemos mencionar lo siguiente:

  • El tiempo que se considera como estancia significativa en España a partir del cual puedan calificarse como permanencia las ausencias del territorio español puede ser relativamente corto (incluso solo 40 días). Para considerarlo así, deberá producirse un retorno al territorio español (es decir, idas y venidas entre otro Estado y España) y atender a las circunstancias personales y económicas (su actividad) del sujeto concreto. Es el caso de los deportistas u artistas, quienes físicamente no permanecen en el territorio español más de 183 días, pero sus ausencias se computan como permanencias a estos efectos.
  • Las ausencias esporádicas, que se consideran como un tramo temporal de permanencia, operan también para determinar el primer periodo de estancia y no exclusivamente para conservar una residencia fiscal previamente adquirida. 
  • La residencia fiscal en otro Estado solo es aceptada mediante un certificado oficial emitido por la autoridad fiscal de aquel Estado. Incluso llega a exigirse en ocasiones, aunque la ley no lo requiere, que, para que tal prueba surta efectos, en aquel otro Estado exista una tributación similar a la española sobre la renta de las personas físicas que grave la renta obtenida en todo el mundo.
  • Las estancias temporales en España de personas por causa de acuerdos de colaboración culturales o humanitarios, a título gratuito, con las administraciones, no será causa para considerarlas residentes fiscales en España, y a la inversa.
  • Al igual que en el caso anterior, tampoco operan las estancias/ausencias del personal funcionario o diplomático o pertenecientes a organismos internacionales.

 

La prórroga quinquenal

Pese a que se acredite una nueva residencia fiscal en otro Estado, no perderán la condición de contribuyentes las personas de nacionalidad española (no los extranjeros) si su nueva residencia fiscal corresponde a un Estado calificado como paraíso fiscal.

Esta regla se aplica durante el ejercicio en el que ha cambiado de residencia y durante los cuatro ejercicios posteriores, como medida de elusión fiscal.

Pero tal medida también puede crear situaciones no deseadas y no contempladas en la norma. En un extremo estarían los casos de de trabajadores de multinacionales desplazados a dichos territorios sin ánimo elusivo (que incluso pueden soportar en el Estado de destino una fuerte carga fiscal). Y en el otro, el cambio de residencia fiscal, con ánimo de eludir la tributación en España, hacia un Estado no calificado oficialmente como paraíso fiscal pero que tiene una carga fiscal más ventajosa para el contribuyente.

Por tanto, y en defensa de los contribuyentes, pese al desplazamiento a un paraíso fiscal hay medios suficientes en Derecho para evitar esta prórroga quinquenal (efectiva ausencia de lazos con España y residencia efectiva y necesaria en ese otro Estado). 

 

Momento en que se adquiere/pierde la condición de residente fiscal en España

Al contrario que en otros Estados, en España la residencia fiscal implica la tributación durante todo el ejercicio impositivo (es decir, el año natural).

Por ejemplo, una persona que se traslada definitivamente a otro Estado el 31 de julio, ha permanecido en España más de 183 días, por lo que se le puede considerare residente fiscal en España, Esta residencia fiscal será hasta el 31 de diciembre lo que supone que tendrá que tributar en España toda su renta mundial, incluyendo la obtenida en el extranjero desde el 1 de agosto hasta el fin del ejercicio.

España no acepta la fragmentación del periodo impositivo por cambio de residencia, lo cual entra en conflicto con el Derecho de la Unión Europea.

 

El estatuto (opcional) de los trabajadores impatriados

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Régimen especial para residentes en la Unión Europea

Régimen especial para residentes en la Unión Europea

Es un régimen que se aplica a los no residentes en España, pero residentes en otro Estado de la Unión Europea (que no sea paraíso fiscal), que perciben una parte importante de sus rentas en España.

 

También se aplica a los Estados miembros del Espacio Económico Europeo con los que exista efectivo intercambio de información tributaria (Islandia y Noruega).

El régimen consiste en que, aun no siendo residentes, se puede optar por tributar con arreglo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (que es el impuesto reservado para los residentes). Para ello, las rentas han de proceder del trabajo o actividades económicas y han de suponer, al menos, el 75% del total de las rentas mundiales obtenidas por el sujeto pasivo (incluyendo las exentas). Además, han de tener una tributación efectiva en España (por tanto, hemos de excluir las rentas exentas, por ejemplo).

