Determinación del lugar habitual de trabajo a distancia transnacional

Determinación del lugar habitual de trabajo a distancia transnacional

Determinación del lugar habitual de trabajo a distancia transnacional

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En los trabajos domiciliarios, o teletrabajo, hemos de entender por lugar habitual de trabajo aquel en que se encuentre la residencia del trabajador. En los casos de trabajo desde telecentros, es aquel lugar que comparte con otras personas por ser el lugar desde el que opera el trabajador.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea1 lo ha definido como el lugar en el cual el trabajador cumple principalmente las obligaciones respecto de su empresa.

 

El lugar habitual de trabajo es la ubicación física desde la que el trabajador realiza de forma rutinaria las tareas que tiene encomendada, con independencia de que pueda desplazarse puntualmente a otros lugares.

 

La interpretación del concepto de lugar de trabajo habitual puede complicarse si se tiene en consideración que el trabajo a distancia no es siempre una modalidad laboral que se asocie a un único lugar de ejecución del contrato. De hecho, podemos decir que lo habitual es que el teletrabajador alterne varios espacios de trabajo (trabajo presencial en las dependencias de la empresa combinado con algunos días de trabajo en casa –teletrabajo- o en otros lugares, por ejemplo). En estos casos, si ambos lugares se encuentran en Estados distintos nos entramos ante una situación híbrida de trabajador fronterizo (que reside en un país y trabaja en otro limítrofe, desplazándose de uno a otro con asiduidad) y teletrabajador transnacional.

Una modalidad relevante por su número es el del teletrabajo realizado por trabajadores itinerantes.2 Esta forma de trabajo se define por implicar un alto nivel de movilidad por parte de los trabajadores, ya que se desplazan frecuentemente a lugares distintos de su domicilio o de su centro de trabajo. Trabajarían fuera de tales lugares durante más de 10 horas a la semana. El trabajo se realizaría desde las oficinas de los clientes, medios de transporte, telecentros, etc. El trabajo se desarrollaría utilizando habitualmente tecnologías de información y comunicación, dado que la conectividad digital es una realidad que ha influido notablemente en la organización del trabajo.

Estos supuestos en los que la fijación del lugar donde el empleado cumple la parte principal de sus obligaciones frente al empresario es difícil de determinar. Han de resolverse en base al criterio de vinculación. Ello nos llevará a determinar que el lugar de trabajo es en el que esté situado el establecimiento que haya contratado al trabajador.3

No obstante lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea realiza una interpretación muy restrictiva, inclinándose por el trabajador. Mantiene el Tribunal4 que una interpretación en la que no se priorice el criterio a favor del trabajador sería contraria espíritu del legislador. El objetivo de la ley es la protección adecuada de la parte que debe considerarse más débil social y económicamente en la relación contractual: el trabajador.

 

Una aproximación sistemática permite aplicar la regla del lugar de trabajo también en los supuestos en los que la prestación laboral se ejecuta en varios Estados.5

 

En el caso de los trabajadores que combinan trabajo presencial transfronterizo y teletrabajo transnacional, ha de entender como lugar habitual de trabajo el del trabajo presencial. La causa es por ser ese donde se relaciona con el empresario y en el que organiza su trabajo. Pero si el trabajo presencial fuese muy esporádico, vendría determinado el lugar de trabajo por aquel en el que el empleado pase las mayor parte de su tiempo de trabajo.6

Respecto de los trabajadores itinerantes, el criterio adoptado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es considerar el lugar de trabajo el lugar de partida y regreso de cada viaje (habitualmente el domicilio). Además, en dicho lugar es cierto que el trabajador pasa allí una mayor parte de su tiempo de trabajo. 

 

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Residencia

Según la Ley finlandesa del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (perintö- ja lahjaverolaki) una persona es considerada residente en Finlandia si tiene su vivienda permanente en Finlandia.

