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La planificación patrimonial

La planificación patrimonial


Si le ha llamado la atención la fotografía y se ha preguntado qué relación tiene con la planificación patrimonial, le puedo decir que mucha. Piense la razón mientras lee.


¿Qué es la planificación patrimonial?

 

 

La planificación patrimonial nos permite adquirir de modo óptimo el patrimonio, o preservar el ya adquirido, sea personal o empresarial, conservarlo y obtener de él mediante su correcta administración el mayor rendimiento (maximizando ingresos y sobre todo minimizando gastos -carga de impuestos-), y garantizar su transferencia a la siguiente generación. Para ello, nos servimos de un conjunto de herramientas que aplicaremos de modo proactivo.

La Planificación patrimonial  consiste en elaborar anticipadamente un modelo de actuación para organizar y dirigir la gestión de parte o de la totalidad del patrimonio presente y futuro de una persona, con la finalidad de mantener o incrementar su valor, y lograr su transmisión ordenada a quienes deban recibirlo en su momento

Esas herramientas son de distinta naturaleza: fiscal (impuestos), sucesoria (transmisión entre vivos o por herencia), de gestión, etc. Pueden aplicarse tanto a grandes patrimonios como a pequeños patrimonios familiares (incluso el formado por una vivienda y poco más).

La planificación se puede realizar antes de adqurir el patrimonio, adaptándola conforme va creciendo y van cambiando la estructura de la familia y las necesidades, o también una vez adquirido, realizando los ajustes necesarios.

En definitiva, la planificación patrimonial persigue el bienestar del individuo y de su familia ya que le proporciona tranquilidad y seguridad al preservar su patrimonio, al poder obtener la renta esperada, al poder transmitirlo sin grandes costes, al conseguir los objetivos marcados, y, especialmente, al evitar conflictos familiares.

Es exigencia de responsabilidad tomar las medidas adecuadas.

 

Estructura de la familia

La familia moderna ha evolucionado hacia una composición más compleja, lo que exige una mejor planificación del patrimonio para garantizar su subsistencia. Es habitual que hijos se trasladen a vivir a otros países, adquiriendo su residencia, lo cual introduce un elemento internacional a tener en consideración en cuanto a la legislación aplicable. La tasa de rupturas matrimoniales es elevada, existiendo segundos y terceros matrimonios, lo cual también incide en el patrimonio familiar; o las nuevas formas de parejas (la misma convivencia en pareja) también afectan al patrimonio familiar.

Incluso en familias de estructura más sencilla, o de estructura clásica, concurren circunstancias en las que el patrimonio puede estar amenazado (especialmente por su gestión y por su sucesión).

La planificación patrimonial es un acto necesario de responsabilidad que evitará problemas presentes y futuros en el ámbito familiar y empresarial, y, especialmente, un importante ahorro económico

Según estadísticas de ámbito nacional, un patrimonio es formado en una primera generación. En la mayoría de los casos, la segunda generación lo preserva (si bien disminuyéndole su valor). Pero se pierde en la tercera generación. Por qué se pierde el patrimonio? La causa principal es una incorrecta transmisión: la carga fiscal (los impuestos pagados), la falta de liquidez, la escasa preparación de la siguiente generación, y la herencia a favor de varias personas (herederos).

En definitiva, el patrimonio no perdura por no estar correctamente estructurado y planificado.

Implementando estructuras de planificación adecuadas, lo que necesariamente precisa conocer las distintas legislaciones que puedan ser aplicables (si concurre un elemento internacional), la estructura de la familia y la naturaleza del propio patrimonio, las amenazas pueden ser eludidas.

Por tanto, la familia ha de planificar su patrimonio, estructurándolo adecuadamente, y ello solo se consigue mediante el debido asesoramiento de lo que se llama en el mundo del Derecho una Family Office.

 

Circunstancias que afectan al patrimonio

Hay muchas circunstancias que pueden afectar a la gestión y continuidad del patrimonio. Podemos entenderlas como amenazas que habrá que preverlas y poner los medios necesarios para que no terminen afectando.

