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Residencia fiscal de las personas físicas

Residencia fiscal de las personas físicas

Introducción

La determinación de la residencia fiscal de una persona (vamos a tratar solo de las físicas, dejando de un lado a las entidades) produce un efecto sustancial en el modo de la tributación de su renta.

Así, el residente fiscal en España tributará, mediante el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por toda la renta que obtenga (en España o en el extranjero): tributará por la renta mundial. El no residente fiscal en España solo tributará por la renta obtenida aquí (cuya determinación no siempre es fácil) mediante el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (IRNR).

Puede darse el caso de que una misma renta esté sujeta en dos Estados distintos: el de residencia del sujeto pasivo (donde tributa por toda la renta obtenida) y el del lugar donde se obtiene la renta. Pero en ningún caso se podrá dar una doble imposición, esto es, no se va a pagar dos veces. Para ello se establecen mecanismos para evitar esa doble imposición.

En primer lugar se hace necesario precisar qué espacio físico comprende España para poder enmarcar en su caso la residencia en ese Estado. Es el territorio del Estado español incluyendo su espacio aéreo, las aguas interiores y el mar territorial y las áreas exteriores a él en las que el Estado ejerza o pueda ejercer jurisdicción o derechos de soberanía respecto del fondo marino, su subsuelo y aguas suprayacentes y sus recursos naturales.

 

Domicilio fiscal de los no residentes

Es un concepto distinto a la residencia fiscal, pero necesario determinar a los efectos de la imposición española.

Dependiendo de cuál sea la naturaleza de la renta obtenida en España por el no residente, el domicilio de este se determina según las siguientes reglas:

  • Si la renta se obtiene operando mediante un establecimiento permanente, el domicilio fiscal es el lugar donde radique la efectiva gestión administrativa y la dirección de sus negocios en España.
  • Si la renta se obtienen sin establecimiento permanente, será el de su representante en España.

 En defecto de representante, será:

  • En caso de rentas inmobiliarias, el del lugar donde esté ubicado el inmueble.
  • En caso de otro tipo de rentas, el del responsable solidario del no residente.

 

Criterios para determinar la residencia fiscal en España

Será residente en España la persona sobre la que concurran una de las siguientes circunstancias

 

La residencia familiar

Si en España reside habitualmente el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores que dependa del contribuyente, se presume que éste es residente en España. (No obstante, la doctrina jurisprudencial considera suficiente la residencia en España solo del cónyuge a estos efectos.)

Aun así, esta presunción contiene notables defectos en nuestra realidad social pues no contempla los casos de separación de hecho, en un extremo, o la convivencia en pareja, en el otro. Solo la institución del matrimonio. 

Pero esta presunción no es absoluta y admite prueba en contrario, es decir, en principio no operará si se acredita que realmente no reside en España. Esta prueba ha de ser de naturaleza fiscal y no meramente administrativa o civil. Ha de probarse la residencia fiscal mediante certificado expedido por la autoridad fiscal de aquel otro Estado y la sujeción a un tributo similar a nuestro IRPF que grave la renta mundial del sujeto pasivo. Esta exigencia en ocasiones puede ser de difícil o imposible cumplimiento, pese a que la persona efectivamente resida en ese otro Estado, por tanto, la doctrina jurisprudencial nos viene admitiendo desvirtuar esa presunción con cualquier medio de prueba admisible en Derecho.

 

El centro de los intereses económicos

Se considera residente en España a quien tenga en su territorio el núcleo principal o la base de las actividades o de los intereses económicos, sea de modo directo o indirecto. Es lo que se conoce como centro de intereses vitales (solo se consideran circunstancias económicas y no personales).

Al contrario que el caso anterior esto no es una presunción sino una consecuencia imperativa. Esta circunstancia no admite prueba en contrario (residencia en otro Estado) salvo que medie entre ambos un Convenio y se de un conflicto de doble imposición, como más adelante veremos.

Esta circunstancia abarca también el modo indirecto. Es decir, no puede considerarse no residente a quien tiene todo el patrimonio productivo español o canaliza otras rentas de fuente española utilizando una sociedad no residente.

Pero esta circunstancia suscita numerosas dudas dada la poca concreción del término «intereses económicos», que puede llevar a situaciones no deseadas por la propia norma si se atiende a las circunstancias concretas de cada caso, al perfil económico de la persona.

También presenta serias dudas el adjetivo «principal» respecto al punto o núcleo de ubicación de los intereses económicos. Venimos interpretando, con éxito judicial, que dicho calificativo ha de valorarse en términos relativos y no absolutos. Ello lleva a la situación de que concurre el núcleo principal cuando en ningún otro Estado concreto, y no en el extranjero en conjunto, alcancen dichos intereses un volumen superior a aquellos que directa o indirectamente se consideren ubicados en España.   

 

La permanencia en España de más de la mitad del año natural

Es quizás el primer criterio utilizado para determinar la residencia fiscal, especialmente si se da el plazo de permanencia (caso contrario, las autoridades fiscales acuden a los otros criterios).