 

Impuesto de sucesiones

Hecho imponible

El impuesto sobre sucesiones (perintövero) grava la transmisión de los siguientes bienes recibidos por el beneficiario a título de herencia o legado:

  • Cualquier propiedad si el causante o el que recibe la propiedad como herencia o legado fueran residentes en Finlandia al tiempo de la muerte.
  • Inmuebles situados en Finlandia y acciones de una sociedad, cuando más del 50 por ciento del activo neto de la sociedad consiste en inmuebles situados en Finlandia.

 

Tipo de gravamen

El tipo de gravamen se calcula teniendo en cuenta el valor de la propiedad y el vínculo personal entre el que recibe la herencia o legado y el fallecido. Los herederos y legatarios se dividen en dos grupos:

  • Grupo I: Cónyuge (o pareja de hecho que hubiera estado anteriormente casado con el fallecido o tenga o hubiera tenido un hijo con él), descendientes, (hijos -incluido el hijo del cónyuge viudo-, nietos, etc.) y ascendientes (padres y abuelos).
  • Grupo II: Otros familiares que no pertenezcan al grupo I y personas que no son familiares.

A las personas del grupo I se les aplica la siguiente tarifa:

Base imponible (€)Cuota correspondiente al límite inferior (€)Tipo aplicable a la base imponible entre límite inferior y superior (%)
20.000,01 – 40.000,00100,007,00
40.000,01 – 60.000,001.500,0010,00
60.000,01 – 200.000,003.500,0013,00
200.000,01 - 1.000.000,0021.700,0016,00
1.000.000.01 - 149.700,0019,00

Y esta a las del grupo II:

Base imponible (€)Cuota correspondiente al límite inferior (€)Tipo aplicable a la base imponible entre límite inferior y superior (%)
20.000,01 – 40.000,00100,0019,00
40.000,01 – 60.000,003.900,0025,00
60.000,01 – 200.000,008.900,0029,00
200.000,01 - 1.000.000,0049.500,0031,00
1.000.000.01 - 297.500,0033,00

Se aplica una reducción de 90.000 euros al cónyuge y de 60.000 euros al hijo menor de 18 años (que también sea el heredero más cercano al fallecido).

Solo existe obligación de pagar el impuesto cuando el valor de los bienes recibidos por el heredero o legatario sea 20.0000 euros o más.

 

Herencia y usufructo

En Finlandia el usufructuario no paga impuesto de sucesiones. Pero la separación de la nuda propiedad y el usufructo disminuye el impuesto a pagar sobre sucesiones respecto de la nuda propiedad.

 

Declaración del impuesto

Siempre cuando el causante haya tenido su residencia permanente en Finlandia en el momento de su fallecimiento es necesario hacer un inventario específico del patrimonio llamado perukirja. Ese inventario servirá también como declaración del impuestos de sucesiones. El plazo de otorgamiento de perukirja es de tres meses desde la muerte del fallecido, a no ser que Hacienda lo prorrogue.  Una vez concluido el inventario, ha de remitirse a Hacienda en el plazo de un mes.

Cuando el causante no ha tenido su residencia permanente en Finlandia en el momento de su fallecimiento no es necesario de hacer perukirja, siendo suficiente realizar una declaración de impuesto de sucesiones (perintöveroilmoitus).

Aun en los supuestos en que no exista obligación de pago, la declaración del impuesto siempre hay que presentarla ante Hacienda.

Una vez recibida la documentación, Hacienda dicta una resolución sobre el impuesto de sucesiones que envía al contribuyente junto con una carta de pago. El impuesto se paga en dos plazos, salvo si la cantidad a pagar es inferior a 500 euros que se paga en un solo plazo.

 

>>>  Régimen patrimonial del matrimonio según la legislación finlandesa

 

 

Impuesto de donaciones

Hecho imponible

El impuesto de donaciones (lahjavero) grava la transmisión de los siguientes bienes recibidos por el beneficiario a título gratuito (donación):

  • Cualquier propiedad donada si el donante o donatario fueran residentes en Finlandia al tiempo de la donación.
  • Inmuebles donados situados en Finlandia y acciones de una sociedad, cuando más del 50 por ciento del activo neto de la sociedad consiste en inmuebles situados en Finlandia.