Enuncio algunas: hijos menores que puedan heredar por un temprano fallecimiento, hijos discapacitados, falta de liquidez para afrontar gastos imprevistos, divorcio, injerencia de los cónyuges de los hijos, modo de distribuir el patrimonio, sucesión en su administración, endeudamiento excesivo, crisis económica global o del sector, etc.

Otro problema importante que afecta al patrimonio es el de la congelación de los activos cuando concurre un fallecimiento o un divorcio conflictivos y que son sometidos a juicios. Dejar de ser ágiles desemboca en pérdidas de oportunidades.

Estas circunstancias solamente pueden ser ignoradas si, antes de que puedan ocurrir, se han tomado las medidas necesarias mediante un Protocolo. Se trata de que las incidencias externas al propio patrimonio no le afecten.

 

Aspectos en los que ha de operar la planificación

Hemos de comenzar por considerar si el patrimonio aún no se ha adquirido o se va a planificar el ya adquirido, o incluso si se va a expandir el mismo. También hay que estudiar la naturaleza del patrimonio y sus componentes (inmuebles, negocios, valores, etc.). No puede olvidarse si concurren elementos extranjeros (y aunque no concurran, nunca hay que descartarlos).

La planificación ha de incidir en todo lo que pueda afectar al patrimonio:

  • Asuntos personales con transcendencia patrimonial: matrimonio y su régimen económico elegido; efectos de la separación matrimonial; incapacidad sobrevenida, fallecimiento, etc.
  • Todo ingreso conlleva una carga fiscal: el pago de impuestos. La optimización fiscal es una de las bases más importante de la planificación.
  • Riesgos empresariales: en el caso de tener una empresa, el negocio está siempre expuesto a riesgos del mercado. La planificación no solo ha de incidir en minimizarlos, sino en evitar que pueda afectar al resto del patrimonio.
  • Sucesión personal: quién se hará cargo del patrimonio y bajo qué condiciones (por ejemplo, si procede su fragmentación o mantenerlo unido -y en este caso, el modo de control-).

 

Herramientas

Son muchas la herramientas que podemos utilizar en la planificación patrimonial.

En primer lugar hay que realizar un análisis del patrimonio (composición, estructura) así como de la familia y de los objetivos. También hay que analizar las amenazas concretas de ese patrimonio. Solo entonces se pueden elegir las formulas y herramientas adecuadas.

Enumero algunas (obviamente no todas concurrirán en una planificación concreta):

  1. Sociedad mercantil
  2. Trust para salvaguardar y transmitir los bienes entre generaciones
  3. Fundación para desarrollar actividades filantrópicas
  4. Seguro de vida
  5. Fondo de inversión
  6. Protocolo Familiar
  7. Testamento, no solo de los propietarios, sino de sus herederos. Elección de la ley nacional aplicable
  8. Pacto Sucesorio, la herramienta desconocida que garantiza una sucesión sin sobresaltos
  9. Fideicomisos
  10. Poder preventivo para caso de incapacidad sobrevenida
  11. Testamento Vital
  12. Autotutela
  13. Incapacitación Civil (nombramiento de curador o tutor)
  14. Usufructo
  15. Elección del lugar de residencia
  16. Capitulaciones matrimoniales (más allá de la mera opción de algún régimen de los ofrecidos por la legislación). Prever las consecuencias de la ruptura matrimonial. En el caso matrimonio internacional: elección de la ley aplicable.

 

Bases para un ahorro fiscal

  • Conocimiento de la cuantía a invertir, de las posibles pérdidas, de las posibles ganancias y del tiempo necesario para obtenerlas, sin olvidarse de los riesgos no previsibles.
  • Considerar las consecuencias jurídicas y fiscales de las operaciones que se llevaran a cabo durante la planificación inicial de la operación
  • Elección del régimen matrimonial y del régimen sucesorio
  • Elección del vehículo de inversión más acorde a las finalidades perseguidas

 

Algunas notas sobre la conveniencia de constituir una sociedad mercantil

Mediante la sociedad de responsabilidad limitada conseguiremos la separación de la actividad empresarial (y sus riesgos) de los bienes de carácter personal. Pero dado que el administrador de la sociedad puede llegar a responder de las deudas de la sociedad, habrá que proteger el domicilio familiar en caso de deudas y embargos. 