Se basa en la permanencia en España durante al menos 183 días durante el año natural (es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre) (la referencia al año natural permite una permanencia durante más de 183 días sin que se considere al sujeto residente).

Pero la aplicación de este criterio, el cómputo de aquellos 183 días, no es tan sencillo. En primer lugar, la inexistencia de controles fronterizos en el espacio Schengen hacen imposible que se pueda controlar la permanencia de una persona en el territorio de un Estado, por lo tanto, es muy difícil probar tal permanencia salvo casos excepcionales (trabajos localizados, estancias en hospital, etc.). Para remediar este inconveniente, la ley establece que se computarán como permanencia en el territorio del Estado las ausencias esporádicas que no impliquen residencia en otro Estado. Esto es, la ausencia durante más de 183 días del territorio español no supondrá, en principio, la condición de no residente salvo que se acredite ser residente en otro Estado (la administración no admitirá la condición de no residente mediante la prueba de haber residido mayoritariamente en otro Estado). Esta prueba también ha de ser de naturaleza fiscal, y no meramente administrativa o civil.

En el caso de que se alegue la residencia en un paraíso fiscal (en contra de la residencia fiscal en España) serán necesarios ambos medios de prueba: acreditar formalmente (mediante un certificado oficial) la residencia fiscal en ese Estado paraíso fiscal, y demostrar que realmente se ha permanecido en aquel durante más de 183 días en el año natural (aquí es donde sí se exige prueba de naturaleza a la fiscal: por ejemplo, trabajo presencial en aquel Estado).

Los pronunciamientos de la Dirección General de los Tributos y de los Tribunales de Justicia sobre la permanencia o prueba de la ausencia son muy casuísticas. Podemos mencionar lo siguiente:

  • El tiempo que se considera como estancia significativa en España a partir del cual puedan calificarse como permanencia las ausencias del territorio español puede ser relativamente corto (incluso solo 40 días). Para considerarlo así, deberá producirse un retorno al territorio español (es decir, idas y venidas entre otro Estado y España) y atender a las circunstancias personales y económicas (su actividad) del sujeto concreto. Es el caso de los deportistas u artistas, quienes físicamente no permanecen en el territorio español más de 183 días, pero sus ausencias se computan como permanencias a estos efectos.
  • Las ausencias esporádicas, que se consideran como un tramo temporal de permanencia, operan también para determinar el primer periodo de estancia y no exclusivamente para conservar una residencia fiscal previamente adquirida. 
  • La residencia fiscal en otro Estado solo es aceptada mediante un certificado oficial emitido por la autoridad fiscal de aquel Estado. Incluso llega a exigirse en ocasiones, aunque la ley no lo requiere, que, para que tal prueba surta efectos, en aquel otro Estado exista una tributación similar a la española sobre la renta de las personas físicas que grave la renta obtenida en todo el mundo.
  • Las estancias temporales en España de personas por causa de acuerdos de colaboración culturales o humanitarios, a título gratuito, con las administraciones, no será causa para considerarlas residentes fiscales en España, y a la inversa.
  • Al igual que en el caso anterior, tampoco operan las estancias/ausencias del personal funcionario o diplomático o pertenecientes a organismos internacionales.

 

La prórroga quinquenal

Pese a que se acredite una nueva residencia fiscal en otro Estado, no perderán la condición de contribuyentes las personas de nacionalidad española (no los extranjeros) si su nueva residencia fiscal corresponde a un Estado calificado como paraíso fiscal.

Esta regla se aplica durante el ejercicio en el que ha cambiado de residencia y durante los cuatro ejercicios posteriores, como medida de elusión fiscal.

Pero tal medida también puede crear situaciones no deseadas y no contempladas en la norma. En un extremo estarían los casos de de trabajadores de multinacionales desplazados a dichos territorios sin ánimo elusivo (que incluso pueden soportar en el Estado de destino una fuerte carga fiscal). Y en el otro, el cambio de residencia fiscal, con ánimo de eludir la tributación en España, hacia un Estado no calificado oficialmente como paraíso fiscal pero que tiene una carga fiscal más ventajosa para el contribuyente.

Por tanto, y en defensa de los contribuyentes, pese al desplazamiento a un paraíso fiscal hay medios suficientes en Derecho para evitar esta prórroga quinquenal (efectiva ausencia de lazos con España y residencia efectiva y necesaria en ese otro Estado). 

 

Momento en que se adquiere/pierde la condición de residente fiscal en España

Al contrario que en otros Estados, en España la residencia fiscal implica la tributación durante todo el ejercicio impositivo (es decir, el año natural).

Por ejemplo, una persona que se traslada definitivamente a otro Estado el 31 de julio, ha permanecido en España más de 183 días, por lo que se le puede considerare residente fiscal en España, Esta residencia fiscal será hasta el 31 de diciembre lo que supone que tendrá que tributar en España toda su renta mundial, incluyendo la obtenida en el extranjero desde el 1 de agosto hasta el fin del ejercicio.

España no acepta la fragmentación del periodo impositivo por cambio de residencia, lo cual entra en conflicto con el Derecho de la Unión Europea.