 

Tipo de gravamen

El tipo de gravamen se calcula teniendo en cuenta el valor de la propiedad y el vínculo personal entre el que recibe la donación y el donante. Los contribuyentes se dividen en dos grupos de la misma manera que en caso de herencias.

A las personas del grupo I se les aplica la siguiente tarifa:

Base imponible (€)Cuota correspondiente al límite inferior (€)Tipo aplicable a la base imponible entre límite inferior y superior (%)
5.000,01 - 25.000,00100,008,00
25.000,01 – 55.000,001.700,0010,00
55.000,01 – 200.000,004.700,0012,00
200.000,01 - 1.000.000,0022.100,0015,00
1.000.000.01 - 142.100,0017,00

Y esta a las del grupo II:

Base imponible (€)Cuota correspondiente al límite inferior (€)Tipo aplicable a la base imponible entre límite inferior y superior (%)
5.000,01 - 25.000,00100,0019,00
25.000,01 – 55.000,003.900,0025,00
55.000,01 – 200.000,0011.400,0029,00
200.000,01 - 1.000.000,0053.450,0031,00
1.000.000.01 - 301.450,0033,00

El impuesto sobre donaciones se aplica únicamente cuando el valor de los bienes recibidos sea de 5.000 euros o más.

 

Donación y usufructo

Una eficaz forma de minimizar el impuesto sobre donaciones en Finlandia es mantener el usufructo del bien donado y transmitir solo la nuda propiedad.

El valor del usufructo es un porcentaje del valor del bien que se calcula multiplicando un coeficiente basado a la edad del donante (en el momento de donación) por un coeficiente relativo a la renta anual presumida del bien.

 

Declaración del impuesto

El contribuyente ha de hacer la declaración del impuesto de donaciones cuando el valor de donación es como mínimo 5.000 euros, o cuando el valor total de donaciones del mismo donante en el periodo de tres años suma dicha cantidad.

El plazo para hacer la declaración es de tres meses desde del día de donación. Hacienda dicta una resolución sobre el impuesto que envía al contribuyente junto con una carta de pago. El impuesto se paga en dos plazos, salvo si la cantidad a pagar es inferior a 500 euros que se paga en un solo plazo.

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Es una buena oportunidad para las empresas españolas realizar trabajos en Finlandia. A continuación damos algunas claves.

 

Representante del empleador

Una empresa extranjera que envíe trabajadores a Finlandia debe tener un representante en ese Estado para los trabajadores desplazados y para las autoridades durante el período de desplazamiento. La empresa también debe tener disponible en Finlandia información sobre la propia empresa y sobre los trabajadores desplazados durante dicho periodo.

El representante debe estar facultado para actuar en nombre de la empresa ante los Tribunales de Justicia y recibir en nombre de la empresa citaciones y otros documentos emitidos por las autoridades. El representante no es responsable de cumplir con las obligaciones del empleador.

 

Notificación del desplazamiento de trabajadores

Antes de que comience el trabajo en Finlandia, la empresa debe notificar a las autoridades de Seguridad y Salud Ocupacional el desplazamiento de los trabajadores.

La notificación se puede realizar inmediatamente después de firmar el contrato con el trabajador, pero antes de que comience el trabajo acordado en el contrato.

La notificación no es necesaria cuando los trabajadores sean transferidos dentro de la empresa por un máximo de cinco días, excepto cuando opere en el sector de la construcción.

En caso de que haya cambios sustanciales en la información dada por la empresa, para poder continuar el trabajo ha de enviar previamente una notificación complementaria sobre los cambios habidos. Los cambios sustanciales se refieren al cambio de representante, lugar de trabajo, número de trabajadores o socio contractual.