No obstante, aunque se haya optado por este régimen y la Agencia Tributaria lo haya aprobado, si la cuota a pagar por aplicar la tributación propia de los no residentes fuera más favorable, se aplica esta última si obedece a una liquidación realizada por la administración tributaria. Así, la opción nunca resultaría desfavorable para el sujeto pasivo.

También pueden optar por este régimen aquellos cuya rentas obtenida durante el ejercicio en España haya sido inferior al 90% del mínimo personal y familiar que le hubiere correspondido caso de haber sido residente en España, y siempre que dicha renta haya tributado efectivamente por el IRNR. Además la renta obtenida fuera de España ha de ser igualmente inferior al 90% del mínimo personal y familiar.

 

La residencia fiscal en los tratados bilaterales

Los tratados bilaterales entre Estados, o convenios para evitar la doble imposición (CDI), no definen la residencia fiscal (se reserva para la legislación interna de cada Estado), pero sí establece las reglas para resolver posibles casos de doble residencia. Si en aplicación de las leyes nacionales de dos, o más, Estados resulta que una misma persona resulta ser residente en ellos, aplicando los CDI se deberá concluir en cuál es residente (pues una persona no puede ser residente fiscal en más de un Estado simultáneamente).

Es necesario, pues, examinar cada tratado en particular ante la posibilidad de existencia de cláusulas singulares. Por ejemplo, aquella que excluyen del ámbito del tratado a quienes tributen exclusivamente por rentas procedentes del Estado de residencia fiscal, y no por las rentas mundiales.

Ante una posible situación de doble residencia, todos los tratados contienen normas para dilucidar ese conflicto y determinar de qué Estado es residente el contribuyente.

Siguiendo el modelo de CDI, adoptado por la mayoría de los convenios, las situaciones de una posible doble residencia se resuelven siguiendo los siguientes criterios:

  1. Vivienda permanente: Será residente del Estado en el que tenga una vivienda permanente (de manera continua y no ocasional) a su disposición, No se exige el requisito de propiedad de la vivienda, bastando su posesión o disfrute (arrendamiento, cesión, usufructo, etc.).
  2. Centro de intereses vitales: Si tiene vivienda permanente en ambos Estados, será residente del Estado en el que tenga sus relaciones profesionales, económicas, familiares y sociales más estrechas valoradas en conjunto.
  3. Lugar donde viva habitualmente: Si no se puede determinar el lugar donde tiene el centro de sus intereses vitales (en ocasiones es muy difícil determinar un lugar en detrimento de otro), será residente en el Estado en el que viva habitualmente, Incluye estancias de cualquier tipo y por cualquier causa.
  4. Nacionalidad: Como cuarto criterio para determinar la residencia fiscal ha de atenderse a la nacionalidad de la persona (si es nacional de uno de ambos Estados en conflicto).
  5. Mutuo acuerdo interestatal: Si pese a todo lo anterior no puede determinarse cual es la residencia fiscal, las autoridades fiscales de ambos Estados deberán ponerse de acuerdo en determinarla.

Además de la determinación de la residencia fiscal, también existe otro punto que origina no pocos conflictos: la delimitación del periodo impositivo. Como hemos dicho anteriormente, en España el periodo impositivo coincide con el año natural (del 1 de enero al 31 de diciembre) pero no en todos los Estados es así (por ejemplo el Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Finlandia). En estos casos, también las autoridades fiscales de ambos Estados han de ponerse de acuerdo para delimitar los periodos impositivos.

 

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El estatuto fiscal (opcional) de los trabajadores impatriados

El estatuto fiscal (opcional) de los trabajadores impatriados

En el campo de la tributación de las rentas obtenidas por las personas físicas, se trata de un régimen fiscal especial creado para la venida de empleados cualificados (además de trabajadores, también ejecutivos, deportistas). Proporciona notables ventajas: tributar solo por la renta obtenida en España a un tipo fijo muy inferior en vez  de tributar por toda su renta aplicando una tarifa progresiva.

Las personas provenientes del extranjero que tomen su residencia fiscal en España como consecuencia del desplazamiento por cuestiones laborales (los impatriados) pueden optar por un régimen fiscal especial. Siendo contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), pues son residentes, pueden decidir tributar solo por las rentas obtenidas en España pero al tipo propio del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (IRNR). Se distinguen entre las rentas propias obtenidas por su actividad laboral y el resto de rentas. Este régimen se aplica hasta los 600.000 euros de renta.