 

El estatuto (opcional) de los trabajadores impatriados

Lea también  El estatuto fiscal (opcional) de los trabajadores impatriados

 

Régimen especial para residentes en la Unión Europea

Régimen especial para residentes en la Unión Europea

Es un régimen que se aplica a los no residentes en España, pero residentes en otro Estado de la Unión Europea (que no sea paraíso fiscal), que perciben una parte importante de sus rentas en España.

 

También se aplica a los Estados miembros del Espacio Económico Europeo con los que exista efectivo intercambio de información tributaria (Islandia y Noruega).

El régimen consiste en que, aun no siendo residentes, se puede optar por tributar con arreglo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (que es el impuesto reservado para los residentes). Para ello, las rentas han de proceder del trabajo o actividades económicas y han de suponer, al menos, el 75% del total de las rentas mundiales obtenidas por el sujeto pasivo (incluyendo las exentas). Además, han de tener una tributación efectiva en España (por tanto, hemos de excluir las rentas exentas, por ejemplo).

No obstante, aunque se haya optado por este régimen y la Agencia Tributaria lo haya aprobado, si la cuota a pagar por aplicar la tributación propia de los no residentes fuera más favorable, se aplica esta última si obedece a una liquidación realizada por la administración tributaria. Así, la opción nunca resultaría desfavorable para el sujeto pasivo.

También pueden optar por este régimen aquellos cuya rentas obtenida durante el ejercicio en España haya sido inferior al 90% del mínimo personal y familiar que le hubiere correspondido caso de haber sido residente en España, y siempre que dicha renta haya tributado efectivamente por el IRNR. Además la renta obtenida fuera de España ha de ser igualmente inferior al 90% del mínimo personal y familiar.

 

La residencia fiscal en los tratados bilaterales

Los tratados bilaterales entre Estados, o convenios para evitar la doble imposición (CDI), no definen la residencia fiscal (se reserva para la legislación interna de cada Estado), pero sí establece las reglas para resolver posibles casos de doble residencia. Si en aplicación de las leyes nacionales de dos, o más, Estados resulta que una misma persona resulta ser residente en ellos, aplicando los CDI se deberá concluir en cuál es residente (pues una persona no puede ser residente fiscal en más de un Estado simultáneamente).

Es necesario, pues, examinar cada tratado en particular ante la posibilidad de existencia de cláusulas singulares. Por ejemplo, aquella que excluyen del ámbito del tratado a quienes tributen exclusivamente por rentas procedentes del Estado de residencia fiscal, y no por las rentas mundiales.

Ante una posible situación de doble residencia, todos los tratados contienen normas para dilucidar ese conflicto y determinar de qué Estado es residente el contribuyente.

Siguiendo el modelo de CDI, adoptado por la mayoría de los convenios, las situaciones de una posible doble residencia se resuelven siguiendo los siguientes criterios:

  1. Vivienda permanente: Será residente del Estado en el que tenga una vivienda permanente (de manera continua y no ocasional) a su disposición, No se exige el requisito de propiedad de la vivienda, bastando su posesión o disfrute (arrendamiento, cesión, usufructo, etc.).
  2. Centro de intereses vitales: Si tiene vivienda permanente en ambos Estados, será residente del Estado en el que tenga sus relaciones profesionales, económicas, familiares y sociales más estrechas valoradas en conjunto.
  3. Lugar donde viva habitualmente: Si no se puede determinar el lugar donde tiene el centro de sus intereses vitales (en ocasiones es muy difícil determinar un lugar en detrimento de otro), será residente en el Estado en el que viva habitualmente, Incluye estancias de cualquier tipo y por cualquier causa.
  4. Nacionalidad: Como cuarto criterio para determinar la residencia fiscal ha de atenderse a la nacionalidad de la persona (si es nacional de uno de ambos Estados en conflicto).
  5. Mutuo acuerdo interestatal: Si pese a todo lo anterior no puede determinarse cual es la residencia fiscal, las autoridades fiscales de ambos Estados deberán ponerse de acuerdo en determinarla.

Además de la determinación de la residencia fiscal, también existe otro punto que origina no pocos conflictos: la delimitación del periodo impositivo. Como hemos dicho anteriormente, en España el periodo impositivo coincide con el año natural (del 1 de enero al 31 de diciembre) pero no en todos los Estados es así (por ejemplo el Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Finlandia). En estos casos, también las autoridades fiscales de ambos Estados han de ponerse de acuerdo para delimitar los periodos impositivos.

 

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La Apostilla de La Haya

La Apostilla de La Haya

Introducción

Para que un documento público sea reconocido en el extranjero ha de ser certificada su autenticidad por la autoridad del estado que lo emite, y esta certificación se llama apostilla (apostilla de La Haya). Lo que se certifica es el origen del documento apostillado, es decir, la autenticidad de la firma y sello de la autoridad emisora así como su capacidad para expedirlo dentro del ordenamiento jurídico del estado en cuestión, y no su contenido.

