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Principios de los actos administrativos: igualdad, buena fe y confianza legítima

Principios de los actos administrativos: igualdad, buena fe y confianza legítima

Introducción

Los actos administrativos han de reunir unos requisitos para que sean válidos. Entre ellos, han de ser acordes a los principios que rigen el derecho administrativo.

Algunos de esos principios son los siguientes:

  • Principio de Igualdad, amparado en la propia Constitución Española.
  • Buena Fe, obligada por los actos propios de la administración pública.
  • Confianza Legítima de los administrados en la administración pública.

 

Principio de Igualdad

El principio de igualdad es impuesto a la administración pública por el artículo 14 de la Constitución Española, así como por las normas comunitarias (en cuanto a la no discriminación entre nacionales españoles y nacionales de otros Estados de la Unión Europea).

Toda la actividad administrativa debe estar inspirada en la igualdad de todos ante la ley tanto en sentido material como formal, por sus repercusiones sobre la libertad y la propiedad privada, y sin perjuicio de que en la actuación administrativa se puedan plantear tratamientos diferenciados para conseguir resultados que promuevan la igualdad real.

La igualdad ante la Ley constituye el presupuesto fundamental del ordenamiento jurídico en los Estados democráticos de Derecho. Toda discriminación vulnera el principio de igualdad: la desigualdad carente de una justificación objetiva y razonable constituye una discriminación contraria a Derecho.

No hay justificación objetiva y razonable si el trato diferente no tiene una finalidad legítima (amparada por la Constitución) o si no hay una relación de proporcionalidad entre el trato distinto y el fin perseguido.

La discriminación consiste, pues, en tratar de manera diferente a personas en situaciones similares sin que exista una justificación objetiva y razonable. 

La igualdad no solo es un derecho fundamental de todas las personas, sino que constituye un principio constitucional que garantiza el ejercicio de los demás derechos fundamentales. Y es que, sin igualdad no hay garantías fundamentales, por lo que la aplicación de los derechos queda a merced de la arbitrariedad del Estado, concediendo selectivamente la posibilidad de ejercerlos.

 

Principio de los Actos Propios y de protección de la Confianza Legítima

Un organismo de la administración pública no puede ir en contra de lo que ha reconocido previamente, frustrando con ello las expectativas previamente creadas para con el administrado o ciudadano de buena fe.

El artículo 3.1.e de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público establece el siguiente principio: «Las Administraciones Públicas […] deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: […] Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional»1.

El núcleo de la teoría del acto propio se halla en las expectativas legítimas. Son requisitos de aplicación los siguientes condicionantes:

  • Que los actos propios sean inequívocos, en orden a que intersubjetivamente pueda determinarse el sentido de los actos del agente.
  • Que entre la conducta anterior y la pretensión actual exista una incompatibilidad o una inconsecuencia, según el sentido que, de buena fe, hubiera de atribuirse a la conducta anterior.
  • Que sea razonable la generación de la expectativa primigenia, considerando todas las razones disponibles.
  • Que se produzca la frustración de tal clase de expectativa.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha desarrollado este principio aplicable al derecho administrativo de modo unívoco: los principios que las administraciones públicas han de respetar en su actuación de buena fe y de confianza legítima (derivados del principio de seguridad jurídica) consisten en que la actuación de las administraciones públicas no puede ser alterada arbitrariamente2.

La llamada doctrina de los actos propios o regla que decreta la inadmisibilidad de venire contra factum propium, surgida originariamente en el ámbito del Derecho privado, significa la vinculación del autor de una declaración de voluntad, generalmente de carácter tácito, al sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio. Esto encuentra su fundamento último en la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno (de la administración en este caso) y la regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en el comportamiento. Es, en esencia, un límite al ejercicio de los derechos objetivos. Es lo que se conoce como principio de protección de la confianza legítima3.