La aplicación de este régimen está limitada en el tiempo. Se aplica durante el primer ejercicio (el de llegada, aunque solo sea un día) y los cinco siguientes. Además, solo se puede optar si el trabajador no fue residente en España en los diez años anteriores a su desplazamiento actual.

Para optar es necesario que el trabajador cuente con un contrato de trabajo suscrito con una empresa española, residente en España o un establecimiento permanente en España de una no residente. El trabajador ha de residir efectivamente en España y el trabajo ha de ser realizado en territorio español.

Los anteriores requisitos son exigibles con cierta laxitud: puede bastar una carta de desplazamiento para optar y que parte del trabajo puede realizarse fuera de España (no más del que le corresponda un 15% del salario, o incluso un 30% en determinadas circunstancias). Incluso es suficiente que su trabajo redunde en beneficio de una empresa residente, aunque el contrato laboral no sea con ella.

La opción conlleva además tributar por el Impuesto sobre el Patrimonio por obligación real y no personal. Es decir, solo tributará por el patrimonio tenido en España y no por todo su patrimonio (mundial).

Estos sujetos, como residentes fiscales, podrán obtener el correspondiente certificado que acredite su condición como tales a los efectos hacerlos valer en su Estado de origen. No obstante, para poder determinar que el régimen y la opción es favorable, habrá que estar a lo que se regule en el Convenio para evitar la doble imposición que pueda existir entre ambos Estados. Existen Convenios en los que no se permite que se tribute exclusivamente por rentas de fuente territorial. 

 

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Impuesto sobre Sucesiones (Andalucía). Planificación fiscal de la herencia

Impuesto sobre Sucesiones (Andalucía). Planificación fiscal de la herencia

 

Planificación fiscal de la herencia

 

Una vez se ha producido el fallecimiento, hay que saber aplicar de un modo correcto las normas civiles y fiscales para conseguir el pago de una cuota tributaria lo más baja posible. Pero más interesante es la planificación fiscal de la herencia en vida: preparar el patrimonio y las disposiciones testamentarias en vida para que llegado el día del fallecimiento, la liquidación del Impuesto de Sucesiones resulte más sencillo y eficaz pagar una cuota baja.

Por tanto, la planificación de la herencia tiene dos objetivos: desde la perspectiva civil determinar el destino de los bienes, y desde la perspectiva fiscal pagar una cuota tributaria lo más baja posible. Ambos objetivos se obtienen con un profundo estudio del patrimonio y voluntad de quien va a otorgar el testamento. El Derecho brinda muchas posibilidades de conseguirlo. Ahora, en vida, es cuando hay que plantearse el caso.

A continuación, exponemos el contenido del Impuesto sobre Sucesiones (en su aplicación en Andalucía). Podrá apreciar lo elevado que puede resultar la cuota a pagar si no se realiza una correcta planificación para obtener mejores resultados.

 

El Impuesto sobre Sucesiones en Andalucía

 

Hecho imponible y sujetos pasivos

El impuesto grava las adquisiciones de bienes efectuadas por herederos y legatarios (así como por beneficiarios de seguro de vida) con ocasión del fallecimiento de una persona.

Los sujetos pasivos del impuesto (los obligados al pago) son los herederos, legatarios y beneficiarios de seguros de vida.

Para el cálculo del impuesto, los sujetos pasivos se clasifican en cuatro grupos:

  • Grupo I: Descendientes o adoptados menores de 21 años
  • Grupo II: Descendientes o adoptados de 21 años o más, cónyuge y ascendientes o adoptantes
  • Grupo III: Parientes colaterales de segundo y tercer grado (por consanguinidad o afinidad); y ascendientes y descendientes por afinidad
  • Grupo IV: Resto de parientes y extraños

En la Comunidad Autónoma de Andalucía existen equiparación de personas que posibilitan su inclusión en un grupo más beneficioso. Así:

  • Las parejas de hecho inscritas en el Registro de Uniones de Hecho de la comunidad autónoma se equiparan a los matrimonios
  • Las personas en acogimiento familiar permanente o preadoptivo se equiparan a los adoptados, respecto de los acogedores o adoptantes
  • Las personas que realizan acogimiento familiar permanente o preadoptivo se equiparan a los adoptantes, respecto de aquellos

Base imponible

Es el valor neto de la adquisición de cada sujeto pasivo según su participación en la herencia más la prestación derivada del seguro de vida, en su caso.