Este sistema se implantó mediante un Convenio de fecha 5 de Octubre de 1961 firmado en La Haya por determinados países al que luego se unieron otros tantos (hoy unos cien, incluyendo todos los de la Unión Europea). Es conocido como Convenio de la Haya. Para ser aplicado, ambos estados han de haber firmado el Convenio (el estado en el que se emite el documento y el estado en que se quiere hacer valer).

No obstante, el 16 de febrero de 2019 entró en vigor el Reglamento UE 2016/1191 por el cual determinados documentos públicos no necesitan de la apostilla para que tengan plena eficacia, como más adelante se expondrá.

Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros (hecho el 5 de octubre de 1961) 1

Los Estados signatarios del presente Convenio, deseando suprimir la exigencia de legalización diplomática o consular para los documentos públicos extranjeros, han resuelto concluir un Convenio a tal efecto y han acordado las disposiciones siguientes:

Artículo 1: El presente Convenio se aplicará a los documentos públicos que hayan sido autorizados en el territorio de un Estado contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro Estado contratante.

 

¿Qué documentos deben apostillarse?

Solo los documentos públicos, que son:

  • Documentos judiciales: Documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado (magistrados, jueces, secretarios judiciales, letrados de la administración de justicia, fiscales, oficiales o agentes judiciales, etc.)
  • Documentos administrativos: Documentos dimanantes de los funcionarios públicos (sean de ámbito estatal, de las comunidades autónomas, o entes locales –diputaciones, ayuntamientos, cabildos, concejos, etc.-).
  • Documentos notariales: Documentos autorizados por un Notario (escrituras y actas).
  • Documentos privados sobre los que se haya estampado una certificación oficial o notarial (de autenticidad, de registro, de legitimación de firma, etc.).

No obstante lo anterior, a pesar de ser públicos, no necesitan apostilla los siguientes documentos:

  • Documentos expedidos por funcionarios diplomáticos o consulares.
  • Documentos administrativos relacionados directamente con una operación comercial o aduanera.
  • Documentos que por aplicación de otros convenios internacionales estén expresamente exentos de ser apostillados.

 

¿Quién puede solicitar la apostilla de un documento?

No es necesario que el solicitante sea interesado o parte en el documento, basta tenerlo. Es decir, cualquier persona puede solicitar la apostilla de un documento original que esté en su posesión.

 

¿Y quién emite la apostilla?

Cada estado decide qué autoridad es competente para apostillar los documentos emitidos en su territorio, pudiendo ser una o varias. En España, dependiendo del tipo de documento, existen varias autoridades para tal fin:

  1. Documentos judiciales expedidos por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo: Secretarios de Gobierno de los respectivos tribunales o en quien ellos deleguen.
  2. Otros documentos judiciales (los certificados expedidos por el Registro Civil son documentos judiciales) y documentos administrativos (*): (i) Ministerio de Justicia (a través de su Oficina Central de Atención al Ciudadano, de las Gerencias Territoriales o de las Oficinas Delegadas). (ii) Secretarías de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.
  3. Documentos notariales o documentos privados con firma legitimada por Notario: Colegios Notariales o notarios delegados por dichos Colegios.
  4. Documentos públicos judiciales expedidos por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo: Secretarios de Gobierno de los respectivos tribunales o en quien ellos deleguen.

(*) En algunos casos, determinados documentos administrativos necesitan que previamente sea reconocida la firma de la autoridad que lo expide.

 

Apostilla en formato electrónico

El Ministerio de Justicia de España también ofrece emitir la apostilla electrónica quedando todas ellas incorporadas en un único Registro electrónico. Los documentos emitidos en papel pueden ser apostillados tanto en papel como electrónicamente, pero los emitidos en soporte electrónico solo pueden ser apostillados en formato electrónico. Las apostillas electrónicas están firmadas digitalmente y contendrán el documento público embebido en ellas, con lo que se garantiza que el documento apostillado no ha sido alterado tras su emisión (ya que disponen de un Código Seguro de Verificación –csv-). Estas apostillas se podrán descargar posteriormente a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia.

 

Reglamento UE 2016/1191

En vigor desde el 16 de febrero de 2019 2, permite que determinados documentos públicos emanados por autoridades de la Unión Europea no tengan que ser apostillados para desplegar su eficacia. Tampoco se exigirá su traducción, porque deberán emitirse en todas las lenguas oficiales de la Unión; y tampoco será necesario exhibir el original del documento puesto que su autenticidad podrá comprobarse mediante la plataforma Sistema de Información del Mercado Interior).

La exoneración de la apostilla es para documentos relativos a determinadas materias y que sean expedidos por las autoridades diplomáticas y consulares, las autoridades judiciales, actas notariales, y  certificados oficiales sobre documentos privados. Las materias son las siguientes: filiación; nacimiento y fe de vida; adopción; matrimonio y unión de hecho registrada; separación, divorcio y nulidad matrimonial; fallecimiento; nacionalidad y residencia; antecedentes penales; sufragio activo y pasivo.