La actividad económica mediante una sociedad mercantil (y no como una actividad personal -trabajador autónomo-), además puede conllevar un importante ahorros fiscales. La oportunidad de la creación de una sociedad mercantil también se nos presenta para la tenencia de bienes inmuebles: son las sociedades patrimoniales, o incluso para el ejercicio de una actividad profesional.

Nuevamente, antes del inicio de una actividad y de la constitución de la sociedad, es muy importante planificar el régimen económico por el que se rige el matrimonio (siendo aconsejable el de separación de bienes frente al de bienes ganaciales). No podemos limitarnos a elegir alguno de los regímenes regulados en el Código Civil: podemos crear el régimen que mejor se adapte a las circunstancias concretas.

 

No es necesario hacer cosas extraordinarias para conseguir resultados extraordinarios

Warren Buffet (1930) Inversor y empresario

 


Planificación patrimonial

Tras haber planificado su patrimonio, seguro que podrá descansar tranquilamente.


 

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Modificación de la capacidad de obrar. El tutor

Modificación de la capacidad de obrar. El tutor

 

Cuando una persona padece una deficiencia o enfermedad persistente, física o síquica, que le impida gobernarse por sí mismas o tomar decisiones importantes en su vida, procede modificar legalmente su capacidad de obrar.

Podemos estar ante casos de personas de cualquier edad, sin excluir a las personas mayores (es decir, también enfermedades sobrevenidas por el paso del tiempo). En España, los niños con discapacidad representan el 1,5% del total, los jóvenes y adultos el 40,5%, y los ancianos el 58%.

Con esta modificación legal de su capacidad se designará la persona que realice en su nombre los actos con trascendencia jurídica. Tales actos pueden ser obtener ayudas económicas, vender una propiedad, o aceptar una herencia. Popularmente se conoce como incapacitación civil.

La capacidad de obrar es la aptitud para el ejercicio de los derechos de los que una persona es titular. Toda persona, por el mero hecho de serlo, tiene capacidad jurídica, es decir, capacidad de ser titular de derechos subjetivos. Pero no toda persona tiene aptitud para ejercitar tales derechos.

En el supuesto de los hijos que presentan este tipo de deficiencias no es necesario realizar nada mientras son menores de edad. Son sus padres los que los representan. No obstante se debe actuar con tiempo para que cuando lleguen a la mayoría de edad la patria potestad se encuentre prorrogada. Si la modificación de la capacidad se realiza siendo ya mayor de edad, la patria potestad se rehabilita. En cualquiera de ambos casos seguirán siendo sus padres quienes los representen.

En el supuesto de personas mayores cuya enfermedad le sobrevenga también habrá que acudir a este proceso de modificación legal de su capacidad. Otra solución, mucho más práctica, es el otorgamiento previo de un poder de representación.

 

Derechos tras la modificación de la capacidad

La modificación no conlleva la pérdida de derechos, sino que son ejercidos con el apoyo de otras personas. Determinados derechos personales también pueden ser conservados por el incapacitado, si así lo estima el juez. Entre ellos, el sufragio, otorgar testamento, contraer matrimonio, por ejemplo.

Si estamos ante un caso antiguo (anterior a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006) cuya sentencia ha excluido el ejercicio de estos derechos personales, ahora podemos revisarla y rehabilitarlos si se dan las circunstancias.

 

Proceso judicial

La modificación de la capacidad de obrar solo se puede obtener mediante sentencia judicial (nunca por resolución administrativa). El proceso requiere la asistencia de un abogado especializado, quien aportará la documentación exigida y fundamentará debidamente la acción.

El juez, si considera que realmente la persona no puede valerse por sí misma, determinará la extensión y límites de la capacidad modificada. También establecerá el régimen de guarda a la que quedará sometida.