>>>  Trabajar en Finlandia

 

 

Obligaciones fiscales de la empresa extranjera en Finlandia respecto de sus trabajadores

Una empresa extranjera con un establecimiento permanente en Finlandia está obligada a retener determinada cantidad del salario de sus empleados en Finlandia a cuenta de sus impuestos. De acuerdo con una práctica normal, el empleador realizará la retención de impuestos sobre el salario bruto del trabajador en función del porcentaje establecido en el certificado de retención de impuestos (verokortti) que el trabajador puede obtener de la oficina de impuestos. Si el trabajador no obtiene el certificado, el empleador le retendrá el 60% del salario.

En el caso de que el trabajador no sea residente, se aplicará una tipo fijo del 35%, salvo que este haya solicitado la aplicación de los tipos progresivos que se aplican a los residentes. Esto es posible en el caso de ciudadanos de la UE así como de ciudadanos de los países que tienen un tratado fiscal con Finlandia.

El empleador debe ingresar la cantidad retenida en la Administración Tributaria finlandesa voluntariamente. Además, debe presentar un informe de pago de salarios al Registro de Ingresos de Finlandia (Tulorekisteri) antes del quinto día después de realizar el ingreso de las retenciones.

El empleador con un establecimiento permanente en Finlandia también tiene la obligación de registrarse como tal en el Registro de Empleadores (Työnantajarekisteri) si paga salarios al menos a dos personas de manera permanente, o al menos a seis personas simultáneamente si las relaciones laborales son a corto plazo.

 

Incumplimiento de obligaciones

Puede haber sanciones graves en caso de incumplimiento. Si el empleador no ha retenido el impuesto sobre los salarios, el monto no pagado puede ser tratado como los impuestos propios del empleador y, por lo tanto, cobrarse al empleador.

También hay consecuencias relacionadas con la presentación de informes fuera de plazo o no presentación. En este último caso, la administración tributaria finlandesa puede estimar la cantidad a pagar, así como imponer un recargo.

Las obligaciones mencionadas anteriormente han de ser tratadas por el empleador con celo para evitar consecuencias perjudiciales. Si hay algún incumplimiento, el asunto debe resolverse con las autoridades fiscales lo antes posible para evitar el pago de recargos y multas.

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Aquellas personas físicas o jurídicas que no sean residentes en España, pero que tengan que tributar en España por determinadas rentas, han de tener un representante: el Representante del No Residente.

Según sea el caso puede ser obligatorio o no que lo tengan, pero siempre es recomendable. La obligatoriedad nace por la Ley, pero la conveniencia por la seguridad y tranquilidad del cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

 

Casos en los que es obligatorio tener un representante

Entre los casos más habituales en los que es obligatorio contar con un representante, enunciamos los siguientes:

  • Cuando la persona actúe en España mediante un establecimiento permanente.
  • Cuando se trate de entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en España.
  • Cuando la administración tributaria le requiera para que lo nombre en atención a la cuantía y características de la renta obtenida en España.
  • Cuando se trate de rendimientos derivados de actividades o explotaciones económicas sin establecimiento permanente en que quepa deducir gastos de costes de personal, abastecimiento de materiales y suministros para determinar la base imponible.
  • Cuando sean residentes en un Estado con el que España no tenga un efectivo intercambio de información tributaria.

Puede exponernos sus circunstancias concretas para saber si viene obligado a tener representante

Además de la obligatoriedad y conveniencia, no nombrar representante en estos casos supone una infracción grave sancionable con una multa de 2.000 euros. Si el obligado es residente de un Estado con el que no exista intercambio de información tributaria con España, la multa será de 6.000 euros.

 

Representante del no residente voluntariamente

Aunque no se esté en los anteriores casos donde el nombramiento sea obligatorio, como hemos dicho al inicio siempre es recomendable contar con un representante profesional y experimentado en España.

La función básica del representante del no residente voluntario es la colaboración para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ser interlocutor con la administración y recibir puntualmente todas las notificaciones. El representado obtendrá, con un coste razonable, un trato profesional por quien conoce las instituciones españolas así como la tranquilidad de que las obligaciones formales serán debidamente cumplidas.