 

Notas (para volver al texto, pinche en el número de la nota):
  • 1 Traducción preparada por los Profesores Borrás y González Campos – “Recopilación de los Convenios de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (1951-2007), coordinación y estudio preliminar de Alegría Borrás y Julio D. González Campos, 2ª edición, Madrid (Editorial Marcial Pons), 2008” – y revisada en colaboración con la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.
  • 2 Reglamento (UE) 2016/1191 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, por el que se facilita la libre circulación de los ciudadanos simplificando los requisitos de presentación de determinados documentos públicos en la Unión Europea y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 1024/2012

Aplicación práctica del Certificado Sucesorio Europeo

Aplicación práctica del Certificado Sucesorio Europeo

Introducción

Tras varios años de aplicación del Reglamento (UE) 650/2012, en materia de sucesiones, que regula entre otros aspectos el Certificado Sucesorio Europeo, ya se han dictado varias sentencias por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la resolución de los distintos casoos se ha ido sentando la doctrina en la aplicación del Reglamento. Sacamos dos conclusiones que se constituyen como principios básicos sobre las que gira el criterio del Tribunal en la aplicación del Certificado Sucesorio:

  1. La unidad de toda la sucesión con independencia de la naturaleza de los bienes que la integran y del lugar donde se encuentren.
  2. La eficacia general y absoluta del Certificado Sucesorio Europeo
 

Lea también  Reglamentos europeos sobre Régimen Matrimonial y sobre Efectos Patrimoniales del Matrimonio

 

Caso Kubica

El supuesto gira entorno a que si procede rehusar un legado de eficacia directa en Alemania (Estado en el que no se admiten este tipo de disposiciones) cuando es ordenado en un testamento otorgado en Polonia al amparo de la ley de este segundo Estado.

Pues bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea niega la posibilidad de rehusarlo ya que la sucesión no se puede fragmentar, es decir, a la sucesión no se le puede aplicar la ley de dos Estados. De modo tal que el Certificado Sucesorio que contiene la facultad de rehusar el legado se deberá inscribir en el registro de la Propiedad alemán, pese a que en la legislación de ese Estado no se contemple tal facultad.

Pero aún así, nos podemos encontrar con un obstáculo: el Reglamento deja a la legislación de cada Estado lo relativo a la inscripción de los derechos, lo que incluye los requisitos legales para tal inscripción. En virtud de ello podría Alemania negar la inscripción en primer término. Pero hemos de preguntarnos, ¿cuál es el verdadero alcance de esta cesión a la legislación de cada Estado? El Tribunal apunta a que los requisitos exigidos por la legislación del Estado competente no puede dejar vacío de contenido la eficacia general y absoluta del Certificado Sucesorio Europeo. Por tanto, el alcance se circunscribe única y exclusivamente a requisitos formales tales como la descripción de la finca, la referencia catastral, etc.

(Para un inscripción eficaz, siempre incluimos en el Certificado Sucesorio Europeo aquellos datos -requisitos formales- que se van a exigir en el Estado donde tal documento tiene que desplegar su eficacia. Así evitamos el tener que completarlo posteriormente, con la consiguiente pérdida de tiempo que podría afectar al derecho del cliente.)  

 

Caso Mahnkopf

Interesante sentencia que resuelve un caso en el que, junto con la sucesión, concurren los derechos dimanantes de la extinción del régimen económico matrimonial.

Se plantea en este caso si el ámbito de aplicación del Reglamento comprende también las disposiciones que regulan las cuestiones en materia de régimen económico matrimonial que surgen tras el fallecimiento de uno de los cónyuges. En el supuesto, la viuda adquiría parte del patrimonio del fallecido por la sucesión, y otra parte como integrante de la sociedad patrimonial del matrimonio.

Tramitándose el Certificado Sucesorio en Alemania, la autoridad  de ese Estado solo incluyó lo que le correspondía estrictamente como heredera con motivo del hecho sucesorio. Dejó la parte que le correspondía por su condición de viuda a la extinción de la sociedad matrimonial fuera. La justificación, estrictamente, podría parecer lógica, pues el Reglamento solo se aplica al hecho sucesorio y no a las relativas al  régimen económico matrimonial.

Pero el Tribunal de Justicia Europeo resuelve el caso basándose en los principios inspiradores del Certificado Sucesorio Europeo, recordemos: unidad de legislación aplicable al hecho sucesorio y eficacia absoluta del Certificado. Entonces, la solución se fundamenta en entender que las cuestiones patrimoniales del matrimonio realmente nacen del propio hecho sucesorio (del fallecimiento) de modo que ha de tratarse todo conjuntamente (todas las consecuencias del fallecimiento). 

Entenderlo de otro modo, daría como resultado un Certificado Sucesorio incompleto.

 

Caso Oberle

Lo planteado de interés en este caso es lo siguiente: Si la autoridad de un Estado puede expedir un documento sucesorio nacional de ese Estado (no el Certificado Sucesorio Europeo) limitando su contenido a los bienes de la herencia situados en ese Estado, cuando el causante (fallecido) es nacional de otro Estado y ha fallecido en ese otro Estado. Lo que se pretendió en ese documento, que solo contenía los bienes radicados en un Estado, era facilitar la inscripción de los inmuebles situados en ese mismo Estado, sin tener que depender de un documento expedido en el Estado de residencia y fallecimiento, con las consiguientes dificultades prácticas que ello conlleva.