El valor neto de la herencia se calcula sumando el valor real de todos los bienes (disminuido por sus cargas), más el valor del ajuar doméstico (que normalmente será el 3% del valor de los bienes menos sus cargas). A su resultado hay que restar las deudas del difunto y gastos habidos por el fallecimiento.

 

Reducciones

A la base imponible de cada sujeto pasivo hay que aplicar las reducciones establecidas por el Estado y por la Comunidad Autónoma.

En Andalucía existen las siguientes reducciones:

  1. Por parentesco con el causante
  2. Especial por parentesco con el causante
  3. Por discapacidad del sujeto pasivo
  4. Por adquisición de empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades
  5. Por adquisición de vivienda habitual
  6. Por adquisición de bienes integrantes del Patrimonio Histórico
  7. Por transmisión consecutiva mortis causa de un mismo bien
  8. Por adquisición de explotaciones agrarias

A continuación se exponen las condiciones de las más habituales.

 

Reducción por parentesco con el causante

En función del grupo al que perteneza el sujeto pasivo, se reducirá alguna de las siguientes cantidades:

  • Grupo I: 15.956,87 euros más 3.990,72 euros por cada año menos de 21 que tenga el sujeto pasivo, sin que la reducción total pueda ser superior a 47.858,59 euros
  • Grupo II: 15.956,87 euros
  • Grupo III: 7.993,46 euros
  • Grupo IV: 0,00 euros

Reducción especial por parentesco con el causante

Se trata de una reducción de cuantía variable de cuya aplicación ha de resultar una base liquidable de importe cero euros. El importe total de todas las reducciones no puede superar 1.000.000,00 euros. Han de darse los siguientes requisitos en el sujeto pasivo:

  • Que pertenezca a los grupos I o II
  • Que su patrimonio preexistente sea igual o inferior a 1.000.000,00 euros

Reducción por discapacidad

El grado de discapacidad es aquel reconocido por la autoridad administrativa competente, resultando las siguientes reducciones:

  • Si el sujeto pasivo pertenece a los grupos I o II, se aplicará una reducción de hasta 1.000.000 de euros.
  • Si el sujeto pasivo pertenece a los grupos I o II, se aplicará una reducción de hasta 250.000 euros.

 

Reducción por adquisición de empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades

(Con empresa nos referiremos a empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades.)

La reducción será del 99% sobre la base imponible en cuanto a la empresa si el heredero es descendiente, ascendiente, cónyuge o colateral hasta tercer grado (tíos, sobrinos) del fallecido. La empresa ha de estar domiciliada en Andalucía y ha de mantenerse dicho domicilio durante al menos cinco años (si no lo mantiene, la reducción será del 95%).

También se pueden beneficiar de esta reducción otros herederos:

  • Aquellos que tengan un contrato laboral de al menos 10 años de antigüedad (a contar desde el fallecimiento) con la empresa que se adquiere
  • Aquellos que durante al menos los últimos cinco años sean responsables en la gestión o dirección de la empresa o negocio que se adquiere.

Reducción por adquisición de vivienda habitual

Una reducción variable entre el 95% y el 100% (dependiendo del valor neto adquirido) se aplica sobre la base imponible por la adquisición de la vivienda habitual del fallecido cuando ésta es adquirida por el cónyuge, descendientes o ascendientes. También se aplica cuando el heredero sea cualquier pariente colateral mayor de 65 años que hubiera convivido con el fallecido al menos durante los dos últimos años.

La reducción se aplica sobre un importe máximo de 122.606,47 euros del valor de la vivienda adquirida por cada heredero (de su participación) con independencia del valor total de la vivienda. El heredero ha de mantenerla en su patrimonio al menos durante tres años.

 

Reducción por transmisión consecutiva por herencia de un mismo bien

Si un mismo bien se transmite dentro del periodo de 10 años más de una vez por herencia entre descendientes, se deducirá de la base imponible la cuota pagada por este impuesto en las anteriores transmisiones.