Procederá la incapacidad total cuando la persona no pueda cuidar de sí misma ni administras sus bienes. Será parcial si se considera que puede realizar algunos actos por sí sola y adoptar decisiones sobre su persona. En el primer caso se necesitará de un representante (tutor), y en el segundo, de asistente para realizar ciertos actos más importantes o complejos (curador).

Esta modificación de la capacidad, que puede revisarse en cualquier momento, ha de anotarse en el Registro Civil (incluso en el Registro de la Propiedad). Así surtirá efectos frente a terceros y quedará protegido el patrimonio del incapaz.

 

El tutor y el curador

Tutor o curador pueden serlo toda persona física con plena capacidad de obrar y que esté en uso de sus derechos civiles. También lo pueden ser las fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro y creadas para esos fines.

La diferencia entre ambas figuras se encuentra en que el sometido a tutela carece de capacidad y por ello la medida de protección es la representación mediante el tutor. El sometido a curatela sí conserva su capacidad de obrar, pero esta requiere de un complemento mediante el curador.

En la demanda judicial se propondrá a qué institución debe quedar sometida la persona (a tutela o curatela) y qué persona (física o jurídica) que deba ocupar ese cargo, justificando que es la más idónea.

La Ley relaciona, por orden, las personas que han de ocupar este cargo. Pero si por un motivo concreto y fundamentado es conveniente la elección de una persona sin seguir el orden legal, en la demanda judicial deberá justificarse y fundamentarse esa situación excepcional.

 

Obligaciones del tutor

El tutor, al ser nombrado judicialmente y aceptar su cargo, responde ante la autoridad judicial, quien supervisa y controla su actuación.

Entre sus obligaciones, además de representar, administrar sus bienes de modo diligente y asistir al declarado incapaz, están la de cuidar de él procurándole alimentos y educación integral (según sea el caso). Deberá informar anualmente al Juzgado de la situación física, mental y económica del incapaz así como, con la misma periodicidad, rendir cuentas documentadamente de las operaciones realizadas en su nombre.

 

Problemas de la tutela

El sometimiento a tutela puede presentar problemas de orden material si el tutelado tiene cierto patrimonio ya que el tutor no es libre de realizar cualquier acto en nombre de su tuteado. En determinados casos el tutor necesita autorización judicial previa, que se concederá solo en el caso de que sea útil para el tuteado.

Algunos actos para los que el tutor necesita autorización previa judicial son estos:

  • Transmisión o gravamen de bienes (inmuebles, derechos reales, valores, acciones o participaciones sociales, propiedad intelectual o industrial, de especial valor, etc.)
  • Renuncia de créditos, herencias, legados o donaciones.
  • Aceptación de legados y donaciones modales u onerosas
  • Dar o tomar dinero a préstamo o crédito (salvo para la adquisición de un bien)
  • Otorgar arrendamiento de inmuebles por plazo superior a 15 años
  • Adquirir la condición de socios en sociedades que no limiten la responsabilidad de las personas que formen parte de ellas, así como constituir disolver fusionar o escindir estas sociedades
  • Esta autorización judicial previa puede conllevar retrasos en la realización de negocios jurídicos (por ejemplo, la venta de una vivienda) o incluso frustrarla.

Para poder realizar las operaciones de un modo dinámico, recomendamos el otorgamiento de un poder notarial antes de sobrevenir la falta de capacidad.

 


  1. La capacidad de obrar es la aptitud para el ejercicio de los derechos subjetivos y de los deberes jurídicos de los que una persona es titular.
  2. Los menores de edad, que no tienen tal capacidad, son representados por sus padres.
  3. Se presume que todos los mayores de edad tienen capacidad de obrar, por lo que su falta o limitación ha de ser probada.
  4. Quienes carezcan de esta capacidad, necesitaran de un tutor que los representen.
  5. Quienes tengan limitada esta capacidad, necesitarán de un curador que los asistan en determinados actos o negocios jurídicos.

 

Finalmente es importante decir que esta modificación judicial de la capacidad (incapacidad civil) es algo distinto al reconocimiento administrativo de una discapacidad. Esto segundo corresponde a las comunidades autónomas (no a los tribunales) y viene representado por la concesión de un porcentaje (a partir del 33%) de discapacidad, que otorga a la persona determinadas ventajas de diversa naturaleza.