Además, en nuestro caso, no nos limitamos a la representación ante la Agencia Tributaria, sino que se extiende a una representación legal a todos los efectos en todos los ámbitos jurídicos.

 

Requisitos del representante y de la representación

El representante del no residente puede ser tanto una persona física como una persona jurídica que tenga su residencia fiscal en España; preferentemente un profesional cualificado. El domicilio fiscal del representante se constituirá como el domicilio en España del no residente sin establecimiento permanente a los efectos del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes.

Ha de ser nombrado, a lo sumo, al fin del plazo de declaración del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes. La designación, que la comunicará el propio representante a la Agencia Tributaria, ha de constar en escritura pública o ser mediante comparecencia ante la propia Agencia Tributaria (presencial o mediante acreditación digital).

Aunque existen ciertos casos en los que, sin ser nombrado expresamente, la Agencia Tributaria presume que cierta persona es el representante del no residente.

El representante, en principio, no es responsable tributario del no residente al que representa. Aunque sí tendrá responsabilidad si es quien causa o colabora en la comisión de infracciones. Además, si se trata de un profesional colegiado (por ejemplo, un abogado), incurrirá en las responsabilidades propias de su profesión, respondiendo tanto deontológicamente como civilmente frente a su representado (lo cual es una garantía más de su buen hacer).

 

El representante del no residente: Responsabilidad

Existen casos específicos en los que el representante del no residente sí es responsable de su representado:

  • Los pagadores de determinados rendimientos. Su responsabilidad es solidaria salvo cuando exista la obligación de retener e ingresar a cuenta del Impuesto. En tales casos, que son prácticamente la totalidad, su responsabilidad nace como retenedor (ello supone que puede ser sancionado, cosa que la responsabilidad del representante no alcanza).
  • Los depositarios o gestores de bienes y derechos no afectos a un establecimiento permanente. Para que nazca su responsabilidad se requiere un proceso administrativo que concluya en tal sentido, es decir, no es automática. Lo anterior tiene una excepción: si el no residente es residente de un Estado catalogado como paraíso fiscal.
  • Los representantes de los Establecimientos Permanentes y de las entidades en atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en España.

La responsabilidad de todos los representantes responsables alcanza a la deuda tributaria, a los intereses de demora y a los recargos, pero no a las sanciones. En el caso de los pagadores, hemos de matizar que el alcance de su responsabilidad respecto de la deuda tributaria alcanza a los rendimientos satisfechos a los no residentes pero no a las ganancias.

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Los cambios excepcionales debido a la crisis Covid-19 puede altera la tributación de un trabajador que ejerce su actividad por cuenta ajena (o de un profesional que desarrolla sus actividades por cuenta propia) con arreglo a las normas actuales previstas a nivel doméstico y en los convenios para evitar la doble imposición (CDI).

 

Trabajadores transfronterizos

Hay casos en los que, como consecuencia de la crisis Covid-19, un Estado ha aprobado subsidios salariales para que las empresas mantengan a los trabajadores en nómina durante esta situación excepcional. Esa renta percibida por el trabajador sería imputable al lugar donde el empleo venía siendo desarrollado de forma habitual. En el caso de trabajadores fronterizos que trabajan en un país, pero residen en otro desde el que se desplazan de forma cotidiana, tal lugar es el país donde ejercen su empleo habitualmente.

Los CDI que siguen el Modelo de la OCDE asignan la tributación exclusiva al Estado de residencia del trabajador cuando el trabajo se ejerce en el mismo. Pero hay reparto de poder impositivo sobre la renta del trabajo con el Estado de la fuente cuando la actividad se realiza en el mismo, salvo cuando concurre una serie de circunstancias.

Ahora bien, en el actual contexto donde los Estados han aprobado subsidios laborales a los empleadores a efectos del mantenimiento del empleo durante la crisis Covid-19, la OCDE considera que tales pagos recibidos por los empleados se asemejan a los pagos por interrupción de la relación laboral. Y tales pagos deberían imputarse al lugar donde el empleado hubiera trabajado, de manera que en la mayoría de los casos tal lugar sería aquel donde trabajaba antes de la crisis. La aplicación de tal regla debe permitir al Estado de la fuente gravar la renta con arreglo al CDI, y el Estado de residencia debería eliminar la doble imposición internacional.