 

Cuota tributaria

Calculada la base liquidable, a la cantidad resultante se le aplica la siguiente escala progresiva para calcular la cantidad a pagar:

Base liquidable
(hasta X €)
Cuota íntegra (€)Resto de base liquidable
(hasta Y €)
Tipo aplicable (%)
0,000,007.993,467,65
7.993,46611,507.987,458,50
15.980,911.290,437.987,459,35
23.968,362.037,267.987,4510,20
31.955,812.851,987.987,4511,05
39.943,263.734,597.987,4611,90
47.930,724.685,107.987,4512,75
55.918,175.703,507.987,4513,60
63.905,626.789,797.987,4514,45
71.893,077.943,987.987,4515,30
79.880,529.166,0639.877,1516,15
119.757,6715.606,2239.877,1618,70
159.634,8323.063,2579.754,3021,25
239.389,1340.011,04159.388,4125,50
398.777,5480.655,08398.777,5431,75
797.555,08207.266,95en adelante36,50

A la cantidad resultante hay que multiplicarla por un coeficiente según el grupo al que pertenezca el sujeto pasivo (heredero) y cuál sea su patrimonio preexistente:

Patrimonio preexistente (€)Grupos I y IIGrupo IIIGrupo IV
De 0 a 402.678,111,00001,58822,0000
De más de 402.678,11 a 2.007.380,431,05001,66762,1000
De más de 2.007.380,43 a 4.020.770,981,10001,74712,2000
De más de 4.020.770,981,20001,90592,4000

Para los sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II, se le aplicará una bonificación de la cuota del 99%. Es decir, solo pagarán el 1% de la cita resultante (se aplica a fallecimientos ocurridos a partir del 11 de abril de 2019.

 

Plazos

En el plazo de seis meses desde el fallecimiento del causante, el sujeto pasivo ha de presentar una autoliquidación del impuesto . Este plazo puede ser prorrogado por otros seis meses con el único requisito de ser solicitada la prórroga antes de que finalice el quinto mes del plazo inicial (a partir del sexto mes, se devengarán intereses).

Presentada la autoliquidación, procede el pago de la cuota tributaria. Pero el sujeto pasivo puede solicitar un aplazamiento o fraccionamiento del pago, que no necesitará prestar garantía siempre que la cantidad a pagar sea inferior a 30.000,00 euros. Este aplazamiento devengará intereses.

Si el sujeto pasivo paga la cuota tributaria fuera de plazo sin haber solicitado ni prórroga ni aplazamiento (y sin que haya requerimiento de la administración), deberá pagar un recargo variable y, en su caso, intereses, según lo siguiente:

Retraso en presentaciónRecargoRecargo reducido
Hasta 3 meses5,00%
3,75%
Entre 3 y 6 meses10,00%7,50%
Entre 6 y 12 meses15,00%11,25%
Más de 12 meses20,00% más intereses15,00% más intereses

(Procede el recargo reducido cuando se abone al presentar la autoliquidación, o al recibir la liquidación que la administración pueda hacer tras presentar la autoliquidación de modo voluntario.)

En el caso de que el pago de la cuota tributaria se realice como consecuencia de un requerimiento de la administración, no procede el pago de recargo pero sí de intereses. Estos se devengan desde el primer día contar desde que finalizó el plazo voluntario de autoliquidación. También procederá una sanción.

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La planificación patrimonial

La planificación patrimonial


Si le ha llamado la atención la fotografía y se ha preguntado qué relación tiene con la planificación patrimonial, le puedo decir que mucha. Piense la razón mientras lee.


¿Qué es la planificación patrimonial?

 

 

La planificación patrimonial nos permite adquirir de modo óptimo el patrimonio, o preservar el ya adquirido, sea personal o empresarial, conservarlo y obtener de él mediante su correcta administración el mayor rendimiento (maximizando ingresos y sobre todo minimizando gastos -carga de impuestos-), y garantizar su transferencia a la siguiente generación. Para ello, nos servimos de un conjunto de herramientas que aplicaremos de modo proactivo.

La Planificación patrimonial  consiste en elaborar anticipadamente un modelo de actuación para organizar y dirigir la gestión de parte o de la totalidad del patrimonio presente y futuro de una persona, con la finalidad de mantener o incrementar su valor, y lograr su transmisión ordenada a quienes deban recibirlo en su momento

Esas herramientas son de distinta naturaleza: fiscal (impuestos), sucesoria (transmisión entre vivos o por herencia), de gestión, etc. Pueden aplicarse tanto a grandes patrimonios como a pequeños patrimonios familiares (incluso el formado por una vivienda y poco más).

La planificación se puede realizar antes de adqurir el patrimonio, adaptándola conforme va creciendo y van cambiando la estructura de la familia y las necesidades, o también una vez adquirido, realizando los ajustes necesarios.