Aquí estamos ante una situación de competencia muy interesante de considerar. El Reglamento determina la competencia exclusiva del Estado de residencia habitual del causante en el momento de su fallecimiento para resolver la totalidad de la sucesión. Esta competencia no solo es aplicable al Certificado Sucesorio Europeo, sino también a cualquier otro documento similar de ámbito nacional de los Estados miembros.

En la práctica, esto supone que, por ejemplo en el caso de España, los Notarios quedan impedidos para otorgar Declaraciones de Herederos si el fallecimiento no tenía su residencia habitual en España al momento del fallecimiento. Esta consecuencia nace del hecho de que el Notario español ejerce una función jurisdiccional al otorgar la Declaración de Heredero. 

Pero no impide al Notario español autorizar otro tipo de documentos cuando actúa ejerciendo su función de fedatario público de libre elección por los interesados. Por ejemplo, en una escritura de herencia en la que concurren todos los herederos quienes libremente deciden circunscribir las operaciones particionales a los bienes radicados en España.

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Trabajar en Finlandia

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Contrato de trabajo

En Finlandia casi siempre se realiza el contrato de trabajo de forma escrita, aunque no sea legalmente obligatorio. Pero el empleador o empresario sí tiene la obligación en todo caso de informar al trabajador de forma escrita acerca de las principales condiciones de trabajo. Ha de hacerlo, a más tardar, al final del primer periodo en que se paga el salario.

Esta información debe contener, entre otros: el día de comienzo de la relación laboral, la duración del contrato si es temporal y la razón de su temporalidad, el periodo de prueba (si lo hubiere), el lugar donde se vaya a realizar el trabajo, los principales deberes del trabajador, el convenio colectivo aplicable (si lo hubiere), los criterios para la determinación del salario, las horas ordinarias de trabajo, la forma de determinar las vacaciones anuales y el periodo para anunciar la finalización del trabajo o los criterios para su determinación.

El contrato de trabajo se supone indefinido a menos que por causas justificadas se establezca un contrato temporal. Si no existe causa justificada, el contrato se considera indefinido.

 

Convenio colectivo

El contrato de trabajo se complementa por medio del convenio colectivo que establece las condiciones mínimas de trabajo que deben regir la relación laboral. Cualquier disposición de un contrato de trabajo que contradiga lo dispuesto en un convenio colectivo será nula, aplicándose, en su lugar, lo previsto en el convenio.

Existen convenios colectivos aplicables a sectores específicos, pero no todos los sectores tienen convenio. Para estos casos existe un convenio colectivo de aplicación general, que obliga incluso a aquellos empleadores y trabajadores que no formen parte de las organizaciones que negociaron el convenio.

 

Salario

En Finlandia no hay establecido por ley un salario mínimo. Sin embargo, existen multitud de convenios colectivos que establecen el salario mínimo para determinados campos de actividad.

 

Jornada laboral

La Ley sobre Horarios de Trabajo (työaikalaki) rige, en principio, en casi toda clase de trabajos. Sin embargo, no se aplica en trabajos realizados en casa o situaciones similares y los trabajos que deban ser considerados dirección de una empresa, en virtud de los deberes especiales y la independencia inherente a la función que se realiza.

Según la regla general de la Ley sobre Horarios de Trabajo las horas ordinarias de trabajo son ocho al día o 40 a la semana como máximo, si bien se puede pactar una reducción de ellas entre empresario y trabajador. Mediante convenio colectivo es habitual que se pacte tal reducción.

Es necesario distinguir entre horas extraordinarias y horas adicionales. Mientras que estas últimas se refieren a las horas que no exceden las horas ordinarias de trabajo, las primeras se añaden a las horas ordinarias de trabajo. En principio, es necesario el consentimiento del trabajador cada vez que se requieran horas extraordinarias. Estas horas pueden ser retribuidas económicamente o bien compensarse mediante tiempo libre a disfrutar durante las horas ordinarias de trabajo.

Según la Ley sobre Horarios de Trabajo, la pausa para descansar es de una hora si se trabaja más de seis horas. Durante la misma, se puede abandonar el lugar de trabajo. El empleador y el trabajador pueden pactar una pausa menor, que no puede ser inferior a media hora. La pausa no se computa a la hora de calcular la duración de la jornada laboral.

 

Vacaciones

Al comienzo de su trabajo el trabajador tiene derecho a disfrutar dos días semanales de vacaciones (incluyendo sábados) por cada mes trabajado. Después, el trabajador tiene derecho a disfrutar dos días y medio semanales. Significa que las vacaciones anuales completas son cinco semanas.

El periodo de vacaciones se extiende desde el 2 de mayo al 30 de septiembre, ambos inclusive. Deben concederse, al menos, 24 días de vacaciones durante el periodo de vacaciones. Dentro de este periodo, las vacaciones de verano se toman de acuerdo con las preferencias del empresario.