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Indemnización por el uso exclusivo de un bien común

Indemnización por el uso exclusivo de un bien común

 

Hay casos en que uno de los copropietarios de un inmueble lo viene utilizando sin el consentimiento del otro copropietario. Se produce un beneficio del primero y un correlativo perjuicio del segundo.

Esta situación es bastante frecuente. Algunos casos más habituales son en herencias (inmueble heredado por varios hermanos y que es utilizada solo por uno de ellos) o rupturas de parejas (vivienda adquirida por una pareja y que tras la ruptura es utilizada solo por uno de ellos -en estos casos, salvando las disposiciones del Derecho de Familia si hubiera hijos menores de edad-).

Pues bien, aquellos copropietarios que no usan el bien pueden exigir una indemnización, a modo de compensación, por ese uso exclusivo del otro.

Articulo 394 del Código Civil
Cada partícipe puede servirse de las cosas comunes siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copartícipes utilizarlas según su derecho.

El anterior precepto es el fundamento por el que un copropietario no puede utilizar el bien común para su propio beneficio sin el consentimiento de los otros copropietarios. En su virtud, quien se vea privado del uso del bien en copropiedad tiene derecho de exigir la cesación en ese uso, pero también puede exigir una indemnización por los daños y perjuicios causados al no poder usar dicho bien.

 

Indemnización

Para poder reclamar la compensación por el uso exclusivo del bien común se exigen dos requisitos:

1. Ha de existir una oposición expresa de quien vaya a reclamar la indemnización a que un copropietario use el bien en exclusiva. Es necesaria esta oposición para que el uso se convierta en ilegítimo, pues caso contrario se entenderá que existe un consentimiento tácito en el uso. Esta oposición ha de ser fehaciente, y es a partir de que se produzca cuando se podrá reclamar la compensación.

2. La cuantía de la indemnización a exigir ha de estar avalada por un informe pericial del que se desprenda el precio de mercado de alquiler del bien en cuestión. Es decir, la compensación será equivalente a la renta de mercado que se percibiría si el bien estuviese arrendado a un tercero. La cuantía será el producto de aplicar dicha renta mensual de mercado a la cuota de participación en el bien de quien reclama y a los meses en que el otro ha estado utilizándolo ilegítimamente (esto es, solo a partir de que se manifieste la oposición expresa de modo fehaciente).

 

Por tanto, para recibir la indemnización se necesita realizar un requerimiento con determinadas formalidades y contenido específico, y, posteriormente el ejercicio de una acción judicial.

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Uso de plazas de aparcamiento y de zonas comunes en Comunidad de Propietarios

Uso de plazas de aparcamiento y de zonas comunes en Comunidad de Propietarios


Recientemente un cliente, una Comunidad de Propietarios formada por más de cien propietarios, nos ha solicitado la emisión de un informe relativo a la utilización privativa de zonas comunes y a la edificación de trasteros en planta destinada a aparcamientos del edificio de la comunidad.

El problema que se plantea en aquella comunidad es complejo, y por su interés, compartimos el informe en nuestro blog.


 

 

Objeto del informe

Por la Comunidad de Propietarios se solicita un informe jurídico sobre la legalidad o no del uso privativo de zonas comunes y la edificación de trasteros en planta dedicada a aparcamientos de los edificios que integran la comunidad de propietarios.

 

 

Antecedentes de hecho

Los hechos son varios y de distinta naturaleza. Girada visita a las plantas de aparcamiento de sendos edificios que integran la comunidad se observan distintas incidencias:

  • Utilización de zonas comunes cerca de plazas de aparcamiento privadas para el almacenamiento de bienes de distinta naturaleza.
  • Utilización de plazas de aparcamiento privadas para el almacenamiento de bienes de distinta naturaleza, así como para el aparcamiento de varios vehículos.
  • Utilización de zonas comunes para el almacenamiento de bienes de distinta naturaleza, así como para el aparcamiento de vehículos.
  • Edificación de trasteros tanto en plazas de aparcamiento privadas como en zonas comunes.