Ante dos situaciones idénticas la administración pública no puede dar dos soluciones distintas

Si la administración desarrolla una actividad de tal naturaleza que pueda inducir razonablemente a los ciudadanos a esperar determinada conducta por su parte, resultaría quebrantada la buena fe en que ha de inspirarse la actuación de la misma y defraudadas las legítimas expectativas engendradas en el administrado en torno a la futura conducta de la administración.

El concepto de confianza legítima constituye en la actualidad, desde la sentencia del TJCE 13/7/1965, un principio general de Derecho Comunitario que finalmente ha sido objeto de recepción por el Tribunal Supremo desde 1990 en nuestra legislación. La doctrina sobre el principio de protección de confianza legítima comporta el que la autoridad pública no pueda adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida por la razonable estabilidad en las decisiones de aquélla, y en función de las cuales los particulares han adoptado determinadas decisiones.

Tanto el principios de buena fe como el de confianza legítima en las relaciones administrativas han sido acogidos de una forma decidida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y encuentran su fundamento último en la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno y el deber de coherencia de dicho comportamiento.

 

Caso práctico

Como ejemplo práctico mencionamos el que nos resolvíó el Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana mediante sentencia de 27 de noviembre de 20074:

Planteados los términos de debate y partiendo de los hechos relatados, debemos entender que la Administración, al declarar la incompatibilidad de las concesiones en las explotaciones en litigio, ha ido contra sus actos propios, pues si en un momento anterior a la resolución las declaró no incompatibles. Hacerlo en un momento posterior implica la vulneración de tal principio, que admite el Tribunal Supremo al considerar que el principio de buena fe protege la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno e impone el deber de coherencia en el comportamiento propio. Lo que es tanto como decir que dicho principio implica la exigencia de un deber de comportamiento que consiste en la necesidad de observar de cara al futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever y aceptar las consecuencias vinculantes que se desprenden de los propios actos, constituyendo un supuesto de lesión a la confianza legítima de las partes venire contra factum propium.

Notas (para volver al texto, pinche en el número de la nota):
  • 1 El art. 3.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, vigente hasta el 2 de octubre de 2016, establecía: «Las Administraciones públicas […] deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima»
  • 2 Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2012 (y las anteriores de 1 de febrero de 1990, 13 de febrero de 1992, 17 de febrero, 5 de junio y 28 de julio de 1997 y 22 de enero de 2007), todas la la Sala Tercera
  • 3 Sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de abril de 1988, nº 73/1988
  • 4 Sentencia nº 1715/2007, 27 de noviembre, dictada por la Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, del Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana (recurso nº 1818/2004)

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Legitimación de la Comunidad de Propietarios y representación para acudir a juicio

Legitimación de la Comunidad de Propietarios y representación para acudir a juicio

La representación de la Comunidad de Propietarios en juicio es un tema muy recurrente. Recientemente hemos obtenido una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga por la que, fallando un recurso de apelación a favor de nuestro cliente, expone fundadamente la cuestión, resolviendo ordenadamente todos los motivos del recurso formulado por la parte contraria (sentencia nº 170/2019, de 11 de marzo, de la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Málaga en el rollo de apelación nº 1441/2017).

Partimos de la base de que, confirmado por la reciente sentencia del Tribunal Supremo de fecha 8 de enero de 2019, la legitimación para acudir a juicio (ad causam) la tiene la Comunidad de Propietarios, la cual es representada por su presidente.

Tal distinción es de calado conceptual. En juicio, puede ser parte actora (quien ejercita la acción) o demandada (frente a quien se ejercita) la Comunidad de Propietarios. Pero al carecer ésta de capacidad procesal ha de estar representada por alguien. Y esa persona es el presidente, que es nombrado por los propietarios (por la Junta de Propietarios).

En el caso analizado, la parte demandada (es decir, frente a quien la Comunidad de Propietarios dirigió la acción judicial) planteó la falta de legitimación de la parte actora (la comunidad) por no existir acuerdo de la Junta de Propietarios que autorizara expresamente al presidente para iniciar acciones judiciales en nombre de la comunidad contra ella.