En definitiva, la planificación patrimonial persigue el bienestar del individuo y de su familia ya que le proporciona tranquilidad y seguridad al preservar su patrimonio, al poder obtener la renta esperada, al poder transmitirlo sin grandes costes, al conseguir los objetivos marcados, y, especialmente, al evitar conflictos familiares.

Es exigencia de responsabilidad tomar las medidas adecuadas.

 

Estructura de la familia

La familia moderna ha evolucionado hacia una composición más compleja, lo que exige una mejor planificación del patrimonio para garantizar su subsistencia. Es habitual que hijos se trasladen a vivir a otros países, adquiriendo su residencia, lo cual introduce un elemento internacional a tener en consideración en cuanto a la legislación aplicable. La tasa de rupturas matrimoniales es elevada, existiendo segundos y terceros matrimonios, lo cual también incide en el patrimonio familiar; o las nuevas formas de parejas (la misma convivencia en pareja) también afectan al patrimonio familiar.

Incluso en familias de estructura más sencilla, o de estructura clásica, concurren circunstancias en las que el patrimonio puede estar amenazado (especialmente por su gestión y por su sucesión).

La planificación patrimonial es un acto necesario de responsabilidad que evitará problemas presentes y futuros en el ámbito familiar y empresarial, y, especialmente, un importante ahorro económico

Según estadísticas de ámbito nacional, un patrimonio es formado en una primera generación. En la mayoría de los casos, la segunda generación lo preserva (si bien disminuyéndole su valor). Pero se pierde en la tercera generación. Por qué se pierde el patrimonio? La causa principal es una incorrecta transmisión: la carga fiscal (los impuestos pagados), la falta de liquidez, la escasa preparación de la siguiente generación, y la herencia a favor de varias personas (herederos).

En definitiva, el patrimonio no perdura por no estar correctamente estructurado y planificado.

Implementando estructuras de planificación adecuadas, lo que necesariamente precisa conocer las distintas legislaciones que puedan ser aplicables (si concurre un elemento internacional), la estructura de la familia y la naturaleza del propio patrimonio, las amenazas pueden ser eludidas.

Por tanto, la familia ha de planificar su patrimonio, estructurándolo adecuadamente, y ello solo se consigue mediante el debido asesoramiento de lo que se llama en el mundo del Derecho una Family Office.

 

Circunstancias que afectan al patrimonio

Hay muchas circunstancias que pueden afectar a la gestión y continuidad del patrimonio. Podemos entenderlas como amenazas que habrá que preverlas y poner los medios necesarios para que no terminen afectando.

Enuncio algunas: hijos menores que puedan heredar por un temprano fallecimiento, hijos discapacitados, falta de liquidez para afrontar gastos imprevistos, divorcio, injerencia de los cónyuges de los hijos, modo de distribuir el patrimonio, sucesión en su administración, endeudamiento excesivo, crisis económica global o del sector, etc.

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Otro problema importante que afecta al patrimonio es el de la congelación de los activos cuando concurre un fallecimiento o un divorcio conflictivos y que son sometidos a juicios. Dejar de ser ágiles desemboca en pérdidas de oportunidades.

Estas circunstancias solamente pueden ser ignoradas si, antes de que puedan ocurrir, se han tomado las medidas necesarias mediante un Protocolo. Se trata de que las incidencias externas al propio patrimonio no le afecten.

 

Aspectos en los que ha de operar la planificación

Hemos de comenzar por considerar si el patrimonio aún no se ha adquirido o se va a planificar el ya adquirido, o incluso si se va a expandir el mismo. También hay que estudiar la naturaleza del patrimonio y sus componentes (inmuebles, negocios, valores, etc.). No puede olvidarse si concurren elementos extranjeros (y aunque no concurran, nunca hay que descartarlos).

La planificación ha de incidir en todo lo que pueda afectar al patrimonio:

  • Asuntos personales con transcendencia patrimonial: matrimonio y su régimen económico elegido; efectos de la separación matrimonial; incapacidad sobrevenida, fallecimiento, etc.
  • Todo ingreso conlleva una carga fiscal: el pago de impuestos. La optimización fiscal es una de las bases más importante de la planificación.
  • Riesgos empresariales: en el caso de tener una empresa, el negocio está siempre expuesto a riesgos del mercado. La planificación no solo ha de incidir en minimizarlos, sino en evitar que pueda afectar al resto del patrimonio.
  • Sucesión personal: quién se hará cargo del patrimonio y bajo qué condiciones (por ejemplo, si procede su fragmentación o mantenerlo unido -y en este caso, el modo de control-).