El salario de vacaciones se paga antes de que estas empiecen. Si las vacaciones se dividen en dos períodos, se paga lo correspondiente al inicio de cada período. El trabajador tiene derecho, en ocasiones, a un pago extra por vacaciones equivalente al 50 por ciento del salario de vacaciones. Este derecho se encuentra recogido en convenio colectivo. De todas formas, el pago extra se concede habitualmente en Finlandia aunque no haya un convenio colectivo que obliga a ello.

 

Finalización de la relación laboral

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Contrato de Trabajo (työsopimuslaki), el derecho del empleador a la hora de despedir al trabajador se encuentra restringido. El empleador tiene derecho a despedir al trabajador si la cantidad de trabajo a realizar ha disminuido drásticamente debido a razones económicas y de producción, siempre que el trabajador no pueda ser reasignado o reeducado para otra tarea. Así mismo, el empleador puede despedir al trabajador si este incumple las obligaciones asumidas en el contrato de trabajo, siempre que dicho incumplimiento tenga un impacto fundamental en la relación laboral.

El trabajador puede conseguir una indemnización en caso de despido improcedente. La indemnización mínima equivale a 3 meses de salario y la máxima a 24 meses.

El empleador y el trabajador deben anunciar previamente a la otra parte la intención de rescindir el contrato de trabajo. A no ser que ambos acuerden lo contrario, el período en el que se debe realizar el anuncio varía en función de los años que haya durado la relación laboral. Durante el plazo que transcurre desde el anuncio hasta la finalización del trabajo el salario se paga de manera normal.

A parte del despido es posible la resolución del contrato con efecto inmediato si la otra parte viola el contrato de trabajo o la ley causando un grave detrimento de la relación laboral hasta el punto de que no sea razonable que esta continúe. En ambos casos la relación laboral finaliza de forma inmediata sin tener en cuenta el periodo para anunciar la finalización del trabajo.

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Régimen patrimonial del matrimonio según la legislación finlandesa

Régimen patrimonial del matrimonio según la legislación finlandesa

Régimen patrimonial

Según la legislación finlandesa los cónyuges conservan tras casarse la propiedad de todo lo que era suyo antes del matrimonio. Así mismo, es de su propiedad lo adquirido durante el matrimonio.

Respecto de las deudas, cada cónyuge es responsable de las que haya contraído antes y durante el matrimonio. Pero ambos son responsables de las deudas que cualquiera de los dos contraiga durante el matrimonio para mantener a la familia. Así mismo, ambos responderán de las deudas contraídas de manera conjunta.

El matrimonio no limita el derecho de los cónyuges a realizar transacciones con terceros. Sin embargo, la vivienda que sea el hogar conyugal no puede ser transmitida por ninguno de los cónyuges salvo con la autorización del otro.

Además, cualquier de ellos puede donar al otro cualquier tipo de bien. Esta donación puede ser comunicada a la oficina local de la Magistratura (autoridad administrativa estatal de ámbito local –maistraatti-) de modo tal que el cónyuge que recibe la donación protege estos bienes frente a los acreedores de su cónyuge.

 

Derecho conyugal y capitulaciones matrimoniales

A pesar de la independencia patrimonial de los cónyuges durante el matrimonio existe un derecho conyugal (avio-oikeus) que se materializa cuando el matrimonio concluye por divorcio o muerte. En virtud del derecho conyugal, cada cónyuge tiene, en principio, derecho a la mitad de la propiedad neta conyugal (es decir, el conjunto de bienes de ambos cónyuges).

No obstante, se puede excluir este derecho mediante capitulaciones matrimoniales de mutuo acuerdo, antes o durante el matrimonio. La exclusión puede referirse a cualquier bien adquirido antes o durante el matrimonio, o incluso a todos los bienes.

Las capitulaciones matrimoniales para que sean válidas deben inscribirse en la oficina local de la Magistratura.

Hay que tener en cuenta que además de los cónyuges, tanto el testador como el donante pueden excluir el derecho conyugal sobre los bienes que recibe el heredero o el donatario. Es común, por ejemplo, que los padres donantes o testadores incluyan tal cláusula para eliminar el derecho matrimonial del cónyuge de su hijo sobre la propiedad dejada en herencia o donada.

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Reglamentos europeos sobre Régimen Matrimonial y sobre Efectos Patrimoniales del Matrimonio

Reglamentos europeos sobre Régimen Matrimonial y sobre Efectos Patrimoniales del Matrimonio

Introducción 

El 24 de junio de 2016 se aprobaron dos reglamentos en la Unión Europa relativos al Derecho de Familia. Fueron aprobados por el Convsejo, por lo que solo obligan a los Estados que se hayan adherido (entre ellos España, Alemania, Bélgica, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y Suecia, entre otros). Estando ya en vigor, se aplicarán a partir del 29 de enero de 2019 y solo a los hechos que tengan lugar a partir de aquella fecha, es decir, sin carácter retroactivo.

 

Reglamento 2016/1103, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales

El objetivo de este reglamento es determinar la ley aplicable al régimen económico de los matrimonios en que concurra un elemento de extranjería, fijar la autoridad competente en la resolución de conflictos y facilitar el reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales y la aceptación y ejecución de los documentos públicos concernientes al régimen matrimonial.