Ciertamente, como establece la doctrina del Tribunal Supremo (entre otras mediante la sentencia de 27 de marzo de 2012), el presidente de la comunidad la representa, pero en base a la ejecución de acuerdos de la Junta de Propietarios sobre asuntos de interés general para aquélla. Tal representación de la Comunidad en juicio y fuera de él no tiene un contenido “en blanco” para el presidente que pueda servir para legitimarle en cualquiera de sus actuaciones. Es la Junta de Propietarios la que acuerda lo conveniente a sus intereses y el presidente lo ejecuta; esto es, su voluntad no suple, corrige o anula a la de la Junta de Propietarios.

Así, se trata de impedir que la voluntad personal del presidente sea la que deba vincular a la comunidad, lo que se consigue sometiendo al conocimiento de la Junta de Propietarios la cuestión que se somete a la decisión judicial, habida cuenta el carácter necesario de las normas que rigen la propiedad horizontal que impide dejarlas al arbitrio y consideración exclusiva del presidente.

La Ley de Propiedad Horizontal únicamente exige, de modo expreso, el acuerdo previo para que el presidente pueda ejercitar acciones judiciales en defensa de la comunidad de propietarios en los supuestos concretos de acción de cesación de actividades prohibidas por los estatutos que resulten dañosas para la finca y de reclamación de cuotas impagadas. Pero la mayoría de la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales mantienen que no resulta razonable sostener que la facultad de representación que se atribuye de modo genérico al presidente le permita decidir unilateralmente sobre asuntos que incluso puedan ser de mayor trascendencia para la vida de la comunidad que los indicados anteriormente. Entre ellos la realización de obras en elementos privativos de un comunero que comporten alteración o afectación de los elementos comunes, que fue el debatido en el recurso que comentamos.

¿Y cuál debe ser el alcance del mandato de la Junta de Propietarios? En un caso la parte demanda se opuso a nuestra acción por no recogerse expresamente en el acuerdo de la Junta de Propietarios el tipo de acción que podría ejercitar el presidente. La Audiencia Provincial dio la razón al demandado (una empresa constructora). Pero acudimos al Tribunal Supremo, quien puso orden, fallando a favor de la Comunidad.  Basta, dice, que el mandato sea para reclamar judicialmente la reparación de daños (ese era el caso), no siendo necesario que se especifique el tipo de acción a emplear. En este caso también se resolvió a favor de la Comunidad como legitimada para reclamar daños producidos en distintos elementos privativos de los propietarios que formaban la Comunidad.

En definitiva, con carácter general, se requiere previo acuerdo de la Comunidad de Propietarios que legitime al presidente para instar acciones judiciales en nombre y defensa de aquella, lo que no obsta para que éste no resulte necesario en los casos en los que los estatutos de la comunidad expresamente prevean lo contrario.

En el supuesto analizado, la parte demandada no alegó en su oposición a la demanda la falta de legitimación activa. De hecho, manifestó en la contestación a la demanda su conformidad con los fundamentos esgrimidos en la demanda en cuanto, entre otros, la capacidad y legitimación de las partes del proceso. Fue en el acto de la audiencia previa cuando alegó la falta de legitimación del presidente de la comunidad al no constar autorización de la Junta de Propietarios para ejercitar la presente acción. El Juez concedió a la parte actora un plazo para acreditar dicho extremo (el acuerdo de la Junta), decisión que no recurrió la demandada

Fue el caso que la parte actora, la Comunidad de Propietarios, aportó en dicho plazo una certificación emitida por el secretario de la comunidad junto con el acta de la Junta de Propietarios. Mediante esos documentos se acreditó que con anterioridad a la presentación de la demanda se acordó por la Junta de Propietarios, incluso por unanimidad, la presentación de una demanda civil.

Por tanto, al momento de presentar la demanda existía el acuerdo válidamente adoptado de autorizar al presidente para el ejercicio de la acción judicial, por lo que la legitimación quedó perfectamente acreditada. 