 

Herramientas

Son muchas la herramientas que podemos utilizar en la planificación patrimonial.

En primer lugar hay que realizar un análisis del patrimonio (composición, estructura) así como de la familia y de los objetivos. También hay que analizar las amenazas concretas de ese patrimonio. Solo entonces se pueden elegir las formulas y herramientas adecuadas.

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Enumero algunas (obviamente no todas concurrirán en una planificación concreta):

  1. Sociedad mercantil
  2. Trust para salvaguardar y transmitir los bienes entre generaciones
  3. Fundación para desarrollar actividades filantrópicas
  4. Seguro de vida
  5. Fondo de inversión
  6. Protocolo Familiar
  7. Testamento, no solo de los propietarios, sino de sus herederos. Elección de la ley nacional aplicable
  8. Pacto Sucesorio, la herramienta desconocida que garantiza una sucesión sin sobresaltos
  9. Fideicomisos
  10. Poder preventivo para caso de incapacidad sobrevenida
  11. Testamento Vital
  12. Autotutela
  13. Incapacitación Civil (nombramiento de curador o tutor)
  14. Usufructo
  15. Elección del lugar de residencia
  16. Capitulaciones matrimoniales (más allá de la mera opción de algún régimen de los ofrecidos por la legislación). Prever las consecuencias de la ruptura matrimonial. En el caso matrimonio internacional: elección de la ley aplicable.

 

Bases para un ahorro fiscal

  • Conocimiento de la cuantía a invertir, de las posibles pérdidas, de las posibles ganancias y del tiempo necesario para obtenerlas, sin olvidarse de los riesgos no previsibles.
  • Considerar las consecuencias jurídicas y fiscales de las operaciones que se llevaran a cabo durante la planificación inicial de la operación
  • Elección del régimen matrimonial y del régimen sucesorio
  • Elección del vehículo de inversión más acorde a las finalidades perseguidas

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Algunas notas sobre la conveniencia de constituir una sociedad mercantil

Mediante la sociedad de responsabilidad limitada conseguiremos la separación de la actividad empresarial (y sus riesgos) de los bienes de carácter personal. Pero dado que el administrador de la sociedad puede llegar a responder de las deudas de la sociedad, habrá que proteger el domicilio familiar en caso de deudas y embargos. 

La actividad económica mediante una sociedad mercantil (y no como una actividad personal -trabajador autónomo-), además puede conllevar un importante ahorros fiscales. La oportunidad de la creación de una sociedad mercantil también se nos presenta para la tenencia de bienes inmuebles: son las sociedades patrimoniales, o incluso para el ejercicio de una actividad profesional.

Nuevamente, antes del inicio de una actividad y de la constitución de la sociedad, es muy importante planificar el régimen económico por el que se rige el matrimonio (siendo aconsejable el de separación de bienes frente al de bienes ganaciales). No podemos limitarnos a elegir alguno de los regímenes regulados en el Código Civil: podemos crear el régimen que mejor se adapte a las circunstancias concretas.

 

No es necesario hacer cosas extraordinarias para conseguir resultados extraordinarios

Warren Buffet (1930) Inversor y empresario

 


Planificación patrimonial

Tras haber planificado su patrimonio, seguro que podrá descansar tranquilamente.


 

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La comprobación de valores y la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2018

La comprobación de valores y la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2018

Los valores de los bienes declarados en las autoliquidaciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones pueden ser comprobados por la Administración Tributaria (en estos casos de las Comunidades Autónomas).

Tales impuestos son los que gravan, entre otros hechos, las compraventas, herencias y donaciones. La ley establece que la base imponible de ellos será el “valor real de los bienes”.

Son muchos los casos en que se realiza esa comprobación del valor. Por ejemplo, en una escritura pública de compraventa se establece un precio de 100.000 € y la administración determina que el valor real del bien es de 137.528 €. El sujeto pasivo (quien compra) deberá en tal caso tributar, además de lo ya pagado, por la diferencia entre ambas cantidades.

Entonces, ¿cuál es el valor real? La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2018 dice que es “un concepto jurídico indeterminado de imprecisos perfiles, puesto que no se ampara en definición legal alguna y permite, sea cual fuere el medio de comprobación o determinación que en cada caso se utilice, un cierto margen legítimo”.