 

 

Fundamentos de derecho

 

Primero: Legislación aplicable

La Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal (LPH), establece lo siguiente:

  • Artículo 3.b: «En el régimen de propiedad establecido en el artículo 396 del Código Civil corresponde a cada piso o local: […] La copropiedad, con los demás dueños de pisos o locales, de los restantes elementos, pertenencias y servicios comunes».
  • Artículo 7.1: «El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad. […] En el resto del inmueble no podrá realizar alteración alguna […]».
  • Artículo 9.1.a: «Son obligaciones de cada propietario: Respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes, ya sean de uso general o privativo de cualquiera de los propietarios, estén o no incluidos en su piso o local, haciendo un uso adecuado de los mismos […]».
  • Artículo 9.1.g: «Observar la diligencia debida en el uso del inmueble y en sus relaciones con los demás titulares […]».

(Nota: las referencias a piso y local se entienden a todo elemento de propiedad horizontal, como también lo es una plaza de aparcamiento.)

 

Segundo: Uso de elementos comunes con fines privativos

Se ha observado el uso de zonas comunes para el almacenamiento de bienes privativos, bien de zonas anexas a una plaza de aparcamiento por su propietario, bien de zona de maniobra, incluso para el aparcamiento de motocicletas.

Este uso, salvo que sea autorizado expresamente por la Junta de Propietarios, no es legal en cuanto invada zonas comunes (en este caso de maniobra) lo cual afecta a la circulación de vehículos y supone un aprovechamiento privativo sin título.

En el caso de que tal uso se haya venido produciendo durante años sin la autorización expresa de la comunidad no supone la adquisición a un derecho de uso, es decir, la tolerancia no equivale al consentimiento tácito. La jurisprudencia del tribunal supremo ha declarado que la utilización privativa de un elemento común  necesita el reconocimiento expreso de la Junta de Propietarios (con el régimen de mayoría adecuado). Por tanto, la comunidad puede exigir la retirada de objetos en zonas comunes, así como su no utilización con fines privativos por los distintos propietarios (por ejemplo, para el estacionamiento de vehículos), especialmente cuando afecte a otros propietarios.

 

Tercero: Construcción de trasteros en plaza de aparcamiento privativo

Se ha observado la construcción, con materiales de obra, de trasteros en plazas de aparcamiento privativas. En primer lugar hay que delimitar que lo aquí expuesto es solo referente a los casos en que el trastero haya sido construido íntegramente en la plaza privativa, y no si dicha construcción invade también elementos comunes.

En principio estas construcciones son ilegales puesto que la zona de aparcamientos está configurada como una zona abierta, incluso la propiedad privativa que representa cada plaza. La construcción supone una alteración de la configuración general del edificio según ha estimado en repetidas ocasiones la jurisprudencia. Además, tal construcción se apoya y ancla en elementos comunes como son las paredes y techos.

Pero existe jurisprudencia por la que se declara que la comunidad de propietarios no puede demoler (solicitar la demolición) estos cerramientos cuando ha transcurrido un plazo de tiempo razonable, lo que sí equivale a consentimiento tácito (concretamente hay casos en los que han bastado 13 años para considerarse ese consentimiento). Se fundamenta en que lo construido sería sobre una zona privada, y la decisión de la Junta de Propietarios no puede llevarse hasta límites abusivos de prohibir cualquier alteración o uso que realmente no perjudique a ningún otro propietario o no suponga menoscabo de otros derechos.

No obstante, para que estos cerramientos puedan ser mantenidos no han de causar molestias a los propietarios de otras plazas ni afectar de modo peligroso a elementos comunes. No puede producir perjuicios ni para la comunidad ni para otros propietarios, especialmente el de plaza de aparcamiento vecina (aunque no exista extralimitación). (Se ha observado que existe un caso en el que se ha obstruido la ventilación de la planta de aparcamientos, con el riesgo que ello supone.)

Por tanto,  en estos casos habrá que estar a la antigüedad de las obras y a la incidencia concreta que pueda tener sobre los elementos comunes.