Cómo contar los días de un plazo

Cómo contar los días de un plazo

¿Cómo contar el plazo para devolver algo que he comprado? O ¿cómo contar el plazo para contestar un requerimiento, o interponer un recurso? … o ¿cómo hacerlo cuando he de notificar la resolución del contrato de arrendamiento?
Estas son preguntas que a menudo nos hacemos cuando llega el momento de computar un plazo; y si no nos las hacemos creyendo saber cómo contar los días o los meses, es posible que nos equivoquemos. El mundo de los plazos es complejo, pues hay varios modos de computarlos, pero en cada caso concreto solo uno es el correcto.

 

Para empezar, hemos de distinguir los distintos tipos de “días” que hay para contar:

  1. Días naturales: Se cuentan todos los días, sean laborales, festivos, domingos, vacaciones, etc.
  2. Días hábiles: Se cuentan todos los días salvo los festivos y los sábados y domingos (que son festivos realmente).
  3. Días hábiles procesales (para el proceso civil y otras jurisdicciones): Se cuentan todos los días salvo los festivos y los sábados y domingos, los del mes de agosto, así como el 24 y 31 de diciembre -por lo que ya no son tantos ‘todos’-.)

Y ahora conviene explicar cuál es el primer día en que se empieza el cómputo, y cuál es el último del cómputo, debiendo distinguir si el plazo se expresa en días o en meses (o años):

  1. Si el plazo se expresa en días, el primero a contar es el día siguiente al que se haya recibido la notificación, o se haya hecho la compra, etc. A partir de ese día inicial se cuentan los días a que se refiere el plazo (considerando los tipos de días que hay que tener en cuenta según ya hemos explicado: naturales o hábiles), finalizando el plazo el último día que hayamos contado.
  2. Si el plazo se expresa en meses o años, el plazo se computa de fecha a fecha. Es decir, el primer día del cómputo comienza en el día en que se haya recibido la notificación, o realizado la compra, etc. y finaliza el mismo día del mes que corresponda según el plazo dado en meses, o el mismo día del mismo mes que corresponda según el plazo dado en años.

Artículo 5 del Código Civil:
Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente; y si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes.
En el computo civil de plazos no se excluyen los días inhábiles.

Pongamos algunos ejemplos:zapatos

  • Has comprado unos zapatos el 13 de mayo de 2017, y al llegar a casa resultan no ser tan cómodos como en la tienda te parecieron. Compruebas el ticket de compra y ves que en esa tienda dan un plazo de 15 días para devolverlos. ¿Hasta cuando puedes devolverlos? En primer lugar hemos de tener presente que se trata de un plazo de orden civil, y que por tanto no se excluyen los días inhábiles (salvo que en el ticket se indique lo contrario). Por tanto, el primer día del cómputo es el día siguiente al de la compra: el 14 de mayo, y que has de contar todos los días. Así, el plazo finaliza el 28 de mayo de 2017. Pero ¡el 28 de mayo es domingo! ¿Qué hacer? Si la tienda abre ese domingo, ese es el último día para devolverlo, pues se cuentan todos los días. Si no abre, como no puedes ir a cambiarlo el plazo finaliza el siguiente día que esté la tienda abierta.
  • Ese mismo día has recibido una notificación de Hacienda por la que conceden un plazo de 15 días hábiles para hacer alegaciones. ¿Cuál es el último día en que puedes hacer alegaciones? Consideramos el primer día del plazo es el día hábil siguiente, es decir, el lunes 15 de mayo de 2017. A partir de ahí, contamos 15 días hábiles (excluimos los sábados, domingos y las fiestas), y resulta que el último día es el viernes 2 de junio de 2017.

En el cómputo por meses o años tenemos menos complicaciones:

  • Si ese mismo día 13 de mayo de 2017 (qué día tan ajetreado) has recibido un requerimiento de tu casero para abandonar la vivienda en el plazo de un mes, ¿cuando acaba el plazo? El 13 de junio de 2017.
  • ¿Y si el requerimiento lo recibes el 31 de mayo de 2017? … No, el 31 de junio no, que no existe: sino el último día de ese mes: el 30 de junio (y no al día siguiente -1 de julio- como erróneamente algunos creen).
  • ¿Y si el plazo es de un año? el plazo finaliza 13 de mayo de 2018; y si la recibimos el 31 de mayo, pues ese mismo 31 de mayo pero del año siguiente.