Hasta le fecha tal valor real es calculado por las administraciones tributarias de las comunidades autónomas mediante la aplicación de un coeficiente multiplicador sobre el valor catastral del bien (en los bienes inmuebles) de modo frío y objetivo. Para los bienes rústicos emplea un sistema similar aplicando un coeficiente sobre la superficie de la finca según sea el cultivo o destino de la misma y otras circunstancias, también de modo frío y objetivo.

Es obvio que mediante ese sistema la administración no calcula un valor real del bien, sino simplemente obtiene un valor mediante una operación aritmética fácil. No obstante, aunque sus resultados no colman la exigencia de hallar el valor real, es un sistema legal al estar recogido en la Ley General Tributaria: estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal (esto es, el catastro).

La mencionada sentencia del Tribunal Supremo viene a frenar la aplicación de tal método para calcular el valor real, puesto que expresa ser un método privilegiado para la administración y por tanto limitativo de los derechos del sujeto pasivo, del ciudadano.

El método de comprobación consistente en la estimación por referencia de valores catastrales, multiplicados por índices o coeficientes no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes inmuebles en aquellos impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real, salvo que tal método se complemente con la realización de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble que se somete a avalúo.

Cuando la administración realiza una comprobación del valor declarado por el contribuyente en una autoliquidación de los impuestos mencionados aplicando este método de coeficientes “ha de expresar motivadamente las razones por las que tal valor declarado no se corresponde con el valor real”. Es decir, no le bastará a esa administración establecer otro valor sin más. Este razonamiento del Tribunal Supremo abre aún más las puertas a que prospere el valor declarado por el sujeto pasivo, pues ha de ser la administración quien demuestre que el comprobado por ella es realmente el valor real.

Ante esta nueva perspectiva, ahora más, recomendamos no aquietarse con el valor comprobado por la administración, que además de que conlleva la elevación de la cuota tributaria (y cuya diferencia devenga intereses) puede ser injusto e ilegal. La impugnación de la comprobación de valores es la vía para equilibrar el derecho recaudatorio (y no confiscatorio) de la administración tributaria.

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Motivación de las sanciones de Hacienda

Motivación de las sanciones de Hacienda

 

La Agencia Tributaria puede imponer sanciones, y de hecho las acuerda habitualmente al menor fallo que el contribuyente haya podido cometer en alguna declaración de impuestos. Pero tales sanciones han de estar suficientemente motivadas, caso contrario recomendamos a nuestros clientes interponer recurso contra ellas.

 

Requisitos para imponer la sanción

El mero hecho de haber padecido un error material en la liquidación del impuesto, o de tener un criterio interpretativo de determinada norma distinto al de la Agencia Tributaria no faculta a esta a imponer la sanción.

La sanción, además de otros requisitos formales y de fondo, han de estar basadas en el dolo o en la culpa del contribuyente. Es decir, en la intención del sujeto pasivo (el contribuyente) de haberla cometido o si acaso en una falta de diligencia al confeccionar la declaración del impuesto. Y tal circunstancia ha de ser demostrada por la Agencia Tributaria.

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 210. Instrucción del procedimiento sancionador en materia tributaria

4. Concluidas las actuaciones, se formulará propuesta de resolución en la que se recogerán de forma motivada los hechos, su calificación jurídica y la infracción que aquéllos puedan constituir o la declaración, en su caso, de inexistencia de infracción o responsabilidad. En la propuesta de resolución se concretará asimismo la sanción propuesta con indicación de los criterios de graduación aplicados, con motivación adecuada de la procedencia de los mismos.

 

Falta de motivación

A continuación exponemos algunos ejemplos de sanciones que han sido posteriormente anuladas por falta de la conveniente motivación:

  • Firma en conformidad: El hecho de que el contribuyente firmara en conformidad el acta de la que se deriva la sanción no significa que acepte haber cometido la infracción.
  • Asesoramiento fiscal: La culpabilidad del contribuyente no puede derivarse del hecho de tener experiencia en materia fiscal o haber estado asesorado por profesionales.
  • Discrepancia interpretativa: En estos caso no basta con que la Agencia Tributaria manifieste que no se aprecia una discrepancia interpretativa razonable, pues tal fundamento ha de razonarlo de modo concreto.

 

Conclusión

Ante cualquier notificación de sanción de la Agencia Tributaria que usted reciba procede estudiar su fundamento y valorar la oportunidad de recurrirla, lo cual le conllevará un indudable beneficio económico.

 

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