En cualquier caso, la existencia de estos trasteros supone la disminución de la superficie útil de aparcamiento lo que no puede suponer que el propietario aparque su vehículo ocupando parte de la zona común de rodadura.

 

Cuarto: Construcción de trasteros sobre zonas comunes

Ninguna construcción privada sobre elemento común (sea total o parcial) sin la autorización de la Comunidad de Propietarios es legal, pues no se puede invadir una zona común para el uso privativo. La construcción del trastero es una alteración de zona común.

 

Quinto: Acciones legales

Para devolver el estado de las cosas a su estado anterior, o prohibir el uso de zonas comunes para fines particulares (lo que incluye incluso el aparcamiento de una motocicleta en zona común, por ejemplo), la Ley de Propiedad Horizontal ofrece distintas acciones que se pueden ejercitar ante los Tribunales.

El ejercicio de la acción ha de realizarse mediante una demanda independiente por cada propietario, no pudiéndose acumular varias contra distintos propietarios por hechos distintos. La Ley de Enjuiciamiento Civil establece que estas acciones procedentes de la Ley de Propiedad Horizontal se sustancien mediante un proceso declarativo ordinario que, a diferencia del proceso declarativo verbal, conlleva un procedimiento con más trámites y garantías.

 

 

Conclusiones

  1. El uso privativo de elementos comunes no está autorizado por la ley.
  2. La construcción de un trastero en plaza de aparcamiento ha de estar autorizado por la Junta de Propietarios, si bien la negativa de esta puede ser impugnable ante los Tribunales si no causa menoscabo la construcción.
  3. Pese a no tener autorización de la Junta de Propietarios las construcciones referidas en el número anterior, cabe la posibilidad de que los Tribunales no acuerde su demolición.
  4. La construcción de elementos para aprovechamiento privativo sobre elementos comunes no está autorizada por la ley
  5. En cualquier caso, las autorizaciones que pueda otorgar la Junta de Propietarios pueden ser impugnadas por cualquier otro propietario al que se le cause perjuicio.
  6. Las acciones que ejercite la Junta de Propietarios serán individuales contra cada propietario, en procesos independientes.

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Régimen patrimonial del matrimonio según la legislación finlandesa

Régimen patrimonial del matrimonio según la legislación finlandesa

Régimen patrimonial

Según la legislación finlandesa los cónyuges conservan tras casarse la propiedad de todo lo que era suyo antes del matrimonio. Así mismo, es de su propiedad lo adquirido durante el matrimonio.

Respecto de las deudas, cada cónyuge es responsable de las que haya contraído antes y durante el matrimonio. Pero ambos son responsables de las deudas que cualquiera de los dos contraiga durante el matrimonio para mantener a la familia. Así mismo, ambos responderán de las deudas contraídas de manera conjunta.

El matrimonio no limita el derecho de los cónyuges a realizar transacciones con terceros. Sin embargo, la vivienda que sea el hogar conyugal no puede ser transmitida por ninguno de los cónyuges salvo con la autorización del otro.

Además, cualquier de ellos puede donar al otro cualquier tipo de bien. Esta donación puede ser comunicada a la oficina local de la Magistratura (autoridad administrativa estatal de ámbito local –maistraatti-) de modo tal que el cónyuge que recibe la donación protege estos bienes frente a los acreedores de su cónyuge.

 

Derecho conyugal y capitulaciones matrimoniales

A pesar de la independencia patrimonial de los cónyuges durante el matrimonio existe un derecho conyugal (avio-oikeus) que se materializa cuando el matrimonio concluye por divorcio o muerte. En virtud del derecho conyugal, cada cónyuge tiene, en principio, derecho a la mitad de la propiedad neta conyugal (es decir, el conjunto de bienes de ambos cónyuges).

No obstante, se puede excluir este derecho mediante capitulaciones matrimoniales de mutuo acuerdo, antes o durante el matrimonio. La exclusión puede referirse a cualquier bien adquirido antes o durante el matrimonio, o incluso a todos los bienes.

Las capitulaciones matrimoniales para que sean válidas deben inscribirse en la oficina local de la Magistratura.