Existe el error generalizado de creer que el plazo de 30 días es equivalente al plazo de un mes. Y computando correctamente dichos plazos vemos que arrojan resultados distintos. No es lo mismo un plazo de un mes y un plazo de 30 días. Pongamos el ejemplo de una notificación recibida el 23 de mayo de 2017:

  • Plazo de un mes: De fecha a fecha, por tanto el plazo finaliza el 23 de junio de 2017.
  • Plazo de 30 días naturales: Se inicia el cómputo el día siguiente 24 de mayo, y contando desde ése los 30 días resulta ser el último del plazo el 22 de junio (¡un día menos!).
  • Y si hemos de considerar el plazo de 30 días hábiles, el resultado es más interesante, ya que no contamos ni sábados, ni domingos ni festivos: 4 de julio de 2017 (ello sin considerar ninguna fiesta local que pudiera haber).

No obstante lo anterior, las cosas pueden no ser tan sencillas, pues existen reglas especiales, por ejemplo:

  • Si el plazo lo concede una administración pública, la exclusión de los días inhábiles implica tanto los días que sean inhábiles en nuestro municipio de residencia como los inhábiles en el municipio donde la administración tenga su sede (sean días inhábiles locales o de ámbito de la comunidad)  (recordemos que existen fiestas de ámbito nacional, de ámbito de las comunidades autónomas y de ámbito local).
  • Si en el plazo se cuentan todos los días (días naturales), o es por meses o por años, pero el último día del plazo resultara ser inhábil, se entiende que el plazo finaliza al día siguiente hábil a aquel.

En cualquier caso, el mejor consejo es no agotar los plazos hasta el último día, vaya a ser que no se haya realizado bien el cómputo.

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10 razones para consultar con un abogado

10 razones para consultar con un abogado

Tener un problema legal no debería ser la justificación para acudir a un abogado. La justificación ha de ser solicitar asesoramiento para evitar el problema. Los abogados resolvemos los problemas legales de nuestros clientes, si; pero también los evitamos mediante la consulta y asesoramiento previo. Es lo que en el mundo jurídico se conoce como abogacía preventiva.

Ahora enunciamos diez razones por las que muchas personas no acuden a un abogado, que se convierten realmente en diez razones para consultar con un abogado:

1. Es un contrato sencillo

Pensará que no necesita un abogado para redactar un contrato de arrendamiento o un contrato de entrega de una señal para la compra de una vivienda, pues parece algo muy sencillo. Pero hasta el contrato que pueda parecer más sencillo ha de contener ciertas clausulas que protejan sus derechos. O puede redactarlo incluyendo cláusulas que desconociendo su significado y trascendencia jurídica le reporte posteriormente perjuicios. Solo el abogado tiene una visión de conjunto de la transcendencia jurídica de cualquier paso que usted pueda dar.  

2. Bricolaje

El famoso corta y pega de aquí y de allá. Cree que puede redactar un documento cogiendo ideas de aquí y de allá. Pero el resultado será algo parecido al monstruo de Viktor Frankstein. El bricolaje es muy entretenido, pero es un hobby o pasatiempo. No debe hacer bricolaje con los asuntos jurídicos. Los abogados no lo hacemos.

3. Tener un familiar que sabe de estas cosas

¿Quién no tiene un familiar que dice que entiende de cuestiones jurídicas (quizás porque tenga un pequeño negocio o algunos estudios)? Seguramente no sabrá nada, pero la ignorancia es muy osada. Cada persona está cualificada para asesorar sobre su profesión, y para los temas jurídicos las personas cualificadas son los abogados. ¿Y un hijo que estudia derecho?