Las situaciones comprendidas en cláusulas especiales que recogen los CDI en materia de trabajadores fronterizos puede crear situaciones especiales. Ello porque tales cláusulas pueden establecer limitaciones en relación con el número de días que un trabajador puede trabajar fuera de una determinada jurisdicción para que se aplique tal régimen especial.

Puede acontecer, por ejemplo, que el Estado fuente donde se venía desarrollando el trabajo pierda su derecho de gravamen como consecuencia de las limitaciones de movilidad del trabajador por la crisis. Ello puede determinar el surgimiento de nuevas obligaciones fiscales formales y materiales en los dos Estados (caso de las retenciones). A tal efecto algunos Estados como Francia, Alemania, Países Bajos, Suiza, Bélgica o Luxemburgo han alcanzado acuerdos bilaterales de naturaleza interpretativa que establecen que el estatus de trabajador fronterizo no resulta afectado por la circunstancia de que desempeñen su actividad desde su país de residencia habitual.

A falta de acuerdos bilaterales generales entre Estados, a esa solución también podría llegarse mediante un proceso amistoso entre los Estados contratantes en el marco de un CDI. O también podría adoptar un Estado, unilateralmente, una norma interna que estableciera la ficción de mantenimiento del usual lugar de trabajo en relación con los casos donde el cambio de lugar de trabajo deriva de la crisis por el Covid-19.

En los casos en los que el CDI no recoge una cláusula especial para trabajadores fronterizos se aplicarían las reglas generales que permite el gravamen de los salarios o remuneraciones similares por parte del Estado de la fuente a partir del criterio del ejercicio del empleo en su territorio (salvo en aquellas situaciones en las que esté determinada la tributación exclusiva de la renta en el Estado de residencia del trabajador).

En el caso en que el trabajo se desarrollase en un país distinto del de residencia fiscal del trabajador, como consecuencia de limitaciones de movilidad asociadas al Covid-19, no puede excluirse que tal Estado pudiera gravar la remuneración percibida por el trabajador durante ese periodo, tanto allí donde no exista un CDI aplicable como cuando resulta tal caso, dado que el artículo 15.2 de los CDI que siguen el Modelo no excepciona el gravamen en la fuente en casos de fuerza mayor.

 

Cuestiones relacionadas con el cambio del estatuto de residencia fiscal de personas físicas

Será poco probable que las limitaciones de movilidad derivadas de esta crisis afecten a la residencia fiscal de las personas físicas a los efectos de la aplicación de un CDI. Pero podemos contemplar dos supuestos.

A) Personas físicas que, con motivo de un viaje o desplazamiento laboral/profesional, están fuera de su país de residencia fiscal (habitual) y han quedado confinados en otro país donde están viviendo mientras dura la limitación de movilidad. En este tipo de casos lo normal es que, allí donde resulte aplicable un CDI, las disposiciones del convenio excluyan la calificación de residente fiscal de estas personas en el país donde están confinadas. Las reglas de doble residencia del CDI normalmente determinan que el contribuyente sea calificado como residente fiscal en el país de origen, por aplicación de los criterios de vivienda habitual permanente o del centro de intereses económicos, morada o nacionalidad.

B) Persona que trabaja en un Estado de acogida durante más tiempo y han adquirido el estatus de residencia fiscal allí (trabajadores desplazados, por ejemplo), pero como consecuencia de la crisis Covid-19 regresan a su país de origen. En este tipo de casos no puede excluirse que estas personas sean consideradas doblemente residentes fiscales por estos dos países.