Hay que tener en cuenta que además de los cónyuges, tanto el testador como el donante pueden excluir el derecho conyugal sobre los bienes que recibe el heredero o el donatario. Es común, por ejemplo, que los padres donantes o testadores incluyan tal cláusula para eliminar el derecho matrimonial del cónyuge de su hijo sobre la propiedad dejada en herencia o donada.

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Derecho de transmisión en la sucesión

Derecho de transmisión en la sucesión

 

Aquella persona que siendo heredero de otra puede fallecer a su vez sin haber aceptado (ni repudiado) aquella herencia. El Código Civil establece que ese derecho que tenía como heredero pasará a sus herederos: es el derecho de transmisión en la sucesión.

Es una cuestión jurídica muy debatida desde siempre si este derecho implica una adquisición directa (de A a C) o un doble traspaso del caudal hereditario (de A a B, y de B a C).

Artículo 1006 del Código Civil

Por muerte del heredero sin aceptar ni repudiar la herencia pasará a los suyos el mismo derecho que él tenía

Es el caso de una persona (B) que ha sido llamada a una herencia (sea por testamento o ab intestato), y por tanto ha sobrevivido a su causante (A), fallece sin haber ejercitado el ius delationis. ¿Cómo adquiere el heredero (C) de esta persona (B)?

La solución que se adopte es muy importante porque afectará a numerosos elementos en la herencia. POr ejemplo, de quién deben producirse los juicios de capacidad para suceder, quiénes deben concurrir a la partición, cómo realizar la liquidación del impuesto sobre sucesiones, etc.

Mayoritariamente se ha adoptado la tesis clásica, donde hay dos transmisiones (de A a B, y posteriormente de B a C). Esta tesis ha sido la considerada por el Tribunal Supremo y por la Dirección General del Registro y Notariado hasta fechas recientes. Pero la sentencia nº 539/2013, de 11 de septiembre, dictada por el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, ha girado para adoptar la tesis moderna que asume la adquisición directa. Este giro también ha sido adoptado por la Dirección General de los Tributos.

La tesis moderna implica que “el derecho de transmisión se configure más bien como la transmisión de un derecho” (Galán Díaz). Ello supone que B no adquiere el caudal hereditario de A, sino el ius delationis que es transmitido a C, quien adquiere el caudal hereditario de A. Este modo de transmisión simplifica considerablemente los trámites hereditarios al eliminarse una cascada de sucesiones y transmisiones.

No obstante, la transmisión directa también tiene sus inconvenientes puesto que aceptada por C la herencia de B, hay que valorar su capacidad para suceder respecto de A. El momento en que deba hacerse esta valoración es de gran importancia, pues las circunstancias pueden haber variado a la fecha de fallecimiento de A respecto de la fecha de fallecimiento de B. La jurisprudencia indica que el juicio ha de realizarse al tiempo de aceptarse por C la herencia de B.

También es interesante contemplar la figura del cónyuge viudo de B. Su legítima (su derecho hereditario) no se trata de un simple derecho de crédito frente a la herencia de B y frente a C, sino una cuota que tiene también por objeto el ius delationis.

En cuanto a la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones las ventajas también son evidentes al evitar tributar por una sucesión intermedia, si bien la jurisprudencia en esta materia acoge la doble transmisión. José María González Abogados tiene pendiente de resolución varios recursos en esta materia. 

No obstante, este efecto puede quedar sin contenido por las reducciones entre descendientes que se puedan aplicar. En primer lugar, la reducción de la cuota tributaria pagada en una sucesión por los mismos bienes ocurrida en el plazo de diez años. Y en segundo lugar por las reducciones entre descendientes reguladas en la mayoría de las comunidades españolas (por ejemplo, en Andalucía hasta un millón de euros).

Actualización junio 2018: La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en sentencia de 5 de junio, acoge la tesis moderna mantenida por la Sala de lo Civil de modo tal que a los efectos de la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones también se entiende que existe una sola transmisión. Así se acogen nuestros fundamentos y no se devenga el impuesto por el primer fallecimiento.

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