4. Hay Información en redes sociales

Hoy todo el mundo pertenece a una o varias redes sociales. Y por las redes circulan consejos legales que provienen … ¿de quién? usted no lo sabe. A diario leemos muchas barbaridades, que si usted las atiende podrán crearle un problema jurídico muy serio. Solo debe atender a aquellos consejos que provengan de un abogado, pero considere que cada situación personal es distinta por lo que nunca deberá tomar una decisión sin exponerle su caso concreto  

5. La ley no exige la intervención de abogado

Hay determinados procesos judiciales para los que la ley no exige la intervención de un abogado (por ejemplo una reclamación de poca cuantía o un juicio por delito leve). Pero que no lo exija no es sinónimo de que no sea conveniente que usted vaya de la mano de un abogado (y más cuando posiblemente la parte contraria sí esté asistida por un abogado). Por ejemplo: para reclamar 1.900 euros la ley no exige la intervención de abogado, y para reclamar 2.100 euros, sí; y ambas reclamaciones pueden tener el mismo fundamento jurídico que solo el abogado sabrá invocar.

6. Hay confianza con la otra parte

Usted va a firmar un contrato con alguien con la que tiene suficiente confianza y sabe (cree) que nunca tendrá problemas con ella. Le digo: desengáñese, en el mundo jurídico no puede fiarse de nadie (absolutamente de nadie); por eso necesita tener un contrato perfectamente redactado. Y desconfíe cuando una persona le dice para no acudir a un abogado: “¿es que no te fías de mí?” Pues no se fie, no lo haga.

7. El asesoramiento de un funcionario

Los hay con muy buena voluntad que le pueden dar un consejo, ¿pero ese consejo es acertado? ¿o es el mejor consejo para su caso? Suponemos que el funcionario hace bien su trabajo (no lo dudamos), pero su trabajo no es asesorarle a los administrados (a usted). No tiene preparación para ello y puede ocasionarle más problemas que beneficios. En muchas ocasiones hemos tenido un caso complicado porque inicialmente nuestro cliente actuó siguiendo el consejo de un bienintencionado funcionario.

8. Consultas en foros de internet

Lo más peligroso. Allí todo el mundo opina, la mayoría basándose en su propia experiencia, pero nadie sabe cuál es su caso concreto. Recuerde que no todos los casos son iguales y que usted al exponer el suyo puede olvidar alguna circunstancia importante por lo que la respuesta no sea la adecuada. En ocasiones los abogados dan respuestas en esos foros, pero siempre piden una consulta personalizada para el correcto asesoramiento.

9. Los abogados son caros

No hay nada más incierto como esa afirmación. Es más, los abogados somos muy rentables. Un adecuado asesoramiento o intervención a tiempo es incluso barato, pues ha de considerar el interés económico del, por ejemplo, contrato que va a firmar.

10. Gestores, asesores y otros

Muchas personas creen que para determinados asuntos los gestores son más adecuados, y además son más baratos (véase el nº 9). Lo mismo le podemos decir de esos asesores que nadie sabe lo que son. Pero la experiencia nos dice que saben lo justito y no más (A, B y C), e incluso que si se aventuran a D, E, etc, … le ocasionarán un gran problema.

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Desde el 18 de enero de 2017 son aplicables las normas del Reglamento (UE) Nº 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativas al aseguramiento y cumplimiento de las condenas judiciales dinerarias o de documentos públicos con fuerza ejecutiva en otro Estado miembro.

Se pone en práctica la orden europea única para la retención de los saldos de cuentas en bancos situados en otros estados miembros de la Unión Europea, tanto en la vertiente de aseguramiento como medida cautelar (en casos de urgencia) como en la de ejecución propiamente dicha de una resolución judicial u otros documentos que lleven aparejada ejecución. En cualquier caso, la expedición de la orden se realiza sin comunicarla al deudor, permitiendo al acreedor adelantarse a una posible actuación fraudulenta del mismo que la pudieran dejar sin efectos prácticos (cobro del crédito).

En definitiva, la orden supone un instrumento ágil y eficaz a disposición del acreedor que reclama su crédito ante los Juzgados españoles pero que el deudor tiene su patrimonio líquido en otro estado de la Unión Europea.

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