  

Reglamento 2016/1104, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas

El contenido de este reglamento es similar al 2016/1103, pero se refiere a los efectos patrimoniales de parejas registradas en las que concurra un elemento de extranjería. Su objetivo final es que las normas por las que se rijan las relaciones patrimoniales de la pareja entre sí, y de ésta con terceros, sean las mismas con independencia de la naturaleza y lugar de ubicación de los bienes y de la autoridad que sea competente para intervenir. Facilita el uso en otro Estado de documentos que son suficientes en el Estado de origen.

Para entender el ámbito de su aplicación, por «unión registrada» ha de entenderse: régimen de vida en común de dos personas regulado por ley, cuyo registro es obligatorio y que cumple las formalidades jurídicas exigidas por dicha ley para su creación (entre otras formas, los matrimonios).

 

Órgano jurisdiccional competente

Un único órgano jurisdiccional tendrá competencia para conocer de cuestiones conexas: de la sucesión y del patrimonio de la pareja (la liquidación del régimen patrimonial es preciso realizar previamente a la sucesión de una persona); o del divorcio, separación o nulidad y del patrimonio de la pareja.

Aún así, en los casos de divorcio, separación o nulidad, la competencia estará sujeta al acuerdo de los cónyuges en determinadas circunstancias.

 

Ley aplicable

La ley aplicable es solo respecto al derecho material.

Los reglamentos aceptan la aplicación de la ley de un Estado (aunque no sea miembro de la UE) por acuerdo entre la pareja. Los requisitos del acuerdo han de ser:

  • Puede tener lugar antes o después de formarse la pareja (si es después, sin efectos retroactivos salvo que se pacte lo contrario y siempre sin perjuicio de terceros)
  • Ha de constar por escrito
  • Ha de contener las formalidades que se exijan en el Estado de residencia de la pareja (o de los Estados de residencia de cada miembro de la pareja si residen en distintos Estados). En España ha de constar en escritura pública
  • Ha de dársele publicidad. En España mediante la inscripción en el Registro Civil

La ley por la que se puede optar será:

  • La ley nacional o de residencia habitual de cualquiera de la pareja a la fecha de la opción
  • La ley del Estado en que se ha creado la unión registrada (para el supuesto de las relaciones patrimoniales)

A los efectos patrimoniales de la unión registrada será aplicable la ley del Estado conforme a cuya ley se haya creado la unión registrada en los casos en que la pareja no haya optado voluntariamente por otra. Y al régimen económico matrimonial le será aplicable, en los casos en que no se haya ejercido la opción, por el siguiente orden:

  1. La ley del Estado de la primera residencia habitual común de los cónyuges tras la celebración del matrimonio
  2. La ley del Estado de la nacionalidad común de los cónyuges en el momento de la celebración del matrimonio
  3. La ley del Estado con la que ambos cónyuges tengan la conexión más estrecha en el momento de la celebración del matrimonio, teniendo en cuenta todas las circunstancias.

En todo caso, las partes pueden acudir a la autoridad judicial para que determine otra ley aplicable, si concurren determinadas circunstancias que así lo recomiende.

 

Reconocimiento y fuerza ejecutiva de resoluciones judiciales, y aceptación y fuerza ejecutiva de los documentos públicos y de las transacciones judiciales

Para mayor agilidad, a estos documentos (resoluciones y transacciones judiciales y documentos públicos) no se les exige legalización, exequatur ni apostilla para surtir efectos en el otro Estado.

Resoluciones judiciales y transacciones judiciales

Las resoluciones dictadas en un Estado (y que sean ejecutables en ese Estado) serán reconocidas en los demás Estados, bastando que en ese otro Estado se declare su fuerza ejecutiva. Este reconocimiento implica que

  • No se podrá controlar la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de origen
  • Las resoluciones dictadas en un Estado miembro no podrán ser en ningún caso objeto de revisión en cuanto al fondo.

No obstante, en los siguientes casos la resolución no será reconocida:

  • Si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro en que se solicita
  • Cuando la resolución se haya dictado en rebeldía del demandado, o no haya tenido oportunidad de preparar su defensa
  • Si la resolución fuere incompatible con otra resolución dictada en un procedimiento entre las mismas partes en el Estado miembro en el que se solicita el reconocimiento
  • Si la resolución fuere incompatible con una resolución dictada con anterioridad en un litigio, en otro Estado miembro o en un tercer Estado, con el mismo objeto y entre las mismas partes, cuando esta última resolución reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro en el que se solicita el reconocimiento

Documentos públicos

El objetivo de los reglamentos es que los documentos públicos de los Estados firmantes surtan sus efectos en cualquiera de esos Estados siempre que no sean contrarios al orden público del Estado en que se pretende su eficacia. Para ello, deberán contener una diligencia formal emitida por el Estado de origen.

Documento público es aquel auténtico y que ha sido formalizado o registrado como tal en un Estado miembro (por ejemplo, las escrituras notariales).

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