En estos casos operarían las mismas reglas, pero su aplicación resulta más incierta debido a que los vínculos con el Estado de acogida son más estrechos y pueden producirse situaciones más equilibradas en términos de coexistencia de nexos territoriales objetivos y subjetivos. En este tipo de situaciones el criterio del lugar de morada habitual puede decidir la determinación de residencia fiscal a favor del Estado de acogida.

 

Algunos países han adoptado medidas para salir al paso a estos problemas. La administración tributaria de Reino Unido ha introducido una nueva guía administrativa estableciendo una regla de no reconocimiento de los días que una persona física resida o permanezca en territorio nacional como consecuencia de circunstancias excepcionales asociadas a las limitaciones de movilidad de la crisis Covid-19. Australia e Irlanda han adoptado medidas administrativas de corte similar. 

José María González López

José María González López

Abogado

 

Abogado en ejercicio desde 1993 adscrito al Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. Socio Director de José María González Abogados desde 2002, y Socio Fundador de InterLaki España Finlandia.

Especialista en Contratación Civil, Derecho de Sucesiones y Derecho Fiscal.

Colaborador habitual en revistas (nacionales e internacionales) como asesor de temas jurídicos.

josemaria@josemariagonzalezabogados.es

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La Dirección General de los Tributos1 determina cuándo una entidad constituida en el extranjero tiene la consideración de entidad en atribución de rentas a los efectos de la normativa fiscal española.

Indica las características que esas entidades, cuya naturaleza jurídica es idéntica o análoga a una entidad en régimen de atribución de rentas constituida en España, deben reunir. Así trata de evitar que una entidad se vea sometida a distintos regímenes tributarios en diferentes Estados en los que pueda operar, lo cual supondría una distorsión en la competencia o situaciones de doble imposición o ausencia de imposición.

 

Las características básicas que debe reunir la entidad extranjera son:

  • Que no sea contribuyente de un impuesto personal sobre la renta en el Estado de constitución.
  • Que las rentas que genere se atribuyan fiscalmente a sus socios o partícipes de acuerdo con la legislación de su Estado de constitución. Los socios o participes son los que han de tributar en su impuesto personal. Esta atribución deberá producirse por el mero hecho de la obtención de la renta por parte de la entidad, sin que sea relevante a estos efectos si han sido o no objeto de distribución efectiva entre los socios o partícipes.
  • Que la renta obtenida por la entidad conserve, de acuerdo con la legislación de su Estado de constitución, la naturaleza de la actividad o fuente de la que procedan para cada socio o partícipe.

 

En España, las entidades sometidas al régimen de atribución de rentas son las siguientes:

  • Las sociedades civiles que no tengan personalidad jurídica
  • Las sociedades civiles con personalidad jurídica que no tengan objeto mercantil (a partir de 1 de enero de 2016)
  • Las herencias yacentes
  • Las comunidades de bienes
  • Cualquier otra entidad carente de personalidad jurídica que constituya una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición
  • Las entidades constituidas en el extranjero cuya naturaleza jurídica sea idéntica o análoga a la de las entidades en atribución de rentas constituidas de acuerdo con las leyes españolas

 

Conforme a la normativa española, estas entidades en régimen de atribución de rentas no estarán sujetas al Impuesto sobre Sociedades, atribuyéndose sus rentas a los socios, herederos, comuneros o partícipes, como renta personal.

Las rentas obtenidas por estas entidades tienen la naturaleza derivada de la actividad o fuente de la que procedan para cada uno de los partícipes, régimen que es coherente con lo dispuesto en el Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio  de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que hace referencia a la aplicación del Convenio a las «entidades trasparentes».

La OCDE es un organismo de cooperación internacional, compuesto por 37 Estados,​ cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Sus principales objetivos económicos son:

  • Contribuir a una sana expansión económica en los países miembros, así como no miembros, en vías de desarrollo económico.
  • Favorecer la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria conforme a las obligaciones internacionales.
  • Realizar la mayor expansión posible de la economía y el empleo y un progreso en el nivel de vida dentro de los países miembros, manteniendo la estabilidad financiera y contribuyendo así al desarrollo de la economía mundial.